Aqualia dejará de recaudar 5,5 millones tras el reequilibrio económico del contrato

Esta decisión se desescadena de los informes de los servicios municipales de Recaudación e Intervención, que recogen el incremento de los ingresos de la concesionaria y la disminución de las obligaciones de inversión tras la modificación del contrato en 2012, que eliminó el canon mínimo de 40 metros cúbicos y estableció el consumo real. El efecto de este cambio fue el desequilibrio económico del contrato, ya que las inversiones de la empresa se calculan en función de los metros cúbicos facturados y, al eliminar ese mínimo, se redujeron en favor de la concesionaria y en perjuicio del Ayuntamiento.

El reequilibrio que se persigue acabará afectando a los ciudadanos. Ceruti ha señalado que «debe afectar porque el agua se paga por medio de tarifas y una de la cuestiones que tendrá que decidirse es si lo que supondrá todo esto es una bajada de las tarifas de agua y cuándo se podrá aplicar». Este no es el primer contrato de una de las grandes concesionarias del Ayuntamiento que está en cuestión. Como es conocido, el Ayuntamiento tiene abierta una investigación al contrato de limpieza viaria y recogida de basuras que presta Ascán-Geaser -cuya relación contractual está en proceso de extinción- y también está bajo la lupa el de Parques y Jardines tras haberse detectado algunas anomalías.

En el caso de Aqualia, como la ley prevé adoptar medidas para alcanzar el reequilibrio, el Ayuntamiento ha dado los primeros pasos y ha acordado no actualizar las tarifas de 2018 para los años 2019 y 2020 hasta el final de la concesión, en abril de 2031. Con esta medida, se producirá una disminución de los ingresos de Aqualia y las cuentas se acercarán a ese equilibrio económico-financiero. Dentro del marco del contrato con la empresa, estas resoluciones «se pueden recurrir», ha expuesto Ceruti, aunque subraya que el desequilibrio económico ha sido «provocado por una actuación del Ayuntamiento, no de la concesionaria».

El acuerdo de no revisar las tarifas de 2018 en 2019 y 2020 supondrá una reducción de ingresos de 824.437 euros. Además, no se aplicará la subida del IPC desde julio de 2017 a julio de 2019 hasta el final de la concesión, lo que provocará una reducción de más de 4,7 millones. En total, la suma asciende a 5.553.977 euros, con lo que se reequilibra parte de la modificación tarifaria de 2012.

Sin embargo, para este año y siguientes, se continuará aplicando la revisión anual de las tarifas actualizadas al IPC. Además, el Ayuntamiento pedirá a la empresa la ejecución de inversiones por importe de 912.952 euros correspondientes a ejercicios anteriores. Otras medidas que se han acordado son instar al inicio de un expediente de interpretación y modificación de las cláusulas del contrato que afecten al cálculo del canon de inversiones, que el cálculo de la carga financiera se realice tomando como tipo de interés el Euribor a un año y que los acuerdos que afecten al plan de inversiones se tomen en las comisiones de Control y Seguimiento.

Con estas medidas no se alcanzará un reequilibrio «definitivo», que aún deberá determinarse, como contempla el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno, en un documento en el que se fijen las normas para conseguir el reequilibrio al final del contrato. Con estos primeros pasos, «se evitará que crezca más la bola del desequilibrio detectado por Intervención», ha finalizado Ceruti.