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Profesores, padres y alumnos volverán a la calle si los ignoran en el pacto educativo

Profesores, padres y alumnos volverán a la calle si los ignoran en el pacto educativo

Exigen ser parte en la negociación y se enfrentarán al acuerdo salvo que la inversión llegue al 5% del PIB en cuatro años y que la nueva ley derogue la Lomce

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Jueves, 1 de febrero 2018

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Algunas de las organizaciones más representativas de los profesores, padres y alumnos, agrupadas en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, convocaron hoy una rueda de prensa para darle un toque de atención tanto al Gobierno como a los partidos políticos. Si les ignoran en la negociación del pacto educativo, si no les escuchan ni atienden sus propuestas, la conocida como 'Marea verde' volverá a la calle para enfrentarse al Gobierno, a los partidos y al acuerdo, sin descartar nada, ni siquiera la huelga general.

Los sindicatos CC OO, UGT y STES, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y el Frente de Estudiantes, que se consideran los principales portavoces de la comunidad educativa en la escuela pública, exigieron un foro directo de negociación del pacto, como el que los políticos tienen en el Congreso, y adelantaron que no respetarán acuerdo alguno que no incluya sus exigencias mínimas, lo que hoy bautizaron como su decálogo de "líneas rojas". "Si llegan a un acuerdo ignorando a la comunidad educativa, el pacto no llegará a buen puerto. Veremos si echa a andar o no", avisó Maribel Loranca, responsable de Educación en UGT.

Estas diez exigencias, según Francisco García, responsable de Educación de CC OO, se resumen en dos, y desde hoy le van a pedir citas a todos los partidos para plantearles estos mínimos. La primera, que el acuerdo tiene que incluir el compromiso de llevar el gasto público educativo al 5% del PIB -ahora está en el 3,9%- en cuatro años, para revertir los más de 8.000 millones de recortes sufridos desde 2009, recuperando los refuerzos y las ayudas a la diversidad, las becas, la plantilla de profesores, las ratios, las inversiones y asegurando los fondos para las mejoras precisas para modernizar el sistema. El documento también debe garantizar que, a medio plazo, la financiación debe alcanzar el 7% del PIB.

La segunda exigencia es que la nueva ley educativa que salga del acuerdo debe derogar por completo la Lomce, la actual norma solo aprobada por el PP. "Queremos hacer tabla rasa de la Lomce, no aceptaremos otra cosa", indicó García, que dijo que reclaman todo lo contrario a la ley actual. Quieren una escuela vertebrada por la red pública, que garantice la equidad y la inclusión, mixta y sin discriminaciones, laica -la Religión tiene que perder su carácter de asignatura y salir del horario lectivo-, con cambios en el currículo y en la formación inicial y continúa del profesorado, y con una gestión "democrática".

Las exigencias de la 'Marea verde', al menos en el capítulo clave de financiación, se asemejan mucho a las planteadas por Podemos, pero no a las del PSOE, que fueron calificadas por los portavoces como "frustrantes". Los socialistas también piden que el gasto vuelva al 5% del PIB, pero alargan el ritmo de cuatro años a siete. "No lo vamos a aceptar", avisó García, que aclaró que "nos enfrentaremos al Gobierno y a quien sea".

«Nos han dejado de lado»

La Plataforma por la Escuela Pública quiere "condicionar el pacto educativo", pero no solo con la presión a los políticos sino con la exigencia de apertura de un foro negociador social, en el que estén representados y participen de forma directa en la elaboración del acuerdo. "Nos han dejado de lado, pero no pueden seguir ignorando a la comunidad educativa", indicaron.

Todos, profesores, padres y alumnos, avisaron al ministro de Educación de que el foro que reclaman no es el grupo de trabajo que ha puesto en marcha Íñigo Méndez de Vigo en el Consejo Social del Estado, para que elabore un informe sobre lo que debe incluir el pacto educativo. Consideran que la iniciativa solo es "una faena de aliño" del ministro para aparentar que dialoga con la comunidad educativa en una institución en la que cuenta con mayoría, por lo que el documento que salga será “el que él quiera”. Eso, aclararon, no es negociar y "no nos vale", zanjaron.

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