La Manada, cuatro meses de perfil bajo

Fotograma de una de las imágenes en vídeo grabada del grupo. /Archivo
Fotograma de una de las imágenes en vídeo grabada del grupo. / Archivo

Solo Ángel Boza, que robó unas gafas, ha roto la consigna de apartarse de los focos desde que dejaron la cárcel en junio

CECILIA CUERDOSevilla

Escasas salidas públicas, siempre protegidos por su entorno, y sin apenas declaraciones. Después de haberse encontrado, tras casi dos años de prisión, con todos los focos apuntando en su dirección, la mayor parte de los miembros de La Manada han optado por mantener un perfil bajo a la espera de que se resuelvan los recursos contra la sentencia que les condena a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven durante los Sanfermines de 2016. Quizás por convicción propia o porque se lo han explicado sus abogados, han entendido que la batalla mediática la tienen perdida, y que cuanto menos aparezcan en las pantallas de la televisión será mejor para sus intereses en el largo trayecto judicial que aún les queda por delante.

A la primera sentencia -el Tribunal Superior de Navarra la estudia este miércoles-, se suma otra causa también por agresión sexual en Pozoblanco (Córdoba) a punto de entrar a juicio. El único que al parecer no entendió esta situación fue Ángel Boza, encarcelado tras ser sorprendido robando unas gafas en un centro comercial y arrollar a unos vigilantes de seguridad en su huida.

José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo abandonaron la cárcel donde cumplían prisión preventiva el 22 de junio tras abonar una fianza de 6.000 euros cada uno. Todos regresaron de inmediato a Sevilla, con los suyos, para tratar de recuperar cierta cotidianeidad tras meses entre barrotes. Era fin de semana, y los medios de comunicación apostados a las puertas de sus domicilios apenas pudieron registrar su vuelta a casa. Solo se vio a El Prenda, cuya familia reside en una casa de planta baja. Oculto el rostro con una capucha, la ventana abierta no pudo tapar el ruido que delataba la celebración por el regreso.

En su primera semana en libertad se inició la rutina por la que han desfilado sus días durante estos poco más de cuatro meses: visitas al juzgado lunes, miércoles y viernes para dar fe de que no huían del país. En esos días se produjo su primer contratiempo. Nada más conocer su puesta en libertad, el entorno del guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, solicitó cita para renovar el pasaporte. Las alertas saltaron, y un juez llegó a tomarle declaración para escuchar el motivo de esta solicitud, expresamente prohibida en su auto de puesta en libertad. Finalmente, atendió sus explicaciones acerca de que todo fue un error, que no localizaba el documento y quiso pedir una copia para consignarlo en la sede judicial.

El verano transcurrió sin más sobresaltos. Hay constancia de cortas escapadas a las playas de Cádiz, con la familia y los amigos de siempre y mucho más comedidas que las fiestas sin control a las que acostumbraban y de la que dejaban constancia en sus redes. También de visitas a chiringuitos, donde los comensales acababan percatándose de su presencia y robando alguna que otra foto, o de una cena con el abogado que ha defendido a la mayor parte del grupo, Agustín Martínez. Pero lejos de exhibirse, optaron por la discreción de un restaurante en un polígono industrial. Y es que no siempre estas salidas fueron tranquilas. En agosto, dos de los jóvenes acudieron con sus amigos a una piscina municipal de Palomares del Río (Sevilla) para celebrar un cumpleaños y tuvieron que acabar marchándose al ser reconocidos e increpados por el resto de los usuarios.

Su expediente judicial no terminará este miércoles. Cuatro de los cinco jóvenes se enfrentarán en breve a otro juicio por los abusos sexuales cometidos supuestamente contra una chica de Pozoblanco, que difundieron luego en sus grupos de WhatsApp. El quinto, Boza, se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel por el robo con violencia de unas gafas de sol, un delito por el que permanece en prisión desde el 1 de agosto. El juez, además, justificó esta medida alegando que pese a lo que se le venía encima por el caso de Pamplona, siquiera la estancia en prisión fue disuasoria de su conducta delictiva.

En todo ese tiempo, apenas se ha oído su voz. Tan solo hace unos días, tras conocer la expulsión del Ejército de su amigo Cabezuelo, El Prenda proclamó de su inocencia y su convencimiento de que saldrán absueltos porque «no hemos hecho nada». «Sólo le pido a Dios que vengan jueces con cojones o juezas con ovarios y que digan la verdad, ya está», se despachó, tildando de «despropósito e injusticia» su situación y lamentando que «aquí lo único que se ha violado son nuestros derechos y la presunción de inocencia».

El TSJ de Navarra analiza el miércoles los recursos

P. Ojer.- Los cinco magistrados tienen toda la documentación de caso y los recursos de las partes desde julio, por lo que llevan meses analizando el caso de La Manada. Este miércoles se reunirán únicamente los jueces y fijarán la postura definitiva. Para conocer la decisión habrá que esperar todavía un mes. Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados el 26 de abril a una pena de nueve años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con el agravante de prevalimiento.

Pero ninguna de las partes se mostró satisfecha con la condena, por lo que todos recurrieron la decisión de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra. Las defensas de los cinco sevillanos se apoyan en el voto particular del magistrado Ricardo González y consideran que hubo consentimiento por parte de la víctima, por lo que piden la absolución.

La Fiscalía y las acusaciones, tanto la particular de la víctima como las populares que representan al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra consideran que sí se ejerció violencia y piden más de 22 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual.

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