Pekín, ciudad prohibida

La tragedia no ha pasado desapercibida para las autoridades chinas, pero el remedio que han buscado para que no se repita está provocando un drama de dimensiones colosales. El Gobierno ha puesto en marcha un programa de 40 días para demoler las construcciones ilegales que no cumplen con la normativa de seguridad, sobre todo la relativa a incendios. En la práctica, eso está suponiendo la expulsión de decenas de miles de trabajadores de las clases más desfavorecidas. Sobre todo emigrantes rurales.

China ha decidido sacar el puño de hierro para hacer valer su autoridad, y la Policía está llenando las calles de los suburbios con notificaciones de expropiación que se cumplen incluso minutos después del primer aviso. «Quieren que nos vayamos. ¿Y de quién es la culpa? Del Partido Comunista». Así de rotundo mostraba su enfado este lunes uno de los residentes, apellidado Xu. Como muchos otros, teme que el incendio sea solo una excusa para llevar a cabo el embellecimiento urbanístico y social que el Gobierno de Pekín lleva planeando mucho tiempo.

No en vano, la capital china se ha puesto como objetivo para 2020 reducir en un 15% la población que vivía en el centro de la ciudad en 2014. Eso supone deshacerse de más de dos millones de personas, en su mayoría trabajadores llegados de los cuatro puntos cardinales del país en busca de un futuro mejor. La mayoría levanta los relucientes rascacielos que dan lustre a la China del siglo XXI o trabaja como mano de obra barata en los sectores industrial y de servicios. Pero muchos de ellos no tienen el 'hukou' pequinés, el permiso de residencia interno que todavía utiliza el país para controlar los flujos migratorios, y pueden verse obligados a regresar a sus lugares de origen cuando concluya la demolición de 40 millones de metros cuadrados de viviendas ilegales.

«Cuando necesitaban gente para levantar la ciudad, nos dieron la bienvenida. Ahora que ya está toda la construcción prácticamente acabada, nos quieren echar», se lamentaba Wang Minglei, un decorador de interiores al que han dado diez días para vaciar su casa. Otros que solo han tenido horas para desalojar sus hogares vagan de un lado a otro arrastrando maletas con las pocas pertenencias que han podido salvar mientras la temperatura se adentra en registros negativos.

La situación es tan dramática que, en una poco habitual muestra de compasión e ira colectivas, la población no ha dudado en alojar a algunos de los expropiados y en criticar la campaña de las autoridades en el ciberespacio. «Ni siquiera puedo creer que sea legal sacar así a la gente de sus casas. Pero es inmoral y demuestra que los dirigentes no tienen humanidad», criticaba ayer un usuario de Weibo, el Twitter chino. «Seguro que después de estas expropiaciones se construyen urbanizaciones de lujo para los ricos, los especuladores y los poderosos corruptos. A los pobres, mejor no verlos», añadía otro.

En líneas similares se pronunciaron más de un centenar de intelectuales chinos en una carta abierta dirigida al Gobierno. «Pekín se ha desarrollado hasta ser lo que es hoy no solo gracias al trabajo de los pequineses, sino también por el sacrificio y las contribuciones que han hecho gentes de todo el país. Pekín tiene la obligación de mostrarse agradecida con todos los ciudadanos en vez de olvidar y pagarles con arrogancia, discriminación y humillación», manifestaron, tachando la operación de «flagrante violación de los derechos humanos».

Las autoridades, sin embargo, defienden su actuación. «Es irresponsable y carece de base alguna afirmar que el objetivo de la campaña es expulsar a los residentes de las clases bajas», aseguraba un comunicado de Seguridad Laboral. No obstante, la lluvia de críticas parece haber surtido algo de efecto, y ayer el secretario del Partido Comunista en Pekín, Cai Qi, se mostró preocupado por la inestabilidad social que puede provocar lo que algunos comienzan a equiparar con el argumento de la película 'La purga'. «Debemos prestar atención al aspecto humanitario y ayudar a quienes lo necesitan», dijo, aunque dejó claro que las excavadoras no se detendrán: «Nuestra prioridad es la seguridad de la ciudad».