Los jueces condenan al Ayuntamiento a pagar más de 2,7 millones de euros a Sniace por el Óscar Freire

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación por parte del Consistorio, inmerso en un arduo proceso que, desde hace más de un lustro, atañe no sólo a estas instalaciones deportivas sino también al parque de Las Tablas, el otro gran frente de la disputa. Si un nuevo revés jurídico no lo impide, la tasación de El Patatal debería mantenerse en los 322.302 euros que fijó esta sala el pasado marzo -218.822, el suelo; 88.132, el arbolado; y 15.347, el premio de afección-. Sniace pedía cerca de 10 millones.

Entre tanto, la expropiación forzosa de los dominios de la química disuelta en febrero de 2020 sigue librando su propio combate en el Óscar Freire. Aquí, la fisura que ha apreciado el fallo para darle la razón a Sniace radica en la calificación del suelo. La firma basaba la nulidad del acuerdo del Juzgado de Expropiación en distintos argumentos, desde una posible vulneración de procedimiento, la infracción de los principios de imparcialidad hasta la ausencia de motivaciones del justiprecio. Todos esos 'peros' han sido desestimados. No obstante, la sala corrige el criterio del informe del Juzgado de Expropiación y cambia por completo el rumbo de la sentencia: «La finca se encuentra en suelo urbanizado».

Descartada la versión del órgano colegiado, el baremo que adquiere fuerza en la sala y pasa a medir el precio de la finca del Óscar Freire es el informe pericial judicial realizado en octubre de 2021. «Esta valoración es la que ha de acogerse», rezan los jueces, antes de citar esos cálculos y tasar el terreno en 2.581.856 euros -2.710.948, sumada la afección del 5% (129.092)-.

Han pasado más de once años desde que, en tiempos del exalcalde Ildefonso Calderón (2011), el Ayuntamiento dejó atrás su papel como arrendatario en las fincas de El Patatal y el Óscar Freire. Hasta entonces, fecha de caducidad de un acuerdo suscrito en 1999 -en el primer mandato de Blanca Rosa Gómez Morante- los torrelaveguenses venían pagando un alquiler de 88.000 euros al año por hacer uso de estas instalaciones. La industria exigió una revisión de precio, lo que derivó en una surrealista etapa de seis años marcada no ya por la falta de consenso sino por la precariedad y la ausencia de cualquier mantenimiento o mejora.

Llegó el 2017 y, con él, un arduo proceso de expropiación que empezó bajo el gobierno municipal de José Manuel Cruz Viadero y que, aún hoy, con el bastón de mando en manos de Javier López Estrada, sigue sin ofrecer un horizonte claro a corto plazo. Tras su cierre en febrero de 2020, Sniace dejó atrás 81 de vida en Torrelavega, pero su legado, aún sin pulso, sigue alargándose.