El juez confirma la validez de los audios captados en la residencia Alborada
El magistrado y el fiscal califican las grabaciones como lícitas y rechazan la nulidad planteada por la defensa de las empleadas, investigadas por presuntas vejaciones
Las grabaciones que algunas familias captaron en la residencia Alborada de Torrelavega entre finales del año pasado e inicios de 2023 antes de denunciar ... ante la Fiscalía un delito de presuntos tratos degradantes por parte de algunas empleadas del centro a algunos usuarios serán un elemento clave en la investigación. Tanto el fiscal como el juez de instrucción del Juzgado número 7 han rechazado la nulidad planteada por la defensa de las investigadas, las mismas que, desde que la residencia tuvo acceso a las diligencias previas incoadas por el magistrado, hace cuatro meses, fueron suspendidas de empleo y sueldo por parte de la dirección.
Aquellos audios, cuyo contenido ya fue calificado «execrable» y se tradujo en una disculpa a todas las familias afectadas por parte de la Alborada, fueron aportados por las familias como elemento fundamental de su denuncia. En ella se hallan horas de transcripciones sobre los posibles ilícitos, relatando la presunta «nula atención a los mayores durante horas», la «apertura de ventanas abiertas durante las noches de invierno mientras los usuarios duermen» y el «abandono de los residentes con la ropa mojada de orina o manchada de heces», según acusan los parientes de los usuarios afectados.
Todas esas grabaciones que, presuntamente, harían referencia a las vejaciones, han sido consideradas lícitas y seguirán vertebrando la carga probatoria de la denuncia. Entre tanto, las diligencias previas alrededor de estos hechos siguen avanzando y convocando ante el estrado a las personas investigadas en el caso. Las declaraciones de tres auxiliares y la directora de la residencia en el Juzgado de Instrucción Número 7 se celebrarán el 31 de octubre, hasta cuatro meses más tarde de lo previsto debido a la huelga de funcionarios de Justicia –las comparecencias estaban previstas inicialmente para el mes de junio–.
El testimonio pendiente sigue a otra comparecencia dentro de las diligencias previas: la de las familias, el 15 de mayo. Su versión de los hechos relató la consecución de una serie de presuntos maltratos, «físicos y verbales», en la tercera planta de la Alborada y en horas del día en las que estos «tienen que ser escuchados por el resto de auxiliares y responsables».
La investigación de estos presuntos delitos ha supuesto un jarro de agua fría para la Alborada, una residencia con cerca de 210 usuarios y dos décadas de trayectoria en la ciudad. De ahí la máxima que la dirección viene subrayando: «No es justo convertir este desagradable episodio en una causa general sobre la labor de la residencia». Los supuestos se refieren a «personas físicas concretas», no a la institución.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
