El PRC deja morir el 'aquapark' de Torrelavega en los tribunales y buscará otro encaje legal

Hasta entonces, la iniciativa del PRC –y no del PSOE, tras el desmarque de los de Urraca en una asamblea del partido inmediatamente posterior al varapalo– yace a las puertas del Tribunal Superior de Justicia, corroborando la postura de una ACPT que, como el partido más volcado en contra de este proyecto, este miércoles, ha sido el primero en celebrar esta noticia. «Ahora ya queda claro que, con una sentencia demoledora en contra del proyecto y la firmeza de la misma, el parque acuático del cuaternario, rimbombante título con el que le bautizaron a última hora, servirá únicamente para hacer memes y chistes entre los vecinos y vecinas de Torrelavega», ha declarado su portavoz, Iván Martínez, satisfecho tras recibir el comunicado del TSJC y, con este, la firmeza de la anulación judicial.

El movimiento en el que el PRC deposita todas sus esperanzas con respecto al proyecto podría cambiar su encaje legal y urbanístico, pero no la opinión que, desde antes de la sentencia en contra, viene cosechando esta iniciativa entre muchos grupos de la oposición. A estas alturas, uno de ellos, ACPT, tiene claro que esta instalación inspirada en el paleolítico no sólo es «inviable» sino también «un capricho político trufado de apaños, engaños y trampas validadas de manera vergonzante por técnicos e integrantes diversos de la Crotu» –organismo contra el que, de hecho, ARCA y ACPT estudian presentar una demanda ante los jueces próximamente–.

A pesar de todo, y aunque desde la formación liderada por Iván Martínez dan por amortizado el proyecto, la creación del parque acuático ya se ha cobrado algunos gastos. «Como mínimo, estimamos que han sido 60.000 euros tirados a la basura desde la órbita municipal, pero recordemos el despliegue en Fitur el pasado año que hace evidente que la cifra será muy superior», calcula el portavoz. Esa misma estimación sobre el dinero que, pase lo que pase, ya se ha ido por el sumidero en forma de infografías, informes y papeleo sobre el ‘aquapark’ la viene haciendo el exconcejal de Urbanismo José Otto Oyarbide (PSOE).

Para la formación asamblearia, detrás de todo ese empeño por repensar Sierrallana y enfocar la frontera entre Torrelavega y Santillana del Mar hacia el turismo no existe un funcionamiento de las instituciones totalmente degradado y fuera de control. ACPT no exige sólo responsabilidades políticas y se dirige directamente a los técnicos, los encargados de «detener esas tropelías».

Con responsabilidades o sin ellas, la sentencia, una enmienda a la totalidad de las formas de trabajar en Urbanismo, supone una suerte de punto de inflexión para la rutina de estos despachos: «Sabemos fehacientemente que corren tiempos de cambio en la Crotu y que, a raíz de la sentencia, se está produciendo una ‘pinada de orejas generalizada entre aquellos técnicos que sistemáticamente levantan la mano, incluso sin haberse leído los expedientes sobre los que se vota».

Esas consecuencias no serían de extrañar. El texto del TSJC aquel 14 de diciembre fue demoledor y arrojó un jarro de agua fría sobre el proyecto del PRC, sí, pero también sobre el visto bueno que, hasta entonces –aval ambiental mediante– habían arrojado algunos técnicos. Tuvo que ser la Sala la que, de forma meridiana, reconoció como incompatibles las características del parque con el planteamiento urbanístico de la zona, «un sistema general deportivo» considerado «suelo rústico ordinario» en el PGOU de 1986. En dicha parcela podría construirse un «proyecto de interés social», pero no el espacio de ocio y turismo con el que desde hace años vienen soñando diferentes regionalistas. Desde este miércoles, al parque acuático sólo le queda el PGOU para sobrevivir.