La sede del Pctcan tropieza en la tramitación y pone en riesgo once millones de inversión en Torrelavega

Este informe, dado a conocer ayer por el exconcejal de Urbanismo José Otto Oyarbide en rueda de prensa, cuestiona de plano los cambios en el planeamiento, sobre todo desde que estos se cruzan con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que también habría que modificar. A colación de esto, llegando casi a las conclusiones, el informe sentencia de esta manera: «Teniendo en cuenta que el nuevo PGOU ya ha sido aprobado provisionalmente por el pleno, no se considera suficientemente justificada la necesidad y urgencia de la modificación puntual». No es solo una cuestión de forma sino de fondo; de hecho, el escrito llama a analizar los efectos de estos hipotéticos cambios en el planeamiento de la zona y su futuro como campus universitario, «al posibilitar la reducción de la superficie de equipamientos».

Aunque el informe de Urbanismo es vinculante y preceptivo para llevar a cabo la modificación, como queda reflejado en el propio escrito, algunas voces llamaban ayer a la calma. No en la Consejería de Industria, que ayer no ofreció respuesta a las consultas de este periódico, sino en el Ayuntamiento: el asesor en materia de Urbanismo, Francisco Gómez Blanco, sostiene que la modificación urbanística del Plan Especial, aunque se comenzó a tramitar para darle «mayor seguridad jurídica» al proyecto, no es indispensable porque los usos del edificio, con sus oficinas, estarán vinculados también a la actividad de la Universidad. Asimismo, dijo que el Consistorio ya ha hablado del asunto con la Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.

No opina igual Oyarbide, que asocia esta modificación y el intento de impulsar este edificio en el campus universitario a «una ocurrencia a nivel urbanístico» y una «mala gestión» en general. «No se puede cercenar e impedir el crecimiento del campus con nuevas facultades metiendo con calzador en su lugar un edificio de oficinas para un uso privado empresarial o comercial», afirmaba ayer, emplazando después a reubicar dicho proyecto en Las Excavadas y reclamando avances en el Área Logística de La Hilera y en los suelos de Sniace.

Seguro de la rotundidad del informe, del callejón sin salida al que ha llegado el proyecto y, sobre todo, del adiós a los once millones de inversión que venían con él, Oyarbide recordó los otros 7 millones de euros que iban a aterrizar en Torrelavega con el Centro Integrado de Formación Profesional (CEIP) de Viérnoles, un proyecto impulsado desde la anterior legislatura por parte de la Consejería de Educación y que ha quedado finalmente enterrado por parte del Ejecutivo actual.

De ahí los 18 millones en «desinversiones» en la ciudad en esta legislatura: «El Gobierno del PP de Buruaga es muy negativo para nuestra ciudad. No dan solución a las cuestiones formativas, educativas e industriales».