Sniace reclama el pago de 1,8 millones más por la expropiación del complejo deportivo

El Consistorio viene utilizando dichas instalaciones desde hace varias décadas. Primero lo hizo como arrendatario, gracias a un contrato que se firmó en 1999 y concluyó 12 años después. A partir de ese momento, comenzó el conflicto. Sniace inició un procedimiento judicial de desahucio que concluyó en 2018 con una sentencia que declaró resuelto el el contrato de alquiler y ordenó al Ayuntamiento dejar libres las instalaciones.

Ante el interés municipal por hacerse con la propiedad del complejo deportivo y la zona verde situada entre éste y el río, conocida popularmente como El Patatal, la empresa ofreció la cesión gratuita de ambos espacios en el marco de un proceso de reordenación urbanística de los terrenos de la fábrica, pero la propuesta no tuvo éxito. La Corporación desestimó las alegaciones y aprobó definitivamente el expediente de expropiación forzosa del complejo deportivo y El Patatal. Un acuerdo que meses más tarde tuvo que rectificar por haber incorporado al expediente fincas que se encuentran en el vecino municipio de Santillana del Mar, es decir, fuera del ámbito de competencia del Consistorio.

El alcalde, Javier López Estrada, remitió a Sniace la hoja de aprecio municipal, valorando los bienes y derechos afectados en 917.170 euros. La empresa formuló escrito de alegaciones, poniendo de manifiesto lo que consideraba una serie de omisiones, errores e incongruencias que, a su juicio, impedían su pronunciamiento sobre dicha valoración. La respuesta del Ayuntamiento fue remitir una nueva hoja de aprecio, elevando el valor de lo expropiado a 987.987 euros. En concreto, el Consistorio fijó el importe del complejo deportivo en 1,5 millones, descontando los 825.126 euros invertidos en la mejora de las instalaciones.

Según Sniace, el Ayuntamiento descontó indebidamente dicha cantidad en virtud del contrato de arrendamiento que se suscribió inicialmente. La empresa rechazó la hoja de aprecio municipal y formuló la suya, valorando los bienes y derechos expropiados en 13,9 millones, de los que 3,3 correspondían al complejo deportivo.

Sniace dice que ha podido comprobar que este documento, el de su valoración, no consta en el expediente municipal que fue remitido, finalmente, al Jurado Provincial de Expropiación al persistir el desacuerdo entre las partes. A su juicio, esto significa que dicho Jurado dictó su resolución sin haber tenido presente ni el rechazo de la empresa a la hoja de aprecio municipal ni la valoración formulada por la compañía.

En opinión de Sniace, es evidente que las dos administraciones públicas intervinientes en este caso no han mostrado «ni un mínimo respeto» a las garantías que establece el ordenamiento jurídico para proteger el derecho a la propiedad que reconoce la Constitución. «Ambas han considerado, deliberadamente, prescindible conocer o tomar en consideración el trámite que nuestro ordenamiento jurídico ofrece al administrado para valorar el bien que le va a ser expropiado», señala la demanda.

A juicio de la empresa, nos encontramos ante un «vicio de anulabilidad» por infracción del ordenamiento jurídico, dado que en estas circunstancias resulta «extraordinariamente difícil» hacer valer la presunción de objetividad e imparcialidad del Jurado Provincial de Expropiación. Éste determinó el justiprecio en noviembre de 2019, valorando lo expropiado en 1,8 millones.