Ecologistas y asociaciones piden un «auténtico» plan eólico

«Claro que estamos de acuerdo con la energía eólica pero no a cualquier precio». Bernardo Colsa, presidente de ADIC, resumió ayer el sentir de un total de nueve asociaciones regionales que solicitan al Gobierno regional que «detenga el concurso para la implantación de industrias eólicas de Cantabria e inicie la tramitación de un auténtico plan eólico que se someta a evaluación estratégica ambiental, al dictamen del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria y que cuente con la necesaria transparencia y participación social».

Ramón Teja, presidente de Cantabria Nuestra, leyó un manifiesto en nombre de la asociación a la que representa y de ADIC, ARCA, Asociación Arcera, Ecologistas en Acción, Federación Acanto, Fundación Naturaleza y Hombre, Foro Becedo y SEO Birdlife. En este manifiesto las asociaciones afirman que están «seriamente preocupadas» por la decisión de la Consejería de Industria de convocar este concurso que contempla la instalación de industrias eólicas capaces de producir 1.400 megavatios de potencia y por ello urgen a la elaboración de un plan que ordene el sector «con criterios racionales de sostenibilidad ambiental y de interés general».

Lamentan, sobre todo, que el Gobierno regional no haya contado con el tejido social de la región para impulsar esta energía, ni la haya sometido a la evaluación estratégica ambiental preceptiva en cualquier plan o programa y afirman que esto supone un fraude, que impide la valoración de los efectos acumulados de todo el proyecto.

Las asociaciones consideran que todos estos defectos se multiplican por la falta de un Plan Regional de Ordenación del Territorio que ofrezca «coherencia» a este tipo de planes sectoriales.

Anchoas y molinos

Carlos García, representante de Arca, aseguró que su organización no descarta acudir a los tribunales si sigue adelante la iniciativa de instalar 700 aerogeneradores en Cantabria. «Es incongruente vender calidad y hablar luego de Cantabria Infinita, de paraíso natural, o vender anchoas y atentar así contra el paisaje».

García también cuestionó el informe elaborado por la Universidad de Cantabria porque ya partía de la premisa de que había que colocar 700 molinos «por lo que su labor únicamente consistía en buscar la mejor ubicación».

También criticó el uso que el Gobierno regional ha hecho de la defensa que las asociaciones ecologistas hacen a nivel nacional de la energía eólica.