El Gobierno recortará su gasto en alquileres de 7 millones anuales

El Gobierno de Cantabria paga al año 7 millones de euros en alquileres, un gasto "absolutamente insostenible" que ha motivado que se esté realizando un estudio para ver cómo se podría ahorrar, mediante acciones como la rescisión de contratos o la búsqueda de acuerdos para ocupar edificio históricos.

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha lamentado que hasta ahora el alquiler de espacios para el Ejecutivo no se ha hecho "de forma ordenada". "No se han buscado soluciones alternativas", ha agregado en una entrevista con EFE.

La titular de Presidencia ha resaltado que el Gobierno está haciendo "un estudio muy minucioso, sede por sede, y alquiler por alquiler", con sus propios medios, para ver las condiciones en cada caso.

"Estamos viendo cuántos funcionarios prestan servicios en cada uno de esos locales, para buscar una solución y rescindir cuando sea posible y se pueda reubicar en otras instalaciones", ha incidido.

La consejera se ha quejado de que actualmente hay sedes "donde sobra espacio", y también de que el Gobierno está pagando alquileres "a veces para tres o cuatro personas".

Por ello, defiende que hay que hacer "una revisión muy profunda" para "racionalizar". Y, dentro de ese análisis, se puede hablar del proyecto de la sede diseñada por Rafael Moneo y de la posibilidad de ocupar edificios históricos, como la sede del Banco de España o la de Correos.

La consejera ha manifestado que la ejecución del edificio de Moneo no está "descartada", si bien es cierto que en este momento el Gobierno no puede afrontarla. "Ahora sería imposible afrontarlo, pero si hacemos un plan de transición tampoco estaría totalmente descartado", ha declarado.

En el caso de otros inmuebles, Díaz ha explicado que se ha hablado con la Delegación del Gobierno de cara a poder servirse del edificio del Banco de España, donde existía una idea de instalar oficinas de la Administración General del Estado.

Según ha comentado, el Ejecutivo cántabro está ahora "en disposición de hablar con el futuro delegado del Gobierno de todas las posibilidades en esta materia", no sólo en el caso del Banco de España, sino de otros edificios, como el de Correos o algunas plantas del edificio de la calle Vargas.

Díaz sostiene que, si al final se hacen "bien los deberes" y se "echan números", se podrá ver qué proyectos está en disposición de acometer el Gobierno.

De este modo, según indica la consejera, habrá que ver "si lo correcto y lo mejor para los ciudadanos es tener un único edificio administrativo, llámese Moneo, llámese X", si es mejor buscar "otro tipo de ubicaciones", o "si es imprescindible el mantenimiento de determinados alquileres".

Díaz ha insistido en que el estudio "tiene que ser muy minucioso", porque en este tema "no vale la improvisación" ni "volver a equivocarse a la hora de tomar decisiones".

"Hemos valorado, con el gasto actual que tenemos, que en siete años, teniendo el suelo ya, podríamos amortizar un edificio. Y esto es un dato bastante llamativo", ha dicho además la consejera, que ha apuntado a ese respecto que, con un precio estimado de 1.000 euros el metro cuadrado, el Ejecutivo tiene alquilados 39.361 metros cuadrados.

Por otro lado, y sobre la situación presupuestaria de su departamento, la consejera ha señalado que, al llegar al Gobierno, se ha encontrado "con muchas deudas impagadas" y "facturas pendientes", por lo que se ha procedido "a negociar" los pagos.

Díaz se ha referido así a "facturas importantes", como la deuda con Telefónica, para cuyo pago se ha diseñado un calendario a cuatro años, que permita abonar los 2,5 millones de euros "de manera paulatina".

La titular de Presidencia ha indicado que "en este momento todo está sometido a revisión", y además ha habido que ser "realistas", con un presupuesto "que cubra las necesidades", "apretando el cinturón" en el gasto corriente.

Díaz ha añadido que Presidencia y Justicia impulsará medidas para ayudar a los ayuntamientos a ahorrar, con propuestas de mancomunar servicios y para fomentar el ahorro energético y en gasto corriente.

También está sobre la mesa la posibilidad de que los municipios se puedan adherir a los pliegos de contratación del Gobierno para obtener unos precios más ventajosos.