El Gobierno regional deberá pagar un canon anual de 33 millones por el contrato de Valdecilla

El Gobierno cántabro calcula que tendrá que pagar un canon anual de 33 millones de euros a la empresa que se adjudique las obras de conclusión del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, un importe con el que se sufragará el coste de los trabajos, más la gestión de diversos servicios no asistenciales.

Son unos cinco millones de euros más de lo que paga actualmente el Ejecutivo por los cerca de 40 servicios que están ahora externalizados, que le cuestan 28 millones al año.

Pero la diferencia es que en ese coste anual -que se abonará durante veinte años- se incluirán las obras que quedan para terminar el hospital, valoradas por el Gobierno en 99,1 millones de euros.

Los datos los ha dado a conocer hoy la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, en el pleno del Parlamento, donde ha anunciado que el Consejo de Gobierno dará este jueves el visto bueno para que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) inicie el proceso de contratación, para que las obras empiecen en verano.

De ese procedimiento puede depender que la cifra final sea más baja, si las ofertas de las empresas mejoran la propuesta inicial.

Según ha explicado Sáenz de Buruaga en respuesta a una interpelación de la diputada regionalista Concepción Solanas, el contrato para concluir la fase tres de Valdecilla está valorado en 99.174.227 euros.

Esa inversión la adelantará la adjudicataria y el Gobierno la amortizará en veinte años dentro del canon anual, que incluirá también la gestión de algunos servicios.

La consejera ha vuelto a reiterar que serán solo servicios no asistenciales, entre los que ha enumerado, por ejemplo, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento o la restauración.

La responsable de Sanidad ha insistido en que Valdecilla "va a seguir siendo un servicio público de gestión pública, un servicio sanitario público y duro".

"El Gobierno de Cantabria apuesta con la firmeza que lo ha hecho siempre por la gestión pública", ha apostillado en respuesta a las dudas de la diputada regionalista, quien ha considerado que este modelo de contrato "a la larga es más costoso y la calidad se resiente".

Sáenz de Buruaga también ha pedido a Solanas que "deje de generar desasosiego e incertidumbre" entre el personal del SCS, que no se verá afectado, ya que, según ha recordado, los trabajadores de los casi 40 servicios que ya están externalizados no dependen de Valdecilla, sino de las empresas contratistas.

El procedimiento de adjudicación del contrato lo regirá una mesa de diálogo competitivo constituida la pasada semana y que hoy mismo ha aprobado el documento descriptivo del contrato.

Con esa documentación técnica sobre la mesa, el Consejo de Gobierno autorizará este jueves, día 14, el inicio del expediente de contratación, que se publicará después en los boletines oficiales.

A continuación, por el tipo de procedimiento elegido, se abrirá un diálogo con las empresas interesadas en el contrato para, en el plazo de dos meses, aprobar los documentos definitivos y pedir entonces a las compañías que presenten su oferta final. Y a la luz de esas propuestas, se adjudicará a la más ventajosa.

Sáenz de Buruaga ha recalcado que la resolución del anterior contrato y la adjudicación de este nuevo era la "única alternativa" para terminar las obras de Valdecilla que, dice, concluirá con ocho años de "retraso" por el "fracaso" de gestión del anterior Gobierno.

300 reclamaciones del copago farmacéutico sin contestar

El grupo parlamentario socialista ha denunciado este lunes que, en Cantabria , hay cerca de 300 reclamaciones de ciudadanos sobre el copago farmacéutico "sin contestar" por parte del Servicio Cántabro de Salud, la mitad de las registradas desde que se puso en marcha el 1 de julio de 2012.

Así lo ha asegurado en el Pleno la diputada socialista Dolores Gorostiaga, quien ha insistido en la retirada del copago y, si no, al menos que se "modifique" el sistema para que los pensionistas "no paguen más de lo que les corresponde pagar" y se eviten así posteriores devoluciones por parte del Gobierno de Cantabria .

"Se puede porque el sistema lo permite", ha afirmado la socialista en relación a las posibilidades de modificarlo y, de hecho, ha recordado que aunque la norma es igual para todas las comunidades autónomas, cada una lo está aplicando de una manera y ha lamentado que Cantabria , además de ser la primera en haber puesto en marcha el copago lo haya hecho "a rajatabla" y sin "saltarse ni una sola coma".

En el mismo sentido, se ha pronunciado la regionalista Concepción Solanas, que ha opinado que el copago se puso en marcha de "manera apresurada" y sin "falta de previsión" y ha afirmado que si la SCS "no cobrara de más", no tendría que hacer "gastos innecesarios para devolverlo".

"Trabajamos dos veces, cobramos de más para tenerlo que devolver", ha aseverado Solanas, quien, tras mostrarse de acuerdo con la necesidad de "racionalizar" el sistema, ha opinado que "hacer más complejo el procedimiento administrativo no es racionalizar", igual que tampoco lo es incrementar los precios, recortar servicios o "penalizar a los enfermos".

Solanas y Gorostiaga han insistido en criticar un sistema que "no les gusta" porque, a su juicio, "deja en la cuneta a los más vulnerables", es "injusto" y "carga más sobre los que más lo necesitan".

Lo contrario ha defendido el 'popular' Eduardo Van den Eynde, quien, dirigiéndose a la oposición, ha afirmado que "les guste o no" el sistema es "más justo porque paga quien más renta tiene" y "más eficiente" pues ha permitido reducir la factura farmacéutica y luchar contra el fraude de quienes usaban tarjetas de pensionistas sin serlo, y, en general, permitiendo la pervivencia del sistema sanitario.

En este sentido, Gorostiaga ha contestado a Van den Eynde que, en esa lucha contra el fraude, "pagan justos por pecadores". "Porque unos cuantos abusen, lo vamos a pagar todos", ha afirmado.

A su juicio, el sistema impuesto por el PP es "más justo" que el de "barra libre" y "facturas en los cajones" que el del anterior bipartito, que lo llevaba a la "quiebra".

Van den Eynde ha defendido que el criterio de renta sea el que impere a la hora de determinar lo que les corresponde pagar por los medicamentos y no si se es pensionista o no o si se es enfermo crónico.

En este sentido, ha afirmado que hay pensionistas con mayor renta que algunos activos o que algunos parados de larga duración.

Albergues y Agencia Cántabra de Consumo

El PRC ha preguntado al Gobierno en el Pleno sobre la previsión de cerrar o privatizar los albergues públicos de la región, cuestión que ha planteado la diputada regionalista Matilde Fernández, que ha criticado que el Ejecutivo se está "ensañando" con los jóvenes.

Le ha contestado la consejera de Presidencia y Justicia, que ha apuntado que el índice de ocupación de los albergues en Cantabria "no llega al 14 por ciento", pese a que son "los más baratos de España", con un coste de 13 euros por pensión completa. Esto acarreó, según Díaz, pérdidas de más de 959.000 euros en 2011, que pasaron a 629.587 euros en 2012. Sin embargo, la portavoz del Gobierno ha apostado por la "sostenibilidad y sostenimiento" de los mismos.

Finalmente, en la sesión se ha debatido sobre la actividad de la Dirección General de Comercio y Consumo y la Agencia Cántabra de Consumo , agencia que se eliminó por "ineficaz y despilfarradora", según ha recalcado el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti.

En cuanto a la Dirección General, Arasti ha destacado que se ha generado un ahorro de 800.000 euros en el ejercicio pasado, pese a lo cual se ha reducido el plazo de respuesta en la solicitud de arbitraje y mediación del 4%, al pasar de 177 días en 2011 a 170 el año pasado, entre otros logros.