«Mi negocio de móviles no fracasó, se paró porque me metieron en la cárcel»

Rufino Pereda (segundo por la izquierda) llega a la Audiencia Provincial de Madrid acompañado de sus abogados.
Rufino Pereda (segundo por la izquierda) llega a la Audiencia Provincial de Madrid acompañado de sus abogados. / Óscar del Pozo
  • El juicio contra Rufino Pereda, acusado de estafa, se suspende el primer día para estudiar la nueva documentación presentada por su abogado

Quienes pensaban que Rufino Pereda estaba profesionalmente muerto después de la supuesta estafa de la telefonía móvil y de pasar casi tres años en prisión, se equivocan. O al menos eso se desprende de sus palabras. «El negocio de móviles sigue vivo. Se paró cuando me metieron en la cárcel, pero ahora está funcionado. Tengo oficinas comerciales en Santander y en la calle Serrano de Madrid, y la mayor parte de los socios siguen confiando en mí», se jacta.

Y es verdad, Pereda parece haber renacido de sus cenizas y mantiene en la capital madrileña un despacho amplio con todo tipo de aparatos tecnológicos. Y es que el empresario, a pesar de lo vivido, sigue soñando a lo grande para ser grande. Arropado por su familia (uno de sus tíos le acompañaba en el juicio, que se inició ayer), Pereda defiende su inocencia y se queja del trato recibido de todos, pero sobre manera de jueces y medios de comunicación. «Siento que se ha cometido una injusticia brutal conmigo. El juez Santiago Torres ha hecho que deje de creer en la justicia y ahora espero que este tribunal me devuelva esa confianza», se confiesa. «Me he sentido indefenso en todo este proceso. Durante toda la instrucción del caso he estado sin dinero y sin recursos y con la familia pasándolo muy mal. El juez Torres no admitió nada de lo que presentamos, y luego estaba la presión social y mediática, que ayudó a todo eso. Conseguir dinero para pagar un abogado fue imposible hasta que Sergio Pereda (primo del imputado) me ayudó. Si no llega a ser por él estaría con un abogado de oficio», se queja dolorido.

Pereda siempre ha negado la mayor. Dice que no es un estafador, aunque los escritos del Ministerio Fiscal y de las acusaciones son demoledores y le ponen al frente de una operativa claramente delincuencial.

Como empresario, «empecé a trabajar con los móviles en 1999, y hasta 2003 no se montó la primera empresa, pero ya había un trabajo previo importante. Tal es así que en El Astillero montamos la primera 'ciudad digital' del Gobierno de Aznar en el proyecto Infor 21». Sostiene que primero fue el proyecto y después se creó la compañía, el Grupo Red Enlaza. «Pero no se puede pretender rentabilizar una inversión en seis meses. Esto es un negocio y se necesitan cinco o seis años para consolidarlo», enfatiza, en alusión clara a quienes acudieron al juzgado porque no habían recuperado su inversión. Y cuando se le pregunta por qué fracasó el proyecto, se revuelve y lo niega de cuajo. «El proyecto no fracasó, se paró porque metieron en la cárcel al presidente y se empezó a decir que todo era una estafa. Pero la realidad es que sigue funcionando. Tenemos cien socios, y salvo seis, todos están a mi favor y confían en mí». 'Pero sus empresas no están activas', le deslizamos. «Son absolutamente activas. Están facturando y firmando contratos, aunque no puedo convocar una junta general de accionistas hasta que tenga una resolución de este tribunal», sentencia. Sin embargo, el propio presidente de la Sala aseguró ayer que las sociedades que creó Rufino para ejecutar su proyecto de telefonía móvil son «insolventes. Son simples sociedades jurídicas que no tienen actividad profesional». El defensor de Pereda, Rachid Mohamed Hammu, le desmintió. Sostuvo que son mercantiles activas, que tributan a Hacienda, aunque tienen sus cuentas bloqueadas, si bien también reconoció que sus activos son «inmateriales».

Nueva documentación

Los 31 meses que Rufino Pereda pasó en prisión no parecen haber hecho mella en su aspecto físico, aunque las cicatrices del presidio van cosidas por dentro. El empresario santanderino, a quien la sociedad cántabra abrazó como un emprendedor ejemplar cuando presentó sus proyectos de telefonía móvil en 2009, se presentó ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid con el mismo aspecto atildadito y de buen chico que tenía cuando ingresó en prisión en noviembre de 2010, acusado de ser el cabecilla de una supuesta estafa piramidal relacionada con la tecnología móvil de última generación. El mismo flequillo largo, con un mechón canoso un poco más abundante; su inseparable traje oscuro y una ligera sonrisa, casi una mueca, descolgando de su boca.

Rufino, que se enfrenta a seis años de cárcel, acudía ante la justicia para defender «mi inocencia» y demostrar que aquel proyecto en el que confiaron decenas de inversores y empresarios «no fracasó». Lo explicaba a este periódico en los pasillos de la sede del tribunal, porque ayer no pudo hacerlo ante los jueces. Tendrá que esperar hasta el próximo viernes para declarar, sentado en el banquillo de los acusados, porque el juicio se suspendió hasta ese día para que tanto el fiscal como las partes que lo acusan (dos compañías aéreas y otras dos de trabajo temporal y seis inversores, dos de ellos cántabros) puedan analizar la voluminosa documentación que aportó su abogado en la vista preliminar.

Será ese día cuando Pereda replique a las acusaciones, que le sitúan en la cúspide de una trama diseñada sobre un proyecto de altos vuelos para fabricar y vender teléfonos de cuarta generación, cuyo único objetivo era captar inversores confiados y quedarse con su dinero. Fruto de esa operativa, dicen, enredó a decenas de inversores y consiguió atrapar millones de euros, cuyo paradero buscó sin éxito el juez instructor Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Pero su defensa, y la de los otros siete imputados en el caso, acudió a la primera sesión del juicio dispuesta a tumbar esa tesis inculpatoria, y para ello se armó de toda una artillería probatoria, hasta cinco carpetas con decenas de documentos, que extendió sobre la mesa del tribunal para pedir su incorporación al proceso. El golpe de efecto, al menos, lo consiguió, porque el presidente de la Sección 4ª de la Audiencia madrileña y ponente de la sentencia, Mario Pestaña Pérez, admitió las pruebas en aras del derecho de defensa, que es «sagrado», y para evitar una posible nulidad del juicio en caso de apelación. No sin la queja de la mayor parte de las acusaciones, que tildaron la maniobra de un «fraude procesal de libro». «¿A qué estamos jugando?, esos documentos no se pueden validar como medio de prueba», se quejó el fiscal. Así que el tribunal concedió también un aplazamiento para que las acusaciones pudieran estudiar esa documental.

Pero ¿qué contienen esas carpetas? ¿Por qué son tan esenciales para la defensa de Pereda y por qué no se llevaron antes al proceso cuando su instrucción ha durado más de cinco años? El abogado del empresario santanderino, Rachid Mohamed Hammu, ha dado un giro a la estrategia de defensa. Su tesis es que el grupo empresarial que fundó Pereda, Gran Red Enlaza, no era humo ni una pantalla creada para estafar a los más crédulos, sino el sostén de un proyecto empresarial serio y riguroso que no salió bien. Para probarlo presentó amplia documentación referida al inicio de la actividad, que sitúa en 2003 y no en 2009 como sostienen las acusaciones. En otra carpeta reúne información y estudios realizados en 2005 sobre la viabilidad del proyecto, «pruebas de telefonía que se hicieron en Guatemala y en la Casa de Campo de Madrid». Además entregó otra documentación con acuerdos, firmas y negociaciones con los clubes de fútbol para diseñar y fabricar sus móviles personalizados. Pretende desmontar así la acusación fiscal que sostiene que Pereda utilizó como gancho para atraer inversores contratos falsos firmados con el Real Madrid o el Barcelona, así como con grandes grupos (Zara, Coca Cola, Tous o Telepizza). Y es que tanto el fiscal como las acusaciones creen que Pereda, como máximo jerarca del proyecto, 'vendió' la idea de que su grupo se iba a convertir en el primer operador de telefonía móvil de cuarta generación, por encima de Telefónica o Movistar, y que había firmado contratos de exclusividad con clubes de fútbol y empresas punteras. Pero dicen que todo era una farsa, que nunca había diseñado, fabricado ni vendido ningún teléfono móvil, no tenía ninguna patente registrad, ni había firmado contratos con nadie.

Para desnaturalizar esta imputación, el defensor reclamó al tribunal que trajeran al juicio, como piezas de convicción, los teléfonos móviles que intervino la policía judicial en el vehículo de Rufino Pereda. Quería demostrar que existían, y el presidente, colaborador, accedió. Pero ahora se plantea otro dilema, porque primero hay que determinar si los aparatos, intervenidos en 2010, están en los archivos de Madrid o de Santander, y luego localizarlos cinco años después. El letrado melillense dice que son los prototipos diseñados por Rufino. Pero algunas acusaciones han cuestionado la existencia de esos móviles y sostienen que nunca aparecieron en los registros.

El abogado del supuesto cerebro de la trama presentó también una serie de facturas que justifican que se pagaron parte de los vuelos contratados con empresas de aviación, que son acusación en el proceso, lo que las convertiría en simples acreedores en una reclamación civil, y no en víctimas de una estafa, como sostienen las acusaciones.