El PRC pide parar la tramitación del presupuesto hasta conocer el fallo sobre el Plan General

  • José María Fuentes-Pila considera que si se confirma la anulación del documento urbanístico la «única salida posible será la elaboración de un nuevo documento»

El PRC de Santander rompió ayer su silencio sobre la inmediata anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander por el Tribunal Supremo para solicitar al equipo de gobierno la «paralización inmediata» del calendario propuesto para la tramitación del presupuesto municipal de 2017 hasta conocer sus consecuencias reales. El portavoz, José María Fuentes-Pila, cuyo grupo votó a favor de la aprobación del instrumento urbanístico junto al PP, consideró que si se confirma la anulación, habrá que elaborar un nuevo documento.

Según adelantó Voz Populi, la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, compuesta por diez magistrados, ha acordado por unanimidad anular el documento y estimar así el recurso de casación interpuesto por la asociación ecologista ARCA, que calificaba de «irreal» el crecimiento poblacional previsto en el Plan (proyecta una ciudad para 260.000 personas) y consideraba no justificada la transformación de suelo no urbanizable en urbanizable. El Supremo corregiría así al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que, en junio de 2015, avaló el Plan General y rechazó el recurso de ARCA.

Por ello, Fuentes-Pila opinó que «no tiene sentido» continuar con una tramitación que puede «verse truncada de un momento a otro». Según el calendario planteado por el equipo de gobierno, el plazo para la presentación de enmiendas parciales concluye el próximo miércoles, 3 de noviembre. A su juicio, «no tiene ninguna lógica» presentar unas enmiendas a un presupuesto que «podría ser una ficción». «En este escenario, continuar con el calendario propuesto es un absurdo», enfatizó.

«Si el plan queda anulado no se cumplirá el capítulo de ingresos y quedarían en el aire muchas de las inversiones planteadas», argumentó Fuentes-Pila, quien puso como «un ejemplo de muchos» los 1,8 millones de euros consignados para la «integración de espacios portuarios».

El portavoz regionalista se preguntó, además, que si el alcalde, Íñigo de la Serna, ha pedido ya a los técnicos municipales un informe completo, caso a caso, de las consecuencias de esa eventual anulación, qué sentido tiene aprobar inversiones que no se sabe si sería legal acometer si se anulase el PGOU. Por todo ello, apeló a la «responsabilidad» del equipo gobierno para, por un lado, «paralizar» el calendario actual y, en segundo lugar y si finalmente se anula el PGOU vigente, «retirar el documento y elaborar uno nuevo».

Una visión que comparte con los expertos consultados por este periódico – Comisión Regional de Ordenación y Urbanismo (Crotu), representantes de colegios profesionales, Cámara de Comercio y agentes sociales– quienes «guardando todas las precauciones», creen que puede llegar a afectar a los propios presupuestos, ya que el capítulo de ingresos se elabora en base a todas las tasas y las licencias urbanísticas que ahora se pueden ver afectadas. «El documento y los proyectos se elaboran con una previsión de ingresos que, en mayor o menor grado, pueden no llegar a materializarse», coinciden.

A diferencia del resto de grupos de la oposición, Fuentes-Pila no reclamó responsabilidades al equipo de gobierno. PSOE, IU y Podemos y el concejal no adscrito aseguraron que la anulación del PGOU es la muestra de una «irresponsable y especulativa política urbanística» o el ejemplo de que los populares «no garantizan la seguridad jurídica» con sus decisiones.

Políticas favorables «a sus constructores afines», según la formación morada. Un mensaje identificable también en el beneficio «exclusivo del capital inmobiliario y en contra de los intereses de la mayoría de los santanderinos» que denunció Miguel Saro, el concejal de Izquierda Unida.