Los juzgados de Santander estrenarán la mediación familiar para evitar los juicios

Se trata de una experiencia piloto que se estrenará en los dos Juzgados de Familia de Santander y que se podrá extender a otros juzgados de Cantabria y a otras cuestiones vinculadas al derecho civil y mercantil y "si es posible al penal", según señaló el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, a este periódico.

El convenio establece que serán los propios jueces los que deriven al Servicio de Mediación del Gobierno, que se ubicará en el Edificio Europa, los procesos civiles de Derecho de Familia que consideren oportunos, salvo las situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia, que quedan expresamente excluidas, para que se llegue a una solución dialogada de esos conflictos familiares. El consejero explicó que "en diez o quince días" se firmará el convenio con las tres entidades colaboradoras y después será trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)que elaborará una guía de actuación y funcionamiento y lo pondrá en marcha. El objetivo es establecer un procedimiento para que "las partes acepten la intervención neutral de un mediador que facilitará que lleguen a un acuerdo duradero y mutuamente aceptable".

El Gobierno aporta "el lugar, los medios y los mediadores", para lo cual se ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Abogados, la Asociación de Mediación y la Asociación de Derecho Colaborativo, que entregarán un listado de profesionales que cumplan los requisitos legales. Cada entidad facilitará cuatro mediadores para una primera fase de carácter informativo, y entre cuatro y 10 para la segunda fase, en la que se proponen medidas concretas.

Mediación hipotecaria

La corporación de abogados tiene firmado ya otro convenio con el Ayuntamiento de Santander para el funcionamiento de una oficina exclusiva para la mediación hipotecaria. Pero ahora de lo que se trata es de que sean los jueces, cuando el asunto ya está en los tribunales, los que deriven a las familias a este servicio para agotar primero la vía del diálogo, aunque la mediación también la puede pedir una de las partes a través del abogado.

De acuerdo con el convenio, la mediación familiar se podrá iniciar en cualquier fase del litigio, incluso en la ejecución de la sentencia, con el fin de "optimizar y facilitar el entramado de las relaciones e intereses personales y económicos y evitar incumplimientos".

El mediador debe propiciar el acuerdo entre las partes en conflicto, pero "no es un árbitro, ni siquiera puede sugerir, su tarea se limita a intentar que las partes descubran otras posibilidades", señala De la Sierra. Si no se llega finalmente a un acuerdo, el caso vuelve de nuevo a los juzgados para seguir el procedimiento judicial.

Este proyecto piloto, que ya se ha implantado en otras comunidades autónomas, tiene su origen en el acuerdo marco entre el Ejecutivo autonómico y el Consejo General del Poder Judicial para impulsar la mediación como medida para "contribuir a una justicia más rápida" y "reducir la litigiosidad, los costes y plazos de resolución, así como general nuevos espacios de convivencia".

El programa tiene una vigencia de un año como experiencia piloto prorrogable hasta dos. La voluntad del Gobierno es extender el proyecto a otros ámbitos jurisdiccionales "en el plazo más breve posible. A mí me gustaría que fuese en un año", explicó De la Sierra, y también a otros partidos judiciales. En comunidades autónomas como La Rioja, donde el sistema se implantó en 2010, ha sido un éxito y ha evitado más de 500 juicios desde entonces.