Una mujer se fotografía en la estación superior del teleférico de Fuente Dé.
Una mujer se fotografía en la estación superior del teleférico de Fuente Dé. / Andrés Fernández

Cantabria lidera una "revisión crítica" del consorcio de Picos por su ineficacia

  • Las tres comunidades estudian la disolución del órgano, cuyas competencias asumirá la Comisión de Coordinación, creada en la nueva normativa

El Parque Nacional de Picos de Europa vive tiempos de mudanza y es Cantabria quien lidera esos cambios. La comunidad autónoma ha planteado una «revisión crítica» del consorcio internautonómico, órgano creado en 2010 entre Castilla y León, Asturias y Cantabria para asumir la gestión unificada del parque después de que el Gobierno central traspasara las competencias a las comunidades. Casi siete años después, esta figura de gestión conjunta está en la cuerda floja por su ineficacia.

La decisión no está tomada, pero las tres comunidades vienen barajando desde hace meses la disolución de esta figura, que podría ser sustituida por convenios puntuales de colaboración. Cantabria, que capitanea también el proceso de revisión de los estatutos de gestión que se dieron las tres comunidades autónomas, pretende atribuir al consorcio un papel puramente instrumental, casi testimonial, sin descartar que «tenga que desaparecer», según explica el director general de Medio Rural, Antonio Lucio. «Es necesario hacer un análisis crítico porque la gestión integrada del parque no ha funcionado», subraya Lucio, que apela además a la necesidad de que en Cantabria se «visualice» que la autonomía ostenta la administración de este espacio natural, que en la región ocupa una extensión de algo más de 15.000 hectáreas en los municipios de Tresviso, Camaleño y Cillorigo.

El alto cargo de la Administración cántabra considera que aquella herramienta, concebida en origen como «una especie de cuarta autonomía» que se iba a encargar de la gestión coordinada del parque nacional para evitar que cada comunidad fuera por su cuenta, ha sido «superada» por la nueva Ley de Parques Nacionales, establecida para Picos de Europa y Guadarrama.

La normativa estatal aprobada en 2014 prevé la creación de una Comisión de Coordinación para el parque que garantiza la gestión integrada de todo el espacio, un «papel que tenía atribuido el consorcio», lo que no significa que por eso «tenga que desaparecer».

Las tres comunidades autónomas asumieron en 2010 de forma conjunta la gestión de este espacio protegido, el más antiguo y emblemático del país, después de que el Tribunal Constitucional estableciera en 2004 que las competencias de los parques, hasta aquel momento en manos del Gobierno central, debían ser asumidas por las comunidades.

En ese momento, las tres comunidades crearon un consorcio para administrar de forma conjunta el parque para articular la cooperación técnica, administrativa y económica entre las tres administraciones consorciadas.

Sin embargo, en estos seis años y medio las administraciones se dieron cuenta de que «el consorcio en sí mismo no garantiza la gestión coordinada, sino que supone un obstáculo para una gestión eficiente», subraya Lucio, lo que hacía necesaria «la revisión del modelo que nos dimos en 2010».

Nuevo escenario

La reciente entrada en vigor de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales marcó un «escenario nuevo» y ha puesto las bases para la gestión de estos espacios. El nuevo modelo consiste en que cada una de las comunidades autónomas gestiona su propio territorio dentro del parque, mientras que corresponde al Estado su supervisión. Para ello, la Ley contempla una Comisión de Coordinación que ya ha sido creada por el Estado, «más operativa que el consorcio y además con soporte legal en una ley estatal», subraya Lucio.

Cantabria cree que esta nueva herramienta obliga a la revisión del consorcio y así lo planteó en el último Patronato de Picos de Europa, celebrado en diciembre de 2016. Su presidente, Jesús Oria, fue el primero en hablar de las «debilidades» de una gestión constatadas por «la imposibilidad de desarrollar algunas de las previsiones de 2010, y por la evidencia de que algunos de los objetivos de una gestión más cercana al territorio no se han conseguido plenamente». Por eso, emplazaba a Castilla y León, que es la comunidad que ejerce este año por turno la dirección de todos los órganos, a continuar con el proceso.

El actual presidente del Consorcio de Picos, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, subrayó a este periódico que la Junta trabaja «de común acuerdo con el Principado de Asturias y Cantabria para adaptar la estructura orgánica y administrativa que gestiona el Parque a las previsiones y modificaciones operadas por la nueva Ley de Parques Nacionales de 2014 y la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público». A su juicio, «no cabe ninguna estrategia más que la de adoptar las decisiones de común acuerdo» entre las tres comunidades, y las tres están de acuerdo en la «continuidad del Consorcio Interautonómico», una vez «adaptadas» sus funciones y funcionalidad al nuevo órgano, es decir, a la Comisión de Coordinación.

Asturias, por su parte, está a la espera de lo que le digan los servicios jurídicos del Principado, a los que ha encargado un informe sobre «la adaptación de la nueva legislación al consorcio interautonómico, y, si en el caso de que desaparezca, qué incidencia tendría en el convenio que firmaron en su día los tres presidentes autonómicos», según señalaron fuentes oficiales de la Consejería de Medio Rural.

Nuevos estatutos

Toda esta revisión se produce en el marco del debate de la redacción de los nuevos estatutos para adecuarlos al nuevo marco nacional de parques naturales. Lucio calcula que la nueva versión estará redactará este mismo año. La postura de Cantabria pasa porque el consorcio se convierta en «una mera herramienta para llevar a cabo proyectos muy concretos que interesen a las tres comunidades y al Estado».

El director general de Medio Rural confía también en que el Plan Rector de Uso y Gestión, una «herramienta imprescindible» enquistada desde 1995, esté aprobado en 2018, coincidiendo con el centenario de la declaración del Parque de Pico de Europa. El documento, en el que trabajan las administraciones gestoras, «se someterá» a información pública a finales de este año, según señaló Lucio a este periódico.

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