«Sólo me responsabilizo de lo que hago yo, no hay ningún motivo por el que deba dimitir»

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, en su despacho./Celedonio Martínez
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, en su despacho. / Celedonio Martínez
Cantabria

La consejera de Sanidad sostiene que «era obvio que el gerente del SCS y el subdirector de Gestión Económica debían cesar, porque la situación ya era insostenible»

Ana Rosa García
ANA ROSA GARCÍASantander

«No tengo planteado presentar mi dimisión, porque no hay ningún motivo para ello. Sólo me responsabilizo de lo que hago yo, no puedo asumir responsabilidades de algo que no es de mi competencia», asegura la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en declaraciones a este periódico al día siguiente de que los dos altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) salpicados por las denuncias de irregularidades en la contratación, Julián Pérez Gil y Javier González, anunciaran su dimisión, una decisión que se auguraba más que previsible pero que no se esperaba que fuera tan inmediata. Ellos mismos habían manifestado semanas atrás su intención de «limpiar» su imagen pública antes de cerrar su etapa laboral en Cantabria, pero ni siquiera han esperado a que se haga público el resultado del expediente informativo, que se analizará mañana, jueves, en el Consejo de Gobierno. La oposición no ha tardado en vincular la marcha de los dos directivos con las conclusiones de dicho informe, «una confirmación de las sospechas», dicen.

Del papel de los asesores al uso de contratos menores

El correo de la jefa de Contratación del SCS, enviado el 8 de febrero, filtrado dos meses después, puso sobre la pista de posibles irregularidades, que el PP se encargó de traducir en ejemplos concretos. En sus denuncias, se cuestionaba la presencia de asesores externos que participaban en la elaboración de los pliegos, se ponía de manifiesto la recepción y pago de obras sin haber sido terminadas y de suministros sin haber sido recibidos, al tiempo que se ponía en entredicho el uso que se estaba haciendo de la contratación menor, insinuando adjudicaciones a la carta a determinadas empresas.

¿Qué denunció el PP?

1.
El desembarco en la sanidad pública de asesores externos a través de contratos menores de servicios y asistencias técnicas, por los que se han abonado 117.000 euros entre 2015 y 2017.
2.
La «recepción y pago de obras y suministros sin haber sido entregados», caso de la reforma de la Unidad de Atención Temprana de El Alisal.
3.
«El espectacular aumento de los contratos menores (un 187%)» y, sobre todo, los adjudicados a las empresas Iralia, Serincopsa y Gardenor, que han cobrado más de un millón de euros en dos años y medio «en contratos a dedo».

¿Qué denunció la jefa de contratación?

1.
La funcionaria criticó que su despacho está ocupado por asesores, que se hacen reuniones con todo tipo de empresas y que intervienen en las evaluaciones de las ofertas.
2.
Que se recepcionan obras y suministros que se facturan sin estar listos para la entrega; al tiempo que se tramitan expedientes que se costean contra el presupuesto de órganos periféricos.
3.
El «absoluto desprecio» en la forma en la que ha sido «desautorizada» y haber recibido «un trato vejatorio» por parte del ya exsubdirector de Gestión Económica del SCS.

La consejera reconoce que, «tras un primer análisis, se ha comprobado que en algunas de las contrataciones analizadas no hay ninguna incidencia, que en otras las hay, pero son poco reseñables; y que después se han apuntado algunas incidencias -término técnico que se recoge en cualquier auditoría- que escapan a mi valoración, por lo que deben ser valoradas por expertos». Por ello, el expediente, que «ya se ha dado traslado a la comisión parlamentaria de Sanidad», ha sido remitido a Hacienda, «porque debe ser la Intervención General la que se encargue de esa valoración». En concreto, apunta que «las incidencias que se pueden poner en duda» en la gestión desempeñada por los dos directivos recién cesados «tienen que ver con el uso de la contratación menor». Aunque no especifica más, cabe recordar que desde el PP se han señalado varios ejemplos de obras adjudicadas a través de esta fórmula de contratación (sin concurso público), como las acometidas en el Hospital Virtual Valdecilla. La otra operación bajo sospecha, que destapó el Sindicato Médico, fue la compra de los 22 ecógrafos de Atención Primaria, por un montante de casi 300.000 euros, adquiridos a través de otros tantos contratos menores, a partes iguales entre la empresa italiana Esaote y la china Sakura. Real dice que desconoce si esas actuaciones pueden llegar a tener consecuencias judiciales para los dos directivos cesados.

La titular de Sanidad confirma que en noviembre recibió una carta de dimisión del gerente del SCS, que no admitió «porque en ese momento hablamos del tema y concluimos que debía seguir en su puesto. No tiene nada que ver aquella situación con la que de ahora», interpreta. Entonces, «la petición estaba motivada por problemas familiares, en cambio en la actualidad se une su situación personal con una situación insostenible para el buen funcionamiento del SCS». Por eso opina que «lo más apropiado» era que el gerente y su número dos, el subdirector de Gestión Económica, dejaran sus puestos. De ahí que no dudara en aceptar sus dimisiones el lunes, «porque era la única opción viable» para retornar la normalidad al SCS, «un organismo que ha estado sometido a una campaña de desprestigio, y además de forma generalizada». A su juicio, los dos directivos «han adoptado la decisión correcta», que era «imprescindible para normalizar la situación dentro del SCS». «Me ha parecido bien su decisión. Era obvio que debían cesar».

¿Habrá más relevos? La consejera considera que «ahora mismo sería malo para el SCS y para la sanidad cántabra que hubiera más cambios en la Consejería», pero tampoco descarta que se puedan desencadenar. «Lo que tengo claro es que hay personas que tienen poco interés en proteger a la sanidad pública».

Desde que salió a la luz el correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, a la consejera se le ha reprochado desde la oposición «no haber dado la cara» y haber cargado sobre las espaldas de Pérez Gil el peso de toda la responsabilidad referida a las irregularidades denunciadas. «A mí no me han transmitido que hayan sentido una falta de apoyo por mi parte», señala Real. Y tampoco cree que a la cúpula del SCS le hubiera ayudado que ella compareciera junto a ellos desde el primer momento para responder a las críticas. «No me parecía que era lo adecuado, porque una cosa es la Consejería y otra diferente es el SCS», un argumento que ha reiterado en las últimas semanas y que se encargó de dejar claro en la comparecencia del viernes en el Parlamento. ¿Vistas las consecuencias, volvería a actuar igual si hoy fuera 8 de febrero y recibiera el correo de la funcionaria? La consejera no tiene duda: «Actué como debía actuar, es falso que no hiciera nada. Pedí explicaciones al gerente, que es el alto cargo del Gobierno al frente del SCS. No se podía abrir una investigación a raíz de un correo inconcreto y confuso», señala.

En su carta de dimisión, el gestor navarro, al frente del SCS desde casi tres años, pone de manifiesto que ha echado en falta «el reconocimiento a la labor desempeñada» en este tiempo, un reproche que sin citar va dirigido al Partido Socialista, quien en su día le postuló para el puesto. La consejera no tiene duda de que «el Servicio Cántabro de Salud ha avanzado mucho en este tiempo, con una gran mejora en infraestructuras, tecnología, prestaciones y servicios, y buena prueba de ellos son los resultados del último barómetro sanitario», que sitúa a la sanidad cántabra como la mejor valorada de España. «La gestión ha sido buena, otra cosa es la situación a la que hemos llegado, en la que se ha puesto en duda toda la contratación de forma generalizada. Mi obligación es preservar el SCS y es indudable que se están utilizando intereses políticos para desprestigiar a esta Consejería». Pese a las «incidencias» confirmadas, la titular de Sanidad defiende que «no se ha cometido ningún acto de corrupción», lo que implica que no se ha demostrado que haya habido despilfarro ni enriquecimiento personal.

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