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Gabriel Pérez, hasta ahora interventor general del Gobierno DM
Sota cesa al interventor general y ocupará el cargo el director de la Agencia Tributaria

Sota cesa al interventor general y ocupará el cargo el director de la Agencia Tributaria

El despido fulminante se produce días antes de la entrega de una auditoría sobre Valdecilla firmada por el alto cargo

C. de la peña y Enrique Munárriz

Santander

Viernes, 16 de febrero 2018, 07:17

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Tranquilo y reflexivo sí, pero también inflexible, justo e íntegro. Así definen sus más directos colaboradores al interventor general de Cantabria, Gabriel Pérez (Caracas 1951), que ha sido cesado de manera fulminante por su jefe, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, una decisión que se oficializará hoy en Consejo de Gobierno.

El relevo de Gabriel Pérez ha obligado al Ejecutivo a remover la cúpula de algunos de los principales organismos regionales. Pedro Pérez Eslava, director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y negociador del nuevo modelo de financiación autonómica, asume la Intervención General, y al frente de la Agencia se sitúa al actual director del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Manuel Díaz, quien a su vez será sustituido por Jesús Bulnes, un funcionario de la casa. Ninguno de los nuevos cargos tiene carné del PSOE, lo que ha suscitado alguna fricción dentro del partido.

El relevo de Gabriel Pérez ha cogido por sorpresa al alto cargo y también al ala regionalista del Gobierno, que hoy recibirá las explicaciones oficiales en la reunión del Consejo de Gobierno. No obstante, Sota informó hace dos días al presidente Miguel Ángel Revilla del despido del interventor general, un hombre especialmente incómodo para el Ejecutivo de PRC-PSOE por sus numerosos reparos a la gestión de las empresas públicas.

Fue designado interventor general en julio de 2011 por el Gobierno del PP, presidido por Diego

Sus auditorías han revelado irregularidades en Sodercán y en otras empresas públicas. También puso reparos a la gestión del PP en MARE y al gasto del Gobierno en Ecomasa

Según ha podido saber este periódico, hoy mismo había previsto la presentación de una auditoría sobre el Hospital Valdecilla, documento que Sota le ha hecho saber que ya no es necesario que entregue. Además, iba a iniciar una auditoría sobre la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, cuyo director será quien le reemplace en el cargo; tenía en proceso otra sobre la Sociedad de Desarrollo Regional (Sodercán), a petición del exconsejero delegado Salvador Blanco, y próximamente iba a fiscalizar la contabilidad de la Oficina de Proyectos Europeos (antigua CEP).

Gabriel Pérez, que ahora volverá a su plaza como funcionario del Cuerpo General de la Administración, sacó los colores en más de una ocasión a este Gobierno. El informe que detectó irregularidades en Sodercán entre 2008 y 2010, cuando Salvador Blanco estaba al frente de la sociedad pública, lleva su firma. Fue esta auditoría la que enarboló la oposición en esta legislatura para pedir la cabeza de Blanco, y lo consiguió. Su rúbrica también aparecía en los documentos enviados mensualmente al Ministerio de Hacienda, anticipando el incumplimiento del déficit de 2016, y en el dossier sobre «pagos indebidos» en la empresa pública Sogiese. Particularmente estricto ha sido con la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, ocupada por el regionalista Jesús Oria, al que no ha pasado ni una. En 2016 bloqueó 3,2 millones de euros del presupuesto de la campaña de saneamiento, aunque los rifirrafes se han repetido también el año pasado con reparos a otras iniciativas.

Pero el funcionario de más rango en la región, que accedió al cargo en julio de 2011, de la mano del Gobierno del PP presidido por Ignacio Diego, también resultó demoledor con algunas de las iniciativas tomadas por esa Administración. Fue implacable en la auditoria que realizó sobre la empresa pública de residuos MARE, correspondiente a 2013 y 2014, presidida por el consejero de Medio Ambiente y hoy senador del PP, Javier Fernández. El informe reveló un cúmulo de deficiencias en los contratos adjudicados por MARE, que obligó a cambiar totalmente el sistema de contratación. Sus advertencias sobre los desembolsos del Gobierno del PP en el frustrado proyecto de Ecomasa tampoco dejaron bien parado al Ejecutivo de Diego.

Curiosamente, cuando el bipartito volvió al Gobierno y el PSOE recuperó la cartera de Economía y Hacienda, los socialistas optaron por mantener al frente de la Intervención General a Gabriel Pérez a pesar de las críticas y censuras que había recibido, con el argumento de que fue una decisión práctica.

Sin embargo, las tensiones amainaron, pero no cesaron. En noviembre de 2016 se produjo uno de los momentos más delicados para el alto cargo y el rumor de un despido inminente corrió como la pólvora por los cenáculos de la política regional. Pero Ciudadanos amenazó con no negociar los Presupuestos y frenó ese cacareado relevo que ha llegado con efecto retardado.

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