El juez observa falsedad documental y fraude en la gestión de Boto en la FEB

En concreto, la justicia apunta a dos supuestos delitos. Uno de ellos de fraude de subvenciones por el posible uso indebido de dinero público y otro por falsedad de documento mercantil. En la parte dispositiva del auto, fechado el pasado 20 de mayo, el juez informa de ello a las partes implicadas e insta al Ministerio Fiscal a que formule un escrito de acusación que tendría que estar listo a lo largo de esta semana, como tarde. En este documento, la Fiscalía tendrá que tomar partido y decidir si solicita las penas contempladas en la ley y se abre juicio oral o si por el contrario pide el sobreseimiento de la causa.

El Código Penal contempla solo por el delito de falsedad penas de entre tres y seis años de prisión. Además, el titular del Juzgado número 11 también deja la puerta a que «solicite la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación».

Según recoge el mismo auto, el delito de fraude de subvenciones hace referencia a una partida de 150.000 euros que el Consejo Superior de Deportes entregó a la Federación y que debía servir para realizar unos pagos concretos. En cambio, el juez afirma que se pretendió «simular el cumplimiento de dichos pagos» con documentos y un talón para pagar los servicios a un bufete de abogados del que forma parte la otra persona investigada por este caso, con iniciales MRM. «La realidad es que dicho pago no se produjo y la citada factura fue rectificada por otra del mismo día», explica el texto del Juzgado.

Fue la propia Fiscalía, el 22 de diciembre de 2014, quien llevó el asunto a los tribunales a instancias del CSD. Desde entonces, siempre según explican fuentes de la Federación Española, la postura del Ministerio Fiscal ha variado, ya que en un paso previo pidió dar carpetazo al asunto al entender que los delitos habían prescrito. Ese extremo lo rechaza el juez instructor, especialmente en el caso del delito de falsedad de documento mercantil, que no caduca hasta pasados diez años.

Cuando el juez abrió el expediente tras la actuación de la Fiscalía, «las presentes diligencias se incoaron en este Juzgado en virtud de atestado por posibles delitos de falsedad y estafa procesal, imputados a JLBA y MRM, habiéndose practicado cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que en ellos tuvieron participación, así como del órgano competente para el enjuiciamiento», detalla el juez en su auto.

En pleno proceso electoral

Ha sido la propia FEB, que desde la inhabilitación de Boto dirige Óscar Gómez Morante y que se encuentra inmersa en pleno proceso electoral a finales de este 2016 se conocerá el nombre del nuevo presidente para un periodo de cuatro años quien hizo público ayer el auto del juez, al que ha tenido acceso como parte personada en el proceso. Lo hace, según explica la institución federativa, después de los «rumores y manifestaciones públicas» que se han hecho en los últimos días que contradecían la versión oficial de la FEB y afirmaban que el asturiano no estaba investigado por la justicia.

Hasta el momento, solo el propio Gómez Morante ha confirmado su intención de presentar candidatura para revalidar el mandato que inició de forma precipitada en mayo de 2014. Por su parte, Boto, aunque no ha dado el paso, tampoco se ha descartado de forma absoluta. «Hasta octubre queda mucho tiempo. Todo se andará», confirmaba el expresidente federativo el pasado mes de marzo a preguntas de El Diario.