Santander pedirá un cambio de la Ley del Suelo para "minimizar" los efectos del fallo

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/ Javier Cotera

  • César Díaz remarca que el Ayuntamiento es "víctima" de un Bitrasvase en el que no tuvo participación y que la sentencia no cuestiona el modelo urbanístico

El Ayuntamiento de Santander le pedirá al presidente de Cantabria que le eche un capote para "minimizar" el estropicio que supone para la ciudad haberse quedado sin plan urbanístico. La idea es reclamar una modificación de la Ley del Suelo de Cantabria en la misma Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de 2017 para crear un marco jurídico que permita al municipio, a su vez, redactar unas normas transitorias que palien los efectos de la anulación sobre aquellas actuaciones desarrolladas por medio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ya no sirve. Al menos 10 comunidades autónomas (Cataluña, Asturias, Valencia y Extremadura entre ellas) cuentan con este tipo de regulación.

El Consistorio encontrará acogida a su propuesta, porque Miguel Ángel Revilla –en conversación ayer con este periódico antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo– reveló que el lunes había tratado con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la forma de "coordinar" al Gobierno y al Ayuntamiento para "solucionar" este problema. También la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, ofreció ayer una "mano tendida" para hallar una salida.

César Díaz, alcalde en funciones y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, avanzó la intención del Consistorio en una comparecencia pública en la que se mostró preocupado, lejos de estar aliviado por una sentencia del Tribunal Supremo que carga la responsabilidad de la anulación a causas "ajenas" al Ayuntamiento y que "no cuestiona su modelo urbanístico y territorial". A partir de ahora, el equipo de gobierno tiene por delante dos retos: de un lado, dar cobertura jurídica a las acciones que se acogieron al último PGOU. De otro, iniciar la redacción del próximo proyecto para definir los usos del territorio, con el que habrá que partir «totalmente de cero». El siguiente ya no podrá ser como el que el Alto Tribunal ha echado abajo, puesto que aquel se empezó a tramitar en 2005 y, para 2017, habrá una diferencia, en todo, de 12 años.

Modificación legislativa

La modificación legislativa que propondrá el Ayuntamiento al Gobierno no se referirá a los posibles nuevos desarrollos, sino que se centrará en dar seguridad legal a todos los proyectos iniciados bajo el paraguas del plan invalidado. Serviría para establecer un marco general de actuación hasta la aprobación del siguiente PGOU y, según especificó el alcalde en funciones, "el Ayuntamiento podría redactar esas normas transitorias" con la colaboración del Gobierno regional. Luego seguirían la tramitación habitual de información pública y de visto bueno por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). De aceptarse la propuesta, el Consistorio querría que sea considerada "de urgencia".

Díaz indicó que Santander "no se puede conformar con volver al planeamiento de 1997", aunque precisó que "la gran mayoría" de las intervenciones que se han puesto en marcha "encontrarán acomodo" en aquella norma. Para las que no lo consiguieran, se buscarían soluciones en forma "de modificaciones puntuales".

El alcalde dejó claro en todo momento que Santander ha sido "víctima" de un Bitrasvase (anulado) en el que la ciudad "no tuvo participación ni nada que decir". La infraestructura hídrica "no estaba cuestionada" en 2012 cuando Comisión de Urbanismo del Ejecutivo regional (presidido entonces por Ignacio Diego) aprobó definitivamente la principal guía urbanística municipal.

El también portavoz del PP en el Ayuntamiento reseñó que el proyecto del Bitrasvase del Ebro fue aprobado en 2004 y modificado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente, cuando ya la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria emitió el estudio de impacto ambiental. "Éste se anuló al considerar que no se había motivado mínimamente la evaluación ambiental adecuada en la relación con los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000".

Pedir responsabilidades

César Díaz destacó repetidas veces que el proceso de elaboración del Plan General contó con los preceptivos informes sectoriales (hasta siete, entre los de la Administración General del Estado y el Gobierno de Cantabria) en los que se acreditó «perfectamente» los recursos hídricos de la ciudad, "tanto en su momento actual como en sus previsiones de crecimiento en el futuro".

El Ayuntamiento, por tanto, "está analizando" la posibilidad de pedir responsabilidades ya que, como mínimo, "la corresponsabilidad" por lo sucedido "está ahí".

El mandatario local defendió, por otro lado, que el Supremo no cuestiona el modelo urbanístico de Santander ni la previsión de crecimiento poblacional (261.000 habitantes en 2024) o la necesidad de 35.316 nuevas viviendas, sino que "hace suya" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ya estableció que el diseño estaba "motivado y justificado". Los 13 magistrados que han evaluado el PGOU (10 en el Supremo y tres en el TSJC) han "avalado de forma unánime la legalidad" del esquema.

Por este motivo, Díaz criticó a "todos aquellos que dijeron que el Plan había sido anulado por ser especulativo, basado en un desarrollismo insostenible y elaborado sobre previsiones falaces". Ahora se demuestra "que estas afirmaciones eran oportunistas y que sólo buscaban réditos políticos".

"Dudo mucho", agregó, "que exista otro Plan General de una ciudad similar a Santander con un consenso y un respaldo parecido al que hubo aquí, ya que pasó de más de 4.235 alegaciones en su primera información pública a sólo algo más de 150 en la última".