El "arrepentimiento" de los involucrados, clave para que el fraude de Santillana eluda el juzgado

El fraude de los tiques de aparcamiento se cometiócon los vehículos que estacionaban en los espacios municipales habilitadospara tal fin.
El fraude de los tiques de aparcamiento se cometiócon los vehículos que estacionaban en los espacios municipales habilitadospara tal fin. / Javier Rosendo
  • El Ayuntamiento afirma que el reconocimiento de los hechos por parte de seis trabajadores fue lo que le llevó a depurar de forma interna el caso

El fraude descubierto con los tiques de aparcamiento en que están involucrados seis trabajadores del Ayuntamiento, incluido un agente de Policía Local, es el gran tema de conversación estas semanas en las calles de Santillana del Mar. Un latrocinio valorado en 28.000 euros –entre el dinero sisado por los empleados y los pases de estacionamiento que aún tenían para comercializar– en el que han emergido numerosas preguntas entre los vecinos, arrancando por los motivos por los que el equipo de gobierno liderado por Isidoro Rábago (PSOE) no ha llevado el caso directamente ante la Guardia Civil o a los tribunales y ha emprendido, en cambio, un procedimiento interno que puede acabar en el despido de los implicados o en una suspensión de empleo y sueldo durante unos meses. En este último interrogante ha sido clave, según fuentes conocedoras del proceso, «el arrepentimiento e inmediata devolución» de los fondos desfalcados, así como el reconocimiento de los hechos por parte de seis de los trece efectivos que de forma periódica se turnaban para cobrar a los visitantes por dejar sus vehículos en los espacios reservados ‘ad hoc’ de la localidad.

Otra de las grandes preguntas pivota en torno a cómo en el Consistorio se dieron cuenta de que les estaban robando durante toda la temporada estival. Según fuentes municipales, la alarma saltó en agosto, cuando tras unas copas de más en la barra de un bar del pueblo, uno de los involucrados habló más de la cuenta, ‘bravata’ que fue transmitida a los actuales gestores del Ayuntamiento. Sin embargo, todas las alertas saltaron a los pocos días, cuando efectivamente uno de los trabajadores hizo entrega de los tiques sobrantes de la jornada y la numeración de éstos no se correspondía con los que la tesorera municipal había validado para tal fin.

Porque el ‘modus operandi’ empleado en la estafa deja bien a las claras una cierta «ausencia de control» de los talonarios que contenían los resguardos que se entregaban a los conductores tras haber pagado por una plaza de aparcamiento. En las dependencias del Consistorio se custodiaban todos los tiques, una cantidad que se contaba por miles y que todas las temporadas estivales acostumbraba a exceder de la que se vendía de forma efectiva. Por este motivo, la Casona validaba las series iniciales, dejando al parecer las últimas sin el sello correspondiente. Los trabajadores participantes en la estafa presuntamente se hicieron con matrices que contenían los últimos números de la tirada de 2016 y que en principio no se iban a comercializar, por lo que las fueron ‘colando’ entre los turistas de forma progresiva.

Es decir, seis de los trece empleados de Santillana que entregaban el tique a cambio del dinero tenían en su poder los talonarios ‘oficiales’ y los otros, de manera que por cada determinado número de vehículos iban cobrando con los que habían hurtado y ése era el dinero que posteriormente se quedaban supuestamente. Cada jornada, tras acabar la tarea, la recaudación se ingresaba en el banco, movimientos que se confirmaban al final de la campaña veraniega. Obviamente a la cuenta municipal sólo iban los fondos obtenidos con los resguardos validados por tesorería, mientras que la otra parte tenía como destino el bolsillo de los trabajadores implicados.

Investigación ‘in situ’

Cuando el Ayuntamiento se percató de que uno de los operarios había reintegrado un talonario no autorizado arrancó una investigación que se prolongó durante buena parte de septiembre. Personal de Santillana se paseó por los aparcamientos fotografiando los tiques que reposaban en los salpicaderos de los vehículos. Para su desgracia, comprobaron que varias de las numeraciones deberían estar en un cajón municipal y no siendo comercializadas.

A partir de ahí, ya con las pruebas en la mano, se convocó a los 13 trabajadores, partiendo por el empleado que se había equivocado en la devolución de los resguardos en la Casona. Al verse pillado con las manos en la masa, fuentes conocedoras del caso aseguran que lo confesó de inmediato.

Uno a uno fueron pasando por los despachos del Consistorio todos los operarios para ser interrogados y los autores del desfalco reconocieron sus actuaciones irregulares y devolvieron todo lo hurtado al municipio. En concreto, el botín sisado ascendía a «unos 12.000 euros» según fuentes municipales, mientras que el resto hasta los 28.000 correspondía a los tacos que aún tenían disponibles para vender.

Aquí está la clave, según el equipo de gobierno, para no haber ido directamente a la Benemérita o al juzgado. El citado «arrepentimiento» y el haber facilitado las cosas al Ayuntamiento tras reconocer el fraude. Según las mismas fuentes, esta actitud impidió que solo el operario descubierto cargase con toda la responsabilidad. De hecho, el dinero se entregó de forma inmediata, hasta el punto de que faltaba algo hasta los mencionados 12.000 euros que fue igualmente repuesto días después. Las pesquisas internas igualmente coligieron que el resto de compañeros, «pese a ver alguna cosa rara», no estaban al tanto de estas corruptelas.

Mientras el gabinete de Rábago asegura que actúa según le dictan los servicios jurídicos municipales y que la oposición ha estado informada desde el momento en que se acumularon pruebas sólidas, otras fuentes cercanas al proceso matizan que una vez que la Guardia Civil de Santillana conoció el caso y también tuvo los mimbres para armar una investigación remitió los papeles a sus colegas de Santander. Un portavoz oficial del Instituto Armado en la capital autonómica precisa que no se han instruido diligencias por el momento al no haber denuncia. Otra cuestión es que el fin del expediente interno que va a instruir el interventor municipal concluya que los hechos acaecidos durante el verano merecen un castigo mayor que una suspensión temporal o la extinción del contrato.

En el equipo de gobierno se estima que el expediente puede estar concluido en un mes aproximadamente aunque, eso sí, la decisión última sobre el futuro del personal involucrado deberá ser sometida a votación en Pleno.