El juez mantiene la orden de desahucio del complejo deportivo Óscar Freire

Velódromo del complejo deportivo Óscar Freire. /Luis Palomeque
Velódromo del complejo deportivo Óscar Freire. / Luis Palomeque

El Ayuntamiento no descarta alcanzar un acuerdo con Sniace antes del 10 de julio, fecha en la que está fijada el alzamiento

David Carrera
DAVID CARRERATorrelavega

El Ayuntamiento de Torrelavega y Sniace se vieron ayer las caras en un juicio verbal en el que ambas entidades mantuvieron sus diferencias en torno al aprovechamiento de los terrenos del complejo deportivo Óscar Freire. Con las posturas enfrentadas y si no hay un acuerdo previo entre las partes litigantes, el juez mantiene la orden de desahucio por la que el Ayuntamiento torrelaveguense deberá abandonar las instalaciones deportivas, propiedad de Sniace, el próximo 10 de julio. Esta es la fecha fijada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Torrelavega para el alzamiento de los bienes que el Consistorio ha estado explotando los últimos años en régimen de alquiler y que ahora reclama la empresa.

Este Juzgado ha ordenado el desahucio del complejo deportivo Óscar Freire, tras la demanda presentada por Sniace en la que reclama al Ayuntamiento el pago de casi 900.000 euros por el alquiler de estas instalaciones. En un auto dictado el pasado 13 de febrero el juez requiere al Ayuntamiento de Torrelavega a que realice de forma voluntaria el abandono y utilización de las instalaciones, celebrándose ayer el juicio en el que ambas partes mantuvieron sus diferencias. A la espera de que en los próximos días se conozca la sentencia, el Juzgado informa a las partes -empresa y Ayuntamiento- de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el litigio, incluido el recurso para una mediación.

El proceso judicial comenzó en enero de este año cuando Sniace presentó una demanda de desahucio contra el Consistorio, por impago de rentas (870.000 euros) correspondientes al contrato de arrendamiento del complejo deportivo Óscar Freire y las antiguas escuelas del barrio San Gil, cedidas en la actualidad a la ONG Amica. La demanda por impago de rentas se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la ciudad, y además del pago de la deuda reclamaba que los tribunales fijen una fecha para el desalojo.

Consistorio y empresa mostraron ayer sus posturas enfrentadas durante el juicio verbal

La empresa exigía al Ayuntamiento que abandone las instalaciones, en las que ha hecho inversiones millonarias, y que se fijara fecha para el alzamiento de sus bienes. En su defensa, el Ayuntamiento esgrime que las rentas están pagadas hasta el pasado 19 de abril por «compensación de deudas» y recuerda que se está tramitando un expediente expropiatorio que afecta a estas instalaciones deportivas.

Por su parte, Sniace recuerda que es propietaria tanto del complejo deportivo como de las antiguas escuelas y que firmó en 1999 un contrato de arrendamiento con la entonces alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, para destinar las instalaciones a uso deportivo y social. El plazo de vigencia del convenio se fijó en 12 años, por lo que expiró en 2011, concretamente el 20 de abril. Después, el contrato se ha ido prorrogando de forma automática desde entonces ante la falta de denuncia por las partes.

Una vez cumplida la fecha de vigencia del convenio, la empresa notificó al Ayuntamiento el vencimiento del mismo, solicitando la puesta a disposición de la empresa de las instalaciones deportivas y del edificio de las antiguas escuelas. Según indica la demanda, el Consistorio hizo caso omiso del requerimiento, obligando a Sniace a reiterar la solicitud al menos en tres ocasiones, no recibiendo «contestación alguna». Mientras tanto, el Ayuntamiento ha seguido utilizando las referidas instalaciones «sin atender contraprestación alguna», siempre según la versión de Sniace.

870.000 euros

La misma que apunta que después de cinco años de «absoluto silencio», el Ayuntamiento se pronunció y preguntó a la empresa por las cantidades que reclama, a lo que ésta respondió cifrando los «daños y perjuicios» que le habían sido ocasionados en unos 870.000 euros por distintos conceptos y ejercicios.

Finalmente, el Ayuntamiento reconoció una deuda de 531.000 euros por los seis años de disfrute de las instalaciones desde que finalizó el convenio, que se daba por prorrogado. «Lo sorprendente de dicha resolución -explica Sniace- es que, si bien reconoce mi pretensión de que desaloje el complejo que viene utilizando a pesar de que el contrato expiró hace más de seis años, me invita a que interponga la presente demanda para darle efecto al desahucio». Mientras tanto, en una resolución posterior, el Consistorio calculaba los intereses devengados y los declaraba «compensados» junto con el principal por las deudas concursales de la empresa. En concreto, acordó compensar la cantidad principal más los intereses (599.000 euros) y, por tanto, daba por pagado el alquiler de las instalaciones «hasta el 20 de abril de 2017».

Sniace dice que, superada esta fecha, el Consistorio sigue ocupando las instalaciones a la espera de que «se ejercite la facultad jurídica de orden de desahucio que corresponde al arrendador».

A la espera de resolución sobre el juicio oral celebrado ayer y que se ha abierto tras la reclamación de Sniace, el Ayuntamiento confía en que los tribunales respalden su planteamiento, al mismo tiempo que los técnicos municipales aprecian algunas incorrecciones en la demanda presentada por la empresa. Aunque en los próximos días se conocerá la sentencia, fuentes municipales consideran que es probable que el juez dé la razón a la empresa y el Ayuntamiento se vea obligado a abandonar las instalaciones deportivas.

Sin embargo, de forma paralela y ante la falta de acuerdo con Sniace, el año pasado el Ayuntamiento abrió un expediente de expropiación de estos terrenos, cuya continuidad reafirmó el equipo de gobierno y en el que siguen trabajando los técnicos para responder a las alegaciones presentadas por la compañía.

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