El cierre de la residencia desata la «indignación» de los vecinos

El cierre de la residencia de Cazoña el próximo verano ha levantado una polvareda de «indignación» entre los vecinos del barrio, que ven en esta operación un «pelotazo urbanístico» diseñado entre Caja Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, en palabras del vicepresidente de la asociación de vecinos, Luis Ángel Huerta. «Luego hablan de participación ciudadana, pues con los 12.000 vecinos de Cazoña no han contado para tomar esta decisión», se quejó.

Como adelantó ayer este periódico, los 191 ancianos que actualmente viven en el inmueble serán trasladados en seis meses al Residencial Ecoplar, un complejo diseñado para la tercera edad ubicado en Maliaño. Debido al cese de actividad, la Obra Social de Caja Cantabria, propietaria del inmueble, solicitó al Consistorio que incluyerá en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) una recalificación del suelo. Así, este pasó de 'asistencial sanitario privado' a 'residencial'. A cambio, la Caja se comprometió a ceder al Consistorio los 6,9 millones de euros de plusvalías generados por ese cambio de consideración. Ese dinero tendrá que invertirse, obligatoriamente, en 'mejorar las dotaciones vecinales', según se lee en el acuerdo.

Desde la Asociación Amigos de Cazoña se mostraron ayer «en contra» tanto del cierre de la residencia como de la operación urbanística. Según Huerta, los terrenos que en su día formaban Cazoña fueron expropiados a la fuerza para levantar viviendas sociales y dotaciones. Esa limitación sigue vigente en la mayor parte de los edificios del barrio, pero en la parcela de Caja Cantabria se ha eliminado este condicionante y podrán construirse viviendas libres, explicó el vicepresidente de la agrupación. «En esa operación ha habido algo raro, el dinero es muy goloso, por eso pedimos a la Crotu que no lo apruebe», señaló.

«Ni un euro del Plan E»

Las quejas de los vecinos no se limitan sólo a los detalles urbanísticos, sino a la pérdida de un servicio que llevaba funcionando en Cazoña 37 años. «Nos estamos haciendo mayores y en el barrio no tenemos nada. Siempre estamos por detrás. Aquí no ha entrado ni un solo euro del Plan E. Ahora se van a llevar 6,9 millones de euros por las plusvalías. ¿Hay algún documento que diga que ese dinero va a revertir en Cazoña? No se lo cree nadie que esos millones se van a utilizar en el barrio», auguró Huerta.

La agrupación vecinal no piensa quedarse quieta mientras las instituciones «dificultan» las visitas de los familiares a los ancianos mandándolos fuera de la ciudad. El portavoz anunció que se empapelará el barrio con folletos para que la gente tenga toda la información sobre el cierre de la residencia. La segunda fase de su plan serán las movilizaciones para «entre todos» conseguir parar la operación. «Nos sentimos impotentes y sólo unidos podremos frenarlo», dijo el vicepresidente de la agrupación.

Huerta también recordó que en 2003 se recogieron firmas para eliminar las dos antenas de telefonía móvil situadas encima del edificio de la residencia, ya que una tiene la licencia denegada y la otra opera sin ella, aseguró. «La ley no permite que se instalen esos aparatos en geriátricos», indicó este vecino, por lo que la asociación presentó varias denuncias en el registro del Ayuntamiento que «no tuvieron contestación».