Los abogados reclaman una subida de los honorarios del turno de oficio

El Colegio de Abogados de Cantabria reivindicó ayer, en el contexto del Día de la Justicia Gratuita, el trabajo de los 542 letrados adscritos en Cantabria al turno de oficio, para quienes reclamó unas compensaciones «más dignas» por los servicios que prestan por asistir a presos y detenidos, procesos penales y civiles representando a personas con escasos recursos económicos.

«El turno de oficio supone una importante labor que da respuesta a una elevada demanda de los ciudadanos», señaló el decano de la entidad colegial, Andrés de Diego, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita, María José Puente Portilla.

El decreto que regula las cuantías de los honorarios por estos servicios, llamadas indemnizaciones, es de 2008 y ascienden a 66,10 euros por asistencia a un preso o detenido; 300 euros por un proceso penal íntegro y 264 por uno civil. El actual Ejecutivo las ha actualizado un 7% en 2017 y un 0,6% más en este 2018 pero siguen siendo «escasamente dignas».

El decano consideró insuficiente este incremento y aseguró que «todavía falta por negociar una mayor subida, cercana a un 30% más». Para ello, se ha puesto en marcha una comisión mixta con el Gobierno regional que revisará estas cuantías y actualizar los procedimientos para ampliar las especialidades.

Durante la lectura de un manifiesto que tuvo lugar frente a la catedral, el colegio de abogados urgió al Gobierno regional a «acometer reformas en el sistema de asistencia jurídica gratuita para dar estabilidad y dotarle de medios suficientes».

Además, la abogacía destacó en la lectura del manifiesto que se siente «orgullosa de los profesionales que colaboran cada día a través de los servicios de orientación jurídica gratuita para paliar la crisis humanitaria que existe, una grave situación que viven miles de seres humanos que atraviesan los procesos migratorios».

Otro de los puntos recogidos en el documento público fue el Pacto de Estado por la Justicia, que consideran «el canal para consolidar este servicio gratuito a fin de obtener el compromiso político de los partidos y administraciones públicas y garantizar los derechos de los más desfavorecidos».

Los abogados de oficio en la región gestionaron 10.728 casos de materia penal, civil, separaciones matrimoniales, desahucios o reclamaciones hipotecarias y orientación legal a personas inmigrantes, entre otras materias. El Gobierno regional destinó a este servicio de justicia gratuita 1,9 millones de euros, un 2,3% más que en 2016, cantidad que no fue cubierta, por lo que el colegio devolvió a la Administración más de 100.000 euros. Ordenadas por materias, se gestionaron 5.629 casos en materia penal, 4.697 civiles, 174 contencioso-administrativos y 228 de lo social, a los que se sumaron otros 3.361 relativos a asistencia letrada y 236 de violencia de género.

La facturación ascendió a 1.289.209 euros en turno de oficio (795.973 euros correspondientes a asuntos penales, 453.420 a civiles, 22.651 a contenciosos-administrativos y 17.165 de los social), más 284.346 euros por asistencia letrada y 73.987 por casos de violencia de género.