Alianza extraordinaria de pescadores, ganaderos y agricultores cántabros contra los recortes de la UE

Tanto la PAC como la PPC son políticas europeas que permiten regular la sostenibilidad de los recursos naturales, mantener unos estándares de calidad y ayudar a la viabilidad económica de unos sectores que cada día afrontan mayores dificultades para su supervivencia. En el caso de la primera, vio la luz en 1962 para garantizar el suministro de alimentos en la Europa de la posguerra, mientras que la segunda se puso en marcha en 1983 para establecer un sistema común para la gestión y explotación de los recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados miembros.

Esta situación límite ha llevado a una respuesta «unánime»de todos los colectivos que representan al sector primario. Para ello, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, junto a las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, federaciones de Razas Cárnicas y AFCA, suscribieron el pasado 6 de octubre una declaración institucional conjunta para manifestar su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea. Las dos partes firmantes ratificaron en una carta remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que «la propuesta es regresiva, insuficiente y perjudicial para el medio rural cántabro, ya que contempla un importante recorte presupuestario que pone en riesgo el futuro del sector agrícola y ganadero».

Una semana más tarde, en la jornada de ayer, fue el turno de los representantes del sector pesquero cántabro los que quisieron dejar constancia por escrito al MAPA, con otra carta, que rechazaban la propuesta de financiación. La consejera de Pesca, por su parte, calificó la situación como «regresiva e injusta con las regiones costeras», alertando de que «una reducción del 67% del presupuesto es absolutamente inasumible para una comunidad como Cantabria, donde la pesca representa no solo una actividad económica estratégica, sino también un modo de vida ligado a nuestra identidad».

Todo estas actuaciones se sumaron a la proposición no de ley (PNL) presentada por el PP y debatida durante el pleno celebrado ayer del Parlamento y en la que se instaba al Gobierno de España a la oposición y el bloqueo de la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

«La futura PAC supondrá perder 72 millones de euros para el sector agroganadero cántabro en todo el periodo y los cambios en el modelo de financiación pesquera supondrán unas pérdidas de 10 millones de euros para nuestros pescadores», aseguró la diputada regional y portavoz de Ganadería del PP, Belén Ceballos, desde el atril parlamentario.

Pese a las críticas recibidas por parte de la oposición, en las que se destacó, entre otras cosas, la vinculación con Ursula Von der Leyen –a través del Partido Popular Europeo–, la PNL salió adelante con 27 votos a favor (PP, PRC y Vox) y 7 abstenciones (PSOE).

«Supone un mazazo para los ganaderos y agricultores cántabros», confiesa Luis Pérez, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG). Pérez fue más allá y explica que participan en la firma de esa declaración institucional para luchar contra esos recortes, que con la actualización del IPC se dispararían al 33%. «Lo que no entendemos es que en Europa se cierran 800 granjas y se prima antes el gasto armamentístico que la alimentación. Se utiliza al campo como moneda de cambio y se decide externalizarlo a países terceros con dudosas medidas de seguridad».

El presidente de Asaja Cantabria, Manuel Herrero, también rubricó esa carta y comparte su opinión crítica con el giro que está dando la Unión Europea, haciendo suya la frase pronunciada por el presidente de la asociación a nivel nacional, Pedro Barato: «Se cambian tractores y alimentos por tanques y balas». Herrero señala que esa pérdida «va a estar muy por encima del 22%» y puede tener duras consecuencias: «Entendemos que va a ser la desaparición de un porcentaje muy alto de las explotaciones agrarias y ganaderas de Cantabria». Además, subraya que los pagos de la PAC por hectárea van a ser «una pérdida bastante mayor que lo que lo que ya decían en la anterior reforma».

En esa misma línea se pronuncia Alberto Pérez, secretario general en Cantabria de UPA, que suscribió la declaración y apoya un frente común para rechazar los recortes y mantener el presupuesto actual. «Puede que estos recortes vayan para otros temas como el armamentístico», valora. «La realidad es que el sector primario de Europa tiene que ser un sector fuerte, con presupuesto, e intentar fomentar desde la propia Comisión Europea que haya relevo generacional, porque al final cada vez somos menos agricultores y ganaderos y necesitamos que haya un plan para que se incorpore gente, con lo que estos recortes no son precisamente el camino adecuado».

Desde el sector pesquero, una de las personas que estuvo presente ayer en la firma del documento fue el presidente de la Cofradía de Colindres, Sergio Valle. «Lo que pretende Bruselas es eliminar todas esas partidas, mandar un único paquete de dinero al Gobierno central y luego, según las características que presente cada provincia, se reparta. Seguramente a Cantabria, con la situación de nuestra flota, quedaríamos reducido a cero», sostiene. «Hemos decidido con esta carta unir nuestras fuerzas y firmar en forma de rechazo», concluye.