El alquiler social y asequible como una solución al problema de exclusión residencial

Saray Ceballos

Sin duda, el mercado inmobilario español ha mostrado siempre una clara tendencia hacia la propiedad. Pero lo cierto es que por distintos factores, principalmente económicos, la realidad está situando al alquiler como la única posibilidad para conseguir el acceso a una vivienda. Sin embargo, los datos demuestran que esta tampoco es cien por cien la solución perfecta. Y es que, independientemente de si es propiedad o no, son muchas las familias que no pueden asumir los gastos que una vivienda conlleva. En Cantabria, el 30% de la población se ha visto obligada a reducir los gastos de suministros (electricidad, agua y gas), teléfono, televisión o internet, mientras que el 6,9% se ha visto sin dinero suficiente para sufragarlos.

En esta contextualización comenzó su intervención Eugenia Gómez de Diego, directora general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, durante la segunda sesión del 'Ciclo de Vivienda', organizado por El Diario Montañés, con el apoyo de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y presentada por la periodista Alicia del Castillo. Bajo el título 'Garantizar el acceso a la vivienda', el encuentro, en el que también participaron Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, y Loreto Novoa, representante de la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social – EAPN Cantabria, tuvo un claro consenso: existe una necesidad de desarrollar políticas públicas que reconozcan a la ciudadanía el derecho a una vivienda digna y adecuada y donde el alquiler social se presente como un pilar fundamental.

Uno objetivo al que van orientado las actuaciones del departamento que dirige Gómez de Diego. «Todo nuestro esfuerzo presupuestario está volcado en la ampliación del parque público de vivienda, las ayudas económicas de alquiler y la rehabilitación», explicó. Pero el «impulso fundamental» será la próxima Ley de Vivienda que «va a ser el paraguas que garantice y desarrolle el derecho de disfrute de una vivienda digna y adecuada en Cantabria.

Será un precepto que sigue los pasos del aprobado en el año 2015 por el Gobierno Vasco y que «obliga al ejecutivo a adjudicar una vivienda del parque público en alquiler», definió Yoldi.

Sin embargo, ambos coincidieron en que actualmente, tanto en Cantabria como en la comunidad vecina, el volumen de este parque es insuficiente para satisfacer la demanda. «Para el 2030, queremos multiplicar por diez la oferta pública de alquiler asequible, alcanzando una cifra de 3.000 viviendas públicas», señaló Gómez de Diego. También hubo opinión unánime a la hora de explicar cómo lograrlo. «Debemos utilizar todas las vías posibles, no solo la nueva promoción sino también la captación de vivienda deshabitada», propuso el también economista vasco. Mientras que se consigue esta solución «a largo plazo», en el Gobierno Vasco «como alternativa establecimos una prestación complementaria para ayudarles a pagar un alquiler libre».

En el caso de Cantabria, la secretaria general habló sobre una nueva línea de ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Y es que otra de las conclusiones del encuentro fue que «ahora mismo, la vivienda es el factor de inclusión más importante que tenemos», en palabras de Yoldi, «incluso por encima del empleo», según Loreto Novoa.

La realidad es que según el último informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España, el 23,7% de la población está afectada por algún indicador de exclusión en la dimensión de la vivienda. En el caso de Cantabria, el 2,3% reside en una vivienda insegura y el 5,6% lo hace en una inadecuada. «La vivienda es el determinante social más importante para explicar los procesos de exclusión social y de la situación de pobreza», afirmó la representante de Cáritas. «El problema que tenemos es que siempre hemos tenido una mirada coyuntural en vez de estructural. Una mirada que, en muchas políticas, sigue estando en la vivienda como un bien y no como un derecho».

Incidiendo en «un escaso e inadecuado parque de vivienda pública y social», Novoa enfatizó en la falta de políticas públicas «basadas en el derecho humano» y la interacción de todos los derechos en coordinación con el resto de políticas económicas, sociales, sanitarias y urbanísticas. «En Cantabria es altamente improbable alquilar una vivienda si tus ingresos provienen de una renta social ya que no son garantía para quien te lo arrienda». A esto se suma la figura del «trabajador pobre», que aunque cuenta con un empleo no tiene suficientes ingresos para contar con una vivienda segura. «Seamos realistas, las personas con rentas bajas, cuando el importe del alquiler le supone el 30% de lo que cobra, con los suministros aparte, llega un momento en el que o come o paga», sentenció.

En este contexto, los representantes de ambos ejecutivos incidieron en el esfuerzo que se está haciendo para conseguir con éxito el pago puntual de las ayudas. Además, el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco puso sobre la mesa el papel que deben adoptar las administraciones públicas.«Tenemos que mandar un mensaje al mercado privado sobre el precio del alquiler. Debemos controlarlo con políticas fiscales, mecanismos que favorezcan que haya alquileres asequibles, y quien quiera jugar en condiciones duras de mercado que no tenga ninguna desgravación ni ayuda por parte de los contribuyentes».

El próximo miércoles, 4 de febrero, se pondrá fin a este 'Ciclo de Vivienda' con la tercera mesa de debate titulada 'Rehabilitación y regeneración urbana'. Sobre este tema, expondrán sus opiniones y experiencias Juan Requejo, codirector del Plan de gestión para el casco histórico de Santiago de Compostela; Patricia Molina, Antena en el País Vasco del Observatorio Ciudad 3R, e Investigadora Líder del Laboratorio de Transformación Urbana en Tecnalia Research & Innovation; y Alicia García Gómez, responsable de la oficina técnica del Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria.

Asimismo, el encuentro contará con la intervención de David de Lucas, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Pablo Zuloaga, vicepresidente del Gobierno de Cantabria, que será el encargado de clausurar este ciclo.

Como en las anteriores ocasiones, la cita será en formato digital y podrá seguirse en directo, a partir de las 10.00 horas, en la web de El Diario Montañés.