Ángel Pérez-Maura, en mitad del fuego cruzado por las escuchas de Villarejo

Ángel Pérez-Maura./DM
Ángel Pérez-Maura. / DM

La Audiencia Nacional investiga si el empresario cántabro contrató al excomisario para frenar su extradición a Guatemala, país que le reclamó por corrupción

Daniel Martínez
DANIEL MARTÍNEZSantander

Unos días antes de que se hiciera pública la polémica conversación entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario José Miguel Villarejo -una de las figuras más destacadas de las 'cloacas del Estado'-, el digital El Confidencial publicó una información sobre su presunta implicación en un posible caso de trato de favor. La filtración, que se ha interpretado como un chantaje a la ministra y al Gobierno de Pedro Sánchez, hablaba del intento de un empresario de evitar su extradición a Guatemala, donde la Justicia del país centroamericano lo reclamaba por un caso de corrupción.

Para evitarlo, contrató los servicios de Villarejo para que hiciera todo lo que estuviera en su mano para frenar el proceso. Su labor se centraría en usar su relación con Delgado y con el exjuez Baltasar Garzón para lograr este objetivo. Ese empresario era el naviero cántabro Ángel Pérez-Maura. Más allá de las informaciones periodísticas, la Audiencia Nacional investiga cuánto hay de realidad en estas afirmaciones, pero por el momento descarta que Delgado y Garzón jugaran algún papel y no ha trascendido ninguna prueba que confirme su intervención.

De esta forma, el nombre del presidente del Grupo Pérez y Cía vuelve a salir a los medios y también su presunta implicación en el caso de corrupción en el que se movieron, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), hasta 30 millones de dólares en sobornos destinados, en su mayoría, al expresidente Otto Pérez Molina. La investigación arrancó en 2016 y se centraba en la adjudicación irregular al entorno del empresario cántabro de la construcción y gestión de una nueva terminal en el principal puerto del país. Un contrato de al menos 25 años y una gran actuación en tres fases cuya inversión alcanzaría los 255 millones de dólares, como precisa el Ministerio Público guatemalteco.

El negocio naviero, la base de su fortuna

Ángel Pérez-Maura es el mayor de los hermanos de una de las familias con mayor tradición empresarial de Cantabria, la que formaron Jaime Pérez-Maura y Elena García Botín. La mayor parte de la fortuna de la saga se debe al negocio naviero fundado en 1853. El grupo Maritim TCB, perteneciente a Pérez y Cía y adjudicatario de la obra que se investiga, era el principal operador portuario de capital español con concesiones en varios países. En 2016, antes de que estallara el caso en el que está implicado el expresidente guatemalteco, TCB fue vendido a la holandesa APM Terminals.

«Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos», explica la Fiscalía, que también señala que «esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito». En ese momento, se detuvo a 15 personas y se emitió una orden de captura internacional contra Pérez-Maura por asociación ilícita, cohecho activo y fraude, así como contra otras cinco personas que en ese momento no se encontraban en el territorio, por lo que se pidió a España su extradición. Según El Mundo, el cántabro tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por aquellos hechos, pero quedó en libertad a pesar de que, según este mismo periódico, fue él quien «dio el visto bueno al suculento negocio».

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La investigación de la Fiscalía de Guatemala concreta hasta el supuesto «cronograma» de los pagos que pactó Pérez-Maura con sus interlocutores. De los 30 millones de dólares, 24,5 tenían que ir para el «socio local» -el presidente y la vicepresidenta del país-, otros cinco para unos socios argentinos y el montante restante para «gastos». «Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación. Intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ; promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación», defiende el Ministerio Público del país centroamericano.

Sigue el proceso

Hace dos años, cuando el caso saltó a la opinión pública en Guatemala, el diario local Plaza Pública recogía que el calendario de pago de «sobornos» no pudo completarse al completo. Eso sí, en los primeros tres años la empresa habría entregado a los beneficiarios 10 millones de euros en efectivo, de los cuales siete habrían correspondido al expresidente del país Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, que en ese momento entraron en prisión de manera preventiva.

El dato

30
millones de euros en sobornos pactó la empresa de Pérez-Maura, según la Fiscalía de Guatemala.

El Mundo va más allá y narra un episodio que se recoge en la documentación judicial. Relata la llegada de un camión repleto de dinero con sobres embalados que acaba en el despacho del máximo mandatario del país. La Fiscalía de Guatemala considera que las pruebas contra el empresario cántabro son más que suficientes -en el libro de visitas del expresidente hay hasta tres encuentros con el responsable del Grupo Pérez y Cía supuestamente para negociar esos pagos- para llevarle a juicio, pero la Audiencia Nacional denegó su extradición, aunque abrió una puerta a investigar el asunto en España. Ahora, también se debe concretar si en esta decisión influyó la supuesta intermediación de Villarejo en su favor.

 

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