La Asociación de Viviendas de Uso Turístico demanda ante el TSJC el decreto del Gobierno cántabro

Según detalla este colectivo, la decisión se apoya en un informe elaborado por una empresa especializada en el sector que concluye que la aplicación del decreto supondrá para Cantabria un daño económico de 1.015 millones de euros en solo dos años y la destrucción de 2.371 empleos anuales, además de una fuerte sobrecarga administrativa en los ayuntamientos. Esta asociación considera de que el decreto «golpea de lleno un modelo no especulativo» y alega que la mayoría de las viviendas de uso turístico en Cantabria «son segundas residencias de propietarios locales, viviendas familiares que se alquilan para complementar ingresos, pagar hipotecas o mantener vivo un patrimonio en pueblos y barrios donde apenas hay otra oferta».

«Este tejido de pequeños propietarios sostiene una economía de proximidad que da trabajo a empresas de limpieza, mantenimiento, reformas, comercios y hostelería en 100 de los 102 municipios de la región», argumenta Avutcán, que apunta además que la retirada forzada de hasta un 62% de la oferta de viviendas turísticas «significa vaciar de visitantes muchos pueblos del interior, recortar ingresos en tiendas, bares y restaurantes, y romper la cohesión territorial, concentrando todavía más el turismo en Santander y en la franja costera mientras el medio rural pierde oportunidades y se empobrece».

En su demanda, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico recuerda que el Consejo de Estado ya advirtió las debilidades del decreto antes de su aprobación y apuntó la «falta de un análisis jurídico completo, ausencia de cualquier valoración económica real y ninguna evaluación seria de las cargas administrativas que recaerían sobre ayuntamientos y ciudadanos».

Pese a esas advertencias formales, Avutcán ha criticado que el Gobierno de Cantabria «decidió aprobar el decreto sin corregir las carencias señaladas, sin una memoria de impacto rigurosa y sin medir los riesgos que generaba».