Buruaga insiste sobre la condonación de la deuda: «No es una quita, es un engaño colosal»

Lo primero, la condonación de parte de la deuda autonómica propuesta por el Gobierno de España a los Ejecutivos regionales, lo puso sobre la mesa parlamentaria la portavoz del Grupo Regionalista, Paula Fernández-Viaña, que subió al atril a la presidenta para preguntarle si Cantabria va a acogerse o no a esa condonación, estimada en 809 millones de euros.

«Alto y claro», Sáenz de Buruaga repitió una vez más que «no». «Cantabria no va a caer en la trampa de la condonación, primero, porque es una gran mentira, y segundo, porque es un negocio ruinoso para los cántabros, a los que yo he jurado defender», afirmó la mandataria.

En su turno de réplica, la regionalista reprochó a la popular «que en su respuesta no haya dado datos para justificar ese 'no'» y «que se haya limitado a repetir el argumentario que le han enviado desde Génova».

«Es que no hay quita, no existe», replicó Sáenz de Buruaga. «Solo hay más deuda porque la deuda no desaparece, la deuda simplemente cambia de manos. Después de esta maniobra trilera, cada cántabro deberá 461 euros más como español para que los catalanes paguen 300 menos. ¿No quería usted datos? Pues ahí tiene datos», dijo la presidenta. «¿A usted esto le parece una quita? Porque a mí me parece que es un engaño colosal, una auténtica tomadura de pelo», añadió negando que la decisión sea fruto del seguidismo a su partido y asegurando que, al contrario, «se trata de un ejercicio de responsabilidad».

Lo segundo, la inversión en vivienda pública, se lo planteó el portavoz del Grupo Socialista, Mario Iglesias, que quería saber «cómo pretende su Gobierno conseguir los 91 millones de euros para invertir en vivienda pública si se rechaza el acuerdo del Gobierno de España».

La presidenta, que al respecto negó que haya ningún acuerdo, «siquiera hay una negociación abierta», dijo que lo único que hay «es una obsesión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de cortocircuitar las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda» porque, por no haber, añadió la popular, «no hay presupuesto y no hay vivienda».

Y lo tercero, el modelo de suministro energético definitivo sobre el que se asentará el Proyecto Altamira, se lo cuestionó la portavoz de Vox, Leticia Díaz, a la que Sáenz de Buruaga contestó que ese proyecto tecnológico, que ella misma definió como «un proyecto firme y sólido, ganador, que cuenta con un promotor muy serio dispuesto a invertir 3.600 millones en la región», también es un proyecto flexible que está dividido en tres fases que van a necesitar 100, 300 y 500 megavatios de potencia eléctrica respectivamente.

El Pleno del Parlamento ha aprobado en su sesión de hoy una proposición no de ley contra la subida de las tarifas aeroportuarias para el año 2026, iniciativa presentada por el PP que apoyaron el PRC y Vox –el PSOE optó por la abstención– y en la que los populares exigen a AENA y al Gobierno central un cambio en la estructura tarifaria de los aeropuertos «que tanto perjudica» al aeródromo Seve Ballesteros, según el popular Alejandro Liz, que afirmó que Cantabria es «la víctima de la guerra abierta» con Ryanair».

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su rechazo al reparto de menores no acompañados que el Ejecutivo central ha impuesto a las comunidades autónomas y que contempla la próxima llegada a la región de un total de 156 migrantes a los que, en cualquier caso, «no vamos a dejar tirados». Eso ha dicho la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, en respuesta a una interpelación sobre la contradicción que según Vox supone presentar un recurso contra el decreto y publicar después en el BOC una resolución flexibilizando los límites de capacidad de los centros para acoger a los que vengan.

El Parlamento de Cantabria aprobó hoy por unanimidad una propuesta trasladada por del Grupo Socialista para instar al Gobierno autonómico a aprobar los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de todos los parques naturales de la comunidad autónoma, «con participación social y política». Así lo ha explicado el diputado socialista Pablo Zuloaga durante su turno de defensa de una proposición no de ley con la que «se busca generar soluciones en vez de confrontaciones» y en la que ha denunciado que más del 80 por ciento de los espacios naturales funcionan sin un marco legal.