Cantabria ampliará las indemnizaciones para víctimas de ETA a herederos y secuestrados

Para acceder a estas subvenciones, los solicitantes tenían que acreditar ser víctimas –en cualquiera de esas dos condiciones– y que, o bien el acto terrorista se hubiese cometido en Cantabria, o bien que fueran vecinos de Cantabria cuando tuvo lugar. Diez eran de personas que sufrieron daños físicos o psicológicos en atentados de ETA desde 1979 y, el resto, familiares directos de asesinados.

Una vez tramitado este primer paquete de ayudas, el Gobierno regional entiende que su aplicación ha revelado que existen supuestos de personas que, a pesar de su conexión con actos terroristas, han quedado excluidas de las indemnizaciones, «generando situaciones de desprotección». Es decir, que el Ejecutivo ha detectado la necesidad de ampliar el ámbito subjetivo y el objetivo de la ley para «incluir supuestos indemnizatorios inicialmente no contemplados, extendiéndolos en beneficio de las víctimas y sus familiares». Aquí entrarían los herederos de víctimas que sufrieron daños en un atentado –hasta ahora solo se contemplaba la protección de los herederos de los fallecidos– y también aquellas que sufrieron secuestro, amenazas o coacciones directas y reiteradas.

Todo ello aparece en la resolución de consulta pública previa que ha puesto en marcha la Consejería de Presidencia antes de dar a conocer el texto definitivo de cómo quedará redactada la ley. Porque para introducir estos cambios es necesario que el Gobierno de Cantabria lleve al Parlamento regional una modificación de la norma en vigor. Esta modificación, previsiblemente, saldrá adelante sin muchos problemas. Antes de las vacaciones de verano, todos los grupos políticos con representación dieron su apoyo a una proposición de Vox –este partido fue también que propuso el primer texto– en el que se instaba al Ejecutivo a acometer esta reforma.

Durante la entrega de las primeras medallas de Cantabria a las víctimas del terrorismo, la presidenta Buruaga ya adelantó la intención de proceder a esta modificación. También aseguró que trabaja en la normativa que completará esta protección «con medidas concretas» en materia de asistencia sanitaria, psicológica y social, ayudas al estudio y acciones para favorecer su acceso al empleo, a actividades culturales, deportivas y de ocio.

En el Presupuesto de 2025, la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo tiene una partida para apoyar el trabajo de las asociaciones que agrupan a este colectivo y otra para un nuevo proyecto: la creación de un archivo audiovisual que recoja los testimonios de las víctimas del terrorismo para que las futuras generaciones no olviden lo ocurrido.