Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo

Frente a este planteamiento, el Ejecutivo regional defiende la nueva ley como una forma de agilizar trámites, asentar población en zonas rurales despobladas y generar oportunidades económicas, al reducir la burocracia y permitir la edificación (no solo de vivienda sino de otras edificaciones turísticas, artesanales, culturales y de ocio) sin necesidad de recalificaciones urbanísticas. «Es la mejor política contra la despoblación. Es una de las actuaciones más demandadas y eficaces para la dinamización poblacional, económica y social», defendió el viernes la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en la apertura de la XXXVIII Asamblea General de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

Casi dos años después de la entrada en vigor de esta reforma y tomando como referencia el mes de julio de 2023, el Gobierno de Cantabria ha concedido algo más de un millar de autorizaciones (1.055) para llevar a cabo todo tipo de construcciones en suelo rústico. De ese millar de permisos, un 54%, es decir, 571, corresponden a viviendas unifamiliares, siendo 458 para nuevas construcciones y el resto (113) para cambios de uso. De estos datos se desprende que no ha habido un aluvión de solicitudes aprobadas.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el mayor número de futuras viviendas se concentrarán en la franja litoral. Piélagos, con 38 permisos, lidera el ranking de los 70 municipios en los que se han otorgado autorizaciones hasta este mes por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). Valdáliga es el segundo municipio con más permisos (32), seguido de Ribamontán al Monte (30), Marina de Cudeyo (28) y Suances (25).

Entre esos 70 municipios en los que se construirán nuevas viviendas hay un caso significativo, el de Villafufre, un municipio en riesgo de despoblación de poco más de un millar de habitantes, en el que el Gobierno ha dado luz verde a seis licencias que permitirán aumentar el censo. «Desde 2010 hemos tenido una pérdida de 150 vecinos, pero a raíz de la aprobación de la nueva ley hemos aumentado unos veinte habitantes, lo que supone fijar población y una fuente de ingresos», afirma el alcalde de esta localidad, José Luis Cobo (PP), que estima que las seis viviendas que se construirán dejarán unos ingresos de unos 40.000 euros.

«La nueva ley revaloriza los terrenos y es vital para que se pueda construir en los alrededores del núcleo urbano. Antes estábamos condenados a perder población y a morir. Ahora la gente puede hacer casas en terrenos de sus padres y los jóvenes no tienen que irse a vivir a los municipios donde trabajan, donde la vivienda encima es más cara», afirma el regidor, que también resalta la «agilidad» en la tramitación de licencias que está permitiendo la ley de simplificación.

También en Campoo de Suso, otro municipio en riesgo de despoblación, la Crotu ha autorizado nuevas construcciones, nueve hasta el momento, aunque el Ayuntamiento cifra en «un centenar» las licencias concedidas en los últimos años. «Esta ley era muy esperada en el mundo rural porque sirve para fijar población y permite a los herederos de terrenos poder asentarse en el municipio y no tener que irse a Santander o Reinosa. Además, la nieve ya no genera problemas de incomunicación puesto que tenemos diez quitanieves que llegan a la puerta de casa de los vecinos, con lo que no se quedan incomunicados».

Aunque las autorizaciones que ha tramitado el Gobierno son en su mayoría para viviendas, también hay que reseñar las 52 vinculadas a instalaciones de uso turístico (15 de nueva construcción y 37 por un cambio de uso), repartidas entre una treintena de municipios de diferentes puntos de la geografía cántabra. Desde las ocho autorizaciones concedidas en San Roque de Riomiera, pasando por las cinco en Penagos o las cuatro en Udías y en Santillana del Mar.

Por otro lado, la Crotu ha dado el visto bueno a 131 solicitudes de instalaciones para uso agropecuario repartidas en 60 municipios; otras 20 para equipamientos en 13 municipios (4 de ellas en Torrelavega); y otras ocho para negocios artesanales.

Entre estas últimas se encuentra la de Sergio Canales, que tiene previsto instalar en Meruelo una quesería, pero tiene problemas para encontrar una empresa que se la construya a corto plazo. Aunque él empezó toda la tramitación años antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, sí que le está afectando la reforma en lo que atañe a su ganadería, de una veintena de reses. «El problema que tengo ahora es encontrar un prado donde pueda pastar mi ganado a un precio asequible. Antes cualquier vecino te lo cedía, incluso gratis, pero como ahora se puede construir en él, los precios se han disparado», apunta. Es la otra cara de esta nueva ley.

En cambio, el consejero de Fomento, Roberto Media, tiene claro que se está cumpliendo «con creces» el objetivo que se marcó el Gobierno regional cuando aprobó la reforma. «En el caso de las autorizaciones turísticas, me ha llamado la atención que se están otorgando en pueblos muy pequeños donde están cogiendo cabañas para arreglarlas y hacer una pequeña posada o habitaciones rurales, que al final generan puestos de trabajo, actividad económica e impuestos para los ayuntamientos».

Respecto a las viviendas unifamiliares, el consejero de Fomento explica que había una parte importante de viviendas que ya existían y lo que se ha hecho ahora es «rehabilitarla con esta nueva autorización para cambios de uso». «Es cierto que la mayoría de las nuevas viviendas que se construyen en suelo rústico son en municipios costeros, pero también hay unas cuantas en pueblos pequeños del interior de la región donde igual no se había hecho ninguna vivienda en los últimos 40 años y gracias a este nueva ley se está haciendo, como es el caso de Villafufre, que empieza a crecer después de 30 años de caída poblacional». Media también destaca la «gran cantidad» de autorizaciones para instalaciones agropecuarias, «que también son importantes para mantener y fijar población en todos los núcleos rurales».

En su opinión, «se está cumpliendo con creces el objetivo que nos marcamos cuando planteamos esta reforma de la ley». «Se está consiguiendo generar actividad en municipios pequeños en los que no se había construido nada igual en veinte años».

Frente a quienes cuestionan la nueva ley, el consejero de Fomento recuerda que se dio la opción a los ayuntamientos de salirse de la norma general y prohibir la construcción de viviendas unifamiliares fuera de los terrenos catalogados como urbanos y solo Castro Urdiales dio el paso. «Hay municipios presididos por alcaldes socialistas como Ramales, Colindres o Marina de Cudeyo que lo están aplicando».

¿Por qué? Media asegura que cada vez que se lleva a cabo una iniciativa empresarial o para construir una vivienda, supone unos ingresos para los Ayuntamientos vía impuestos y licencias. «Y luego hay una empresa pequeña o grande que hace la obra, lo que repercute en muchísima actividad empresarial para todas estas comarcas. De todas formas, 458 viviendas en dos años no es desproporcionado. Además, se deniegan muchas solicitudes». El consejero deja claro que el objetivo es «seguir con la filosofía de que los pueblos sigan creciendo, y si tu tienes un 'prao' que has heredado de tus padres y lo necesitas para tu hijo que no te tengas que ir de allí».

Respecto a la tramitación para obtener una autorización, Media asegura que el plazo medio es de «dos o tres meses», teniendo en cuenta que para el visto bueno de la Crotu es necesario que informen previamente los organismos afectados y que salga a exposición pública durante quince días. «Antes se tardaba un mínimo de ocho o diez meses para obtener un permiso».