Cantabria crea un buzón para recibir denuncias anónimas de posibles casos de corrupción

Según el decreto que ha elaborado la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Paula Fernández, será un mecanismo que garantice el anonimato de las informaciones. Será así para que las personas que sepan de este tipo de hechos no dejen de ponerlo en conocimiento por miedo a represalias.

Para evitar esto último, se pondrá en marcha un canal electrónico «efectivo, confidencial y seguro» abierto a todos los ciudadanos. La intención es publicitar este nuevo mecanismo especialmente entre los funcionarios y empleados autonómicos, que en ocasiones son conocedores de situaciones anómalas que pueden devenir en verdaderos casos de corrupción. Si sale adelante el decreto, tal y como figura actualmente en el borrador, el Ejecutivo tendrá una función muy limitada. Además de recibir la denuncia, garantizará que esta sea anónima y la remitirá a la instancia oportuna, ya sea el juzgado o la Fiscalía, para que la investigue si los hechos descritos resultan veraces.

Este proyecto, integrado en la Dirección General de Participación Ciudadana, es distinto a la Oficina Anticorrupción. Esta oficina era un auténtico órgano independiente al Gobierno de Cantabria con personal y medios para desarrollar investigaciones propias. El bipartito PRC-PSOE, en respuesta a una exigencia de Podemos, se comprometió durante la pasada legislatura a ponerla en marcha lo antes posible, pero todavía no se ha constituido.

La Consejería asegura que no ha desechado su intención de crearla, pero recuerda que el proceso administrativo es complejo y que tiene unos costes elevados, mientras que este buzón no requiere ni un euro. Su gestión correrá a cargo de funcionarios del área de Transparencia. Después de comprobar que otras comunidades autónomas como Cataluña o Valencia han constituido oficinas anticorrupción con escaso éxito, Presidencia y Justicia no tomará ninguna decisión hasta analizar, mediante los datos de uso de este nuevo buzón, si existe una demanda real en un territorio que además tiene unas dimensiones menores.

El Gobierno de Cantabria espera tener listo este mecanismo de denuncias sobre corrupción, como tarde, después del verano. En estos momentos, el decreto está en información pública para que los interesados puedan introducir alegaciones. En el buzón se podrán realizar denuncias de actividades realizadas por altos cargos o asimilados y el personal al servicio de la Administración regional -no alcaldes o concejales-, así como de los organismos vinculados.

De forma paralela, la Consejería ha anunciado su intención de reforzar el equipo de trabajadores del área de Transparencia con la creación de, al menos, dos nuevas plazas, que gestionarán el buzón y realizarán otras tareas.