Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes

Según esta orden, publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), los recursos de los que dispone el Sistema de Protección «no están dimensionados para estas situaciones de llegadas masivas».

La limitación del número de plazas en las residencias, con un máximo de 24 usuarios, así como los requisitos constructivos y materiales hacen «inviable disponer de recursos de atención en número suficiente en los casos en que es preciso que accedan al Sistema Público de Protección, bien simultáneamente o en un reducido espacio de tiempo, un número elevado de niños o adolescentes, que por motivos diversos de catástrofes naturales, conflictos bélicos o de otra índole, se ven privados de la atención familiar». Entre estas circunstancias se incluye también el supuesto de la protección de menas, «cada vez de mayor prevalencia y cuya protección ha de asumirse en ocasiones con carácter simultáneo y masivo».

Por esta razón, el Ejecutivo considera «imprescindible» prever la necesidad de atención de emergencias y de carácter provisional en centros de primera acogida que puedan habilitarse en situaciones así.

«Lo que hemos hecho con la orden es dotarnos de un instrumento que nos dé seguridad jurídica para poder afrontar situaciones excepcionales que supongan la necesidad de asumir la tutela, la guarda de un número significativo de menores en caso de urgencia humanitaria», puntualizó Carmen Arce, la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). «Lo que estamos haciendo es planificar cómo atenderíamos situaciones excepcionales», añadió.

Cantabria deberá acoger en las próximas semanas 156 menores emigrantes, según el reparto establecido por el Ministerio de Juventud, un número que, como ya se ha anunciado desde el Gobierno regional, excede, con mucho, la cifra de plazas disponibles en la Comunidad, 36. «El Gobierno de Pedro Sánchez carece de cualquier tipo de planificación en materia de política migratoria. Por lo tanto, no se nos ha comunicado ninguna fecha, calendario ni planificación en el desplazamiento de los menores. Es más, nos enteramos por la prensa», lamentó Arce, quien agregó que la financiación que se ofrece desde el Ejecutivo central, y que asciende a algo más de dos millones de euros, «sólo alcanza para atender durante tres meses a 156 menores». «Ante la falta de información sobre la llegada de menores migrantes, el Gobierno de Cantabria quiere, sin embargo, estar preparado para no colapsar nuestro sistema de protección. La improvisación puede ser un lujo para otros, pero nosotros no actuamos así: aquí no se improvisa, aquí planificamos y nos anticipamos para que, ocurra lo que ocurra, la protección de menores esté siempre garantizada».

«Consideramos que este reparto no es una solución al problema, es un parche que lo único que hace es ahondar en el sufrimiento de los menores, haciéndoles víctimas de las mafias que operan en las rutas migratorias. Es, además, un efecto llamada. Lo que se necesita es una política migratoria, de la cual carecemos en la actualidad», criticó la directora del Icass.

Respecto al recurso presentado por el Gobierno cántabro contra el reparto d e menas decidido por Madrid, Arce señaló que, después de haber sido admitido a trámite, «no hay ninguna novedad más». «Como ya se conoce, este recurso se presentó por un total de once comunidades autónomas, entre ellas, Castilla-La Mancha. Creemos que la imposición de Sánchez es inconstitucional. Por este motivo, hemos acudido al Tribunal Constitucional a defender ante los tribunales nuestra postura. No podemos permitir que se ponga en peligro el sistema de protección de menores de Cantabria».