Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes

Pensión temporal o vitalicia, coche oficial, funcionarios integrados en su equipo personal y sillón en consejos asesores son algunos de los beneficios –dependiendo de cada comunidad– que conservan los expresidentes autonómicos. Menos en Cantabria. Desde José Antonio Rodríguez hasta Miguel Ángel Revilla, pasando por Ángel Díaz de Entresotos, Ignacio Diego, Jaime Blanco, Juan Hormaechea y José Joaquín Martínez Sieso... ninguno de ellos contó con derechos adquiridos al salir de Peña Herbosa por el mero hecho de haber sido presidentes.

Pese a quedarse solo sin esta regulación, no entra en los planes a corto plazo del Gobierno de Cantabria aprobar una. Ni aparecía en el programa electoral del PP ni la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, lo ha mencionado en ninguna de sus intervenciones sobre sus objetivos de legislatura. Sin embargo, sus más inmediatos predecesores aseguraron a El Diario Montañés que estaría interesados en colaborar de alguna manera, con su experiencia y conocimientos, con la jefa del Ejecutivo a través de un consejo asesor de expresidentes.

Este órgano no existe en Cantabria, pero sí en otras comunidades. El derecho de los mandatarios retirados a formar parte de un consejo consultivo se reconoce en la Administración General del Estado con una retribución de carácter vitalicio de 100.000 euros, aunque no es compatible con la actividad privada y tanto José María Aznar como José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Felipe González han renunciado a participar en él.

En seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias), la participación en este órgano está remunerada con retribuciones permanentes o temporales. En el caso de Madrid, al igual que sucede en Aragón, no se fijará un pago fijo, sino que está prevista una dieta por participar.

En Valencia, por ejemplo, esta figura ha generado una fuerte polémica tras la DANA. La negativa a dimitir del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le ha permitido sumar el tiempo suficiente en el cargo para asegurarse quince años de sueldo (75.000 euros brutos anuales) una vez retirado de su cargo.

Los últimos expresidentes de Cantabria, sin embargo, solo aceptarían formar parte de un consejo asesor –en caso de que Buruaga decidiese crearlo– si no conlleva un gasto de dinero público. El primero en ponerlo sobre la mesa fue José Joaquín Martínez Sieso (PP) en una entrevista publicada en este periódico: «Sería bueno que hubiese un mecanismo para poder aportar y colaborar sin que suponga un coste adicional al entramado institucional de la región». En una línea muy parecida se expresó Miguel Ángel Revilla (PRC), quien también participaría «si no cuesta ni un euro de dinero público».

Ignacio Diego (PP) también deja claro que si ese órgano se crea «mi deber sería participar». Eso sí, considera que ese consejo sólo debería asesorar a la presidenta, y «sus propuestas, opiniones e informes deberían ser de carácter absolutamente confidencial».