CEOE critica el «intervencionismo» estatal en su intento por imponer la atención en catalán

No obstante, el presidente de CEOE Cantabria reconoce que actualmente no dispone de toda la información necesaria, que, «como ha ocurrido en otras ocasiones con acuerdos con este mismo origen y de este mismo tipo, es diferente según la fuente». «Las explicaciones dadas para aclarar el acuerdo a posteriori son contradictorias según la fuente y con un nivel de inconcreción que se aleja mucho de la certidumbre que necesitan los empresarios, y todos los ciudadanos, en el anuncio de decisiones que afectan directamente a su día a día».

En cualquier caso, reconoce la «preocupación» en el seno de la organización respecto al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela ante el temor de los efectos negativos que pueda ocasionar, entre los que destaca el posible «aumento de la carga burocrática para todas las empresas», independientemente de su tamaño y actividad, algo que «va en la dirección contraria de la reducción y simplificación de las trabas burocráticas y administrativas que venimos defendiendo desde CEOE como un factor imprescindible para la agilizar la relación de las empresas con sus clientes y con la Administración».

En opinión de Conde, lo que demanda el proyecto de ley anunciado también puede suponer «un incremento de los costes operativos de todas las empresas por la necesidad de adaptación a estas nuevas exigencias y por la pérdida de competitividad que implicaría para las empresas de Cantabria».

Aseguró, además, que este anuncio genera «inquietud» entre el empresariado «por el impacto sobre la eficiencia y la calidad del servicio que implicaría la adopción de obligaciones respecto a las lenguas cooficiales en empresas sin implementación en sus respectivos territorios».

«La idea de implementar la atención al cliente en lenguas cooficiales de forma indiscriminada, sin distinguir ni lugar geográfico, ni tamaño de la empresa, ni sector de actividad, produce perplejidad y desánimo y, sobre todo, parece que muestra desconocimiento y alejamiento deliberado respecto a los problemas reales a los que se enfrentan las empresas, especialmente las pymes, que en Cantabria son más del 99% de las empresas».

«Para los empresarios resulta cada vez más difícil asumir y aceptar el creciente nivel de intervencionismo gubernamental en asuntos que deben estar en manos de las empresas y en el ámbito de la autonomía de sus decisiones», finalizó Conde.