La Consejería pide a Marruecos datos sobre los menores que acoge para conocer su arraigo
La embajada del país africano en España se niega a proporcionar información y alega que solo se la podría facilitar al Gobierno central
El pasado mes de marzo, Cantabria solicitó a la Delegación del Gobierno que le facilitara información sobre la situación familiar y personal de ... los 18 menores extranjeros no acompañados que en ese momento estaban bajo la protección del Ejecutivo autonómico. Lo hizo con la intención de «valorar la procedencia de incoar el procedimiento de expatriación». Una actuación tan imaginativa -no hay constancia de que ninguna región haya actuado nunca de esta manera- como criticada por el Gobierno de España, que tachó de «racista» esta medida e interpretó que lo que promovía Buruaga «era, de forma encubierta, una repatriación colectiva, que va contra la legislación española y al derecho internacional». Justo lo contrario que defendió la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río. La popular subrayó que la única pretensión era garantizar el interés superior del menor y, en caso de que se determinara que tienen familia y que la reagrupación familiar les favorecería, proceder a su repatriación de forma individual. Atendiendo las circunstancias concretas de cada menor.
Siguiendo esa misma línea y en base a los mismos argumentos, visto que Delegación del Gobierno no tenía intención de actuar, lo que hizo la Consejería es ponerse en contacto directamente con la Embajada de Marruecos en España. En una respuesta remitida al Parlamento de Cantabria, Inclusión confirma que se han mantenido conversaciones telefónicas con la representación consular con la intención de que la Embajada haga de interlocutor con los Servicios Sociales del país africano.
La comunidad autónoma no ha contactado con las autoridades de los otros seis países de procedencia de los menores
¿Cuál fue la respuesta de Marruecos? Que Cantabria no es competente para solicitar esa información y que, en cualquier caso, solo se la podría facilitar al Gobierno de España. Cantabria no comparte esa decisión y recuerda, en el documento remitido al Parlamento, que la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración da esa competencia a las autonomías en el artículo 35.2.
Esta comunicación con Marruecos es consecuente con una proposición no de ley impulsada por Vox en la Cámara autonómica y que salió adelante con el apoyo del PP. El texto reclamaba al Ejecutivo de Buruaga «promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores no acompañados con sus familias, impulsando la colaboración con los servicios de protección de sus países de origen, al objeto de facilitar la reintegración».
Cabe destacar dos cosas. En primer lugar, que la información sobre los contactos con la Embajada en Marruecos la aporta la Consejería, precisamente, en el informe sobre el grado de cumplimiento de esa misma resolución parlamentaria, aprobada el pasado 17 de marzo. Y en segundo lugar, que los oficios remitidos a la Delegación del Gobierno en Cantabria en los que la Consejería pedía conocer la situación de los 18 menores se enviaron nueve días después de ese acuerdo con Vox.
Cantabria solo se ha puesto en contacto con la Embajada de Marruecos y no con la de los otros siete países de origen de los mejores que acoge. La Consejería afirma que lo ha hecho porque esa es la nacionalidad de la mayoría de los menores afectados (ocho, de entre 14 y 17 años). El resto procede de Gambia (cuatro), Argelia (dos) y Costa de Marfil, Moldavia, Mali y República de Guinea (un menor por cada uno de estos países).
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