El decreto del Ministerio de Juventud obliga a Cantabria a acoger un máximo de 194 menores migrantes

El Ejecutivo ha fijado una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes extranjeros no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España, un cálculo que eleva hasta 194 la capacidad de acogida de menas de la región. El número supera los 156 inicialmente estimados por Madrid para Cantabria. Con este sistema de reparto, las comunidades de Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325), son, por su mayor población, las que tienen más capacidad ordinaria de acogida.

La aprobación del real decreto da luz verde al anunciado reparto de menas a las comunidades, aunque aún no haya una fecha concreta para su llegada a Cantabria. De hecho, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo definió como «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada» que llega a España. A partir de este momentio, añadió, «está todo dispuesto para que comiencen los traslados».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, aventuró que «probablemente» sean menos de 156 los menas que terminarán acogidos en la región.

«La cifra está por determinar. No es una cifra cerrada, probablemente sean menos por el número de personas que finalmente tengan que ser acogidas en el conjunto de la Península», explicó Casares, quien subrayó que el Gobierno central se hará cargo de «todos los gastos» derivados de la estancia de los menores.

El delegado del Gobierno mostró su confianza en que Cantabria y el Ejecutivo regional «estén a la altura» en la acogida de esos menores, que llegarán «en próximas semanas». «Hay otras comunidades que probablemente sean primero que Cantabria, pero no tenemos una fecha concreta para esa llegada», dijo.

Por su parte, el Gobierno regional se ha mostrado sorprendido por el modo en que desde el Ministerio se asignan las cuotas de menores extranjeros. «No se nos han facilitado criterios claros sobre cómo se ha calculado esta cifra, ni se ha proporcionado información previa a nuestra Comunidad. Como siempre, con el Gobierno de Sánchez, nos enteramos de todo por la prensa», criticó la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río.

«Desconocemos cómo se ha calculado la supuesta capacidad de acogida de Cantabria, y no hemos recibido ningún tipo de información previa. Con los recursos actuales, cualquier incremento de menores podría comprometer la atención y protección de quienes ya dependen del sistema. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar que cada menor reciba atención, cuidados y acompañamiento de calidad. Para ello, insistimos en la necesidad de comunicación, planificación y financiación, asegurando que cualquier incremento pueda asumirse sin comprometer el bienestar de los menores que ya están en Cantabria».

Hay que recordar que la Consejería ya informó en su día al Ministerio de Juventud e Infancia de que el número total de plazas que tiene en su sistema de acogida es de 220, y sólo 36 de ellas dedicadas de forma específica a menores extranjeros no acompañados, muchas menos de las que ahora se le exigen. Ésa ha sido la razón de que, a mediados del presente mes, se haya modificado la orden que regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales de atención a la infancia y a la adolescencia para dotarla de «cierta flexibilidad», con el objetivo de «poder disponer con premura de los espacios adecuados para realizar la acogida de emergencia» ante la anunciada llegada masiva de menores no acompañados.

«Lo que hoy ha aprobado Sánchez demuestra, una vez más, que el interés del menor es el menor de los intereses de Sánchez. Éste es otro ejemplo más de improvisación, desinformación y falta de planificación por parte del Gobierno central. Desde Cantabria, pedimos que se cese de inmediato en este intento de imponer un traslado forzoso de menores. Cualquier medida de esta importancia debe pasar por los cauces de diálogo entre comunidades autónomas. Los menores no pueden ser tratados como mercancía ni atendiendo a intereses políticos», finalizó Gómez del Río.