La Defensa Jurídica del Cantábrico pedirá medidas cautelares para frenar el parque eólico de El Escudo

Así lo ha informado la plataforma en nota de prensa después de que el pasado enero emprendiese la batalla legal contra tres parques gallegos y anunciase que su próximo objetivo era frenar en los tribunales el proyecto de El Escudo. Una decisión que llegaba meses después de la creación de un fondo integrado por varias plataformas del norte para defender su postura contraria a los proyectos eólicos ante la justicia.

La argumentación legal del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (Fdjcc), se centra en que el espacio en el que se proyecta ubicar el parque eólico presenta un conjunto ecosistémico «único», formado por turberas, brezales húmedos y cervunales (pastos de alta montaña), todos ellos hábitats naturales prioritarios para su conservación en la Directiva Hábitats, hábitats endémicos a nivel mundial que están «amenazados» de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una «responsabilidad especial» para la UE.

Según ha señalado, en el informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria para los proyectos de Ribota y Garma Blanca se indica que se deben evitar complejos eólicos en espacios naturales protegidos de cualquier tipo, incluida la Red Natura 2000, y en su inmediato entorno (al menos 5 kilómetros).

Sin embargo, en el caso de El Escudo «los aerogeneradores transcurren pegados al límite suroeste del ZEC Sierra del Escudo, en el cordal superior de este espacio, y parte de sus infraestructuras invaden el terreno de la ZEC».

Se acogen a los informes el Ejecutivo autonómico que según ellos defienden que la instalación de una infraestructura de la magnitud de un parque eólico «choca» con los objetivos de calidad paisajística de la Ley de Cantabria 4/2014 del Paisaje, «algo que parecen no recoger en sus informes la empresa promotora del parque eólico de El Escudo, que intercepta tres paisajes relevantes de Cantabria: Embalse de Alsa, Monte Canales y Embalse del Ebro», advierte la plataforma.

Además, ha recordado que «diversas asociaciones, juntas vecinales y vecinos afectados ya han denunciado públicamente que la tramitación de este proyecto, así como el resto de los proyectos que han visto la luz hasta ahora, incumple la ley y las garantías de participación ciudadana».

En el caso de El Escudo, también denunciaron que el estudio de impacto ambiental presentado estaba «incompleto» y «no se permitió acceder a los informes hasta ser aprobada la declaración de impacto Ambiental».

Asimismo, la plataforma destaca que estos colectivos «recriminan» la participación en el proceso de parte de los directores generales y del consejero de Industria, Javier López Marcano, a los que «se les ha visto vender las bondades del proyecto por las Juntas Vecinales afectadas».

El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica cuestiona la labor de Antonio Lucio, director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático que, a juicio de los demandantes, «no está ejerciendo su labor de garante y protector de las áreas naturales de nuestra comunidad».

«Dicha Dirección General ha desatendido la negativa de las juntas vecinales a la ocupación del suelo para la ejecución de los sondeos del proyecto constructivo», ha apuntado la plataforma, lo que «permitiría al promotor comenzar con las actividades una vez concedida la autorización administrativa previa».

Por esta razón, el Fdjcc ha comenzado a trabajar para evitar cualquier actividad que pueda afectar a los hábitats mencionados.