El Parlamento prohibe negociar con Higuera para eludir que entre en la cárcel

Segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región./Celedonio
Segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región. / Celedonio

Aunque Gobierno, PSOE y PRC han negado la existencia de un acuerdo con el exdirector de Cantur, todos los partidos han presentado propuestas para que no se pacte

ANA DEL CASTILLO y E. PRESSSantander

El Parlamento de Cantabria se ha opuesto al acuerdo entre el Gobierno regional y el exdirector de Cantur Diego Higuera para rebajarle la pena que se pide contra él por el delito continuado de malversación de caudales públicos y también a que el Ejecutivo regional suscriba cualquier pacto con acusados por corrupción.

La corrupción ha sido este año uno de los protagonistas en el que será el último Debate sobre el Estado de la Región de la presente legislatura (el año que viene no habrá por la celebración de las elecciones autonómicas y municipales).

Principalmente, este tema ha cobrado protagonismo a raíz del supuesto acuerdo, publicado el pasado fin de semana por El Diario Montañés, al que habrían llegado el Gobierno e Higuera para que la pena no superase los dos años y evitar así que entrara en prisión.

Aunque el Gobierno de Cantabria y las formaciones que lo sustentan en la Cámara han negado la existencia de este acuerdo han sido varios grupos los que han presentado entre sus propuestas de resolución algunas que tienen que ver con el 'caso Higuera' o, de una forma más amplia, sobre la actitud que debe tener el Ejecutivo hacia los casos de corrupción.

De hecho, han sido los propios grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, los que han presentado varias propuestas de resolución en este sentido.

En una de ellas, socialistas y regionalistas instan al Gobierno regional a «no llegar a ningún acuerdo» con los procesados por delitos vinculados a la corrupción y mostrar su conformidad a los posicionamientos de la Fiscalía en defensa de los intereses de la comunidad autónoma, esta propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP, según el sentido de los votos de cada uno de los grupos.

Y es que este año, a diferencia de lo que suele ser habitual, los grupos no han votado las propuestas de resolución presentadas en el Hemiciclo, un total de 667, sino que se han limitado a ratificar el sentido del voto entregado a la Presidencia del Parlamento con anterioridad.

Aprobadas casi 500 propuestas de resolución

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, en medio de un caótico final del último Debate del Estado de la Región de la legislatura, casi medio millar de propuestas de resolución -el 75% de la oposición- de las 667 presentadas, entre las que han destacado varias sobre corrupción, las que han pedido el cese de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, o la paralización de los diques de La Magdalena.

También han salido adelante propuestas para reclamar al Estsdo el tren de altas prestaciones a Madrid o la financiación íntegra de Valdecilla.

Sin embargo, lo más destacado de este final de Debate del Estado de la Región han sido los problemas y retrasos a la hora de las votaciones.

Esto ha venido motivado tanto por el volumen de proposiciones presentadas, un total de 667 -545 de la oposición y 122 del PP-, y los problemas de tiempo que han tenido los letrados de la Cámara para contabilizarlas y unificar los sentidos de los votos para distribuirlas en bloques para su votación, lo ha impedido operar como es habitual en estos Debates.

De hecho, a diferencia de años anteriores, las iniciativas no se han votado en el Hemiciclo sino que se haya ratificado el sentido del voto que cada uno de los grupos había presentado, con anterioridad, a los letrados de la Cámara.

PRC y PSOE también habían presentado una propuesta de resolución en la que llaman al Ejecutivo a continuar con la «persecución» a cualquier forma de corrupción, política o administrativa, a través de la interposición de denuncias o querellas cuando tenga conocimiento de la posible comisión de un delito.

Esta ha contado con el apoyo de los dos diputados del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de la formación naranja, y de Rubén Gómez (Cs) -pese a éste ha opinado que es de una «hipocresía absoluta» y en ella «mienten como bellacos»-. Mientras, el PP y Podemos han votado que no.

Martin no se siente desautorizado

El consejero de Turismo, Francisco Martín, del que depende Cantur, no se siente «en absoluto» desautorizado por la propuesta del PRC y del PSOE para que el Gobierno no llegue a ningún acuerdo con procesados por corrupción. Al contrario, ha considerado que la propuesta del PRC y del PSOE supone «un elemento de seguridad» para los consejos de administración de las empresas públicas. Martin ha explicado que el acuerdo del consejo de administración de Cantur para negociar con la defensa de Higuera se tomó basándose en informes jurídicos que lo aconsejaban. Y ello porque un acuerdo extrajudicial, previo al juicio, «garantiza la total devolución» de las cantidades supuestamente malversadas.

La oposición centrada también en la corrupción

Otra de las propuestas de PRC y PSOE en el Debate del Estado de la Región está dirigida a pedir que la Oficina Anticorrupción anunciada este martes por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se integre en la estructura de la Consejería de Presidencia y Justicia y gestione las denuncias, malas prácticas o posibles infracciones penales que tengan que ver con corrupción, una iniciativa que ha contado con el apoyo de todos salvo del PP, que se ha abstenido.

También ha salido adelante, por unanimidad, la proposición del PP instando al bipartito a «dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Cantur» en relación al supuesto pacto con Higuera para que eluda la pena de prisión.

Podemos también ha presentado también varias sobre corrupción y el 'caso Higuera', entre ellas una que insta al Gobierno de Cantabria a impedir que Cantur o cualquier otra empresa pública o la Administración regional alcance acuerdos de conformidad en relación a los delitos cometidos en la gestión de la empresa pública, que ha salido adelante por unanimidad.

También ha salido adelante la del diputado de Cs, Rubén Gómez, para que «no llegar a ningún tipo de acuerdo» por parte del Gobierno o ninguna empresa pública en casos de corrupción para que sean los jueces quienes «determinen la condena definitiva de los acusados», que ha contado con el 'sí' de todos los grupos menos del PP, que se ha abstenido.

El debate sobre la corrupción

Más allá de las votaciones, el tema de la corrupción ha plagado este Debate sobre el Estado de la Región.

El propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dedicó a este asunto uno de los principales anuncios del Debate al avanzar su intención de crear una Oficina Anticorrupción, que se integrará en la estructura de la Consejería de Presidencia y Justicia «antes de que acabe el año».

Revilla explicó que hace unos días había recibido de la Comisión Europea la directiva que va a permitir poner en marcha esta oficina. Se trata de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Es decir, la propuesta de regulación para proteger a los ciudadanos que denuncien casos de corrupción o malas prácticas.

Ya por la tarde, y después de las reiteradas críticas de casi toda la oposición al supuesto pacto con Higuera, Revilla aseguró que «jamás se le ha pasado por la cabeza» y le da «pánico escénico» el «pactar» o «mediar en algo que es competencia exclusiva de jueces y fiscales», por el «respeto» que les tiene.

También defendió que si a alguien se le «caza» con dinero público, se le aplique «el doble de castigo», «devuelva» el dinero y «caiga sobre él todo el peso de la ley».

Afirmó también que el suyo era un Gobierno «totalmente honrado» y aseguró que si tiene conocimiento de que «alguien mete la mano» el «primero» en denunciarlo sería él.

El debate sobre este tema ha seguido en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, en el que el portavoz del PP y diputado, Íñigo Fernández, defendió que había que ser «implacables» y «rigurosos» frente a la corrupción y ha reprochado a Revilla que esté «permanentemente hablando de transparencia, decencia, dignidad y contra la corrupción y cuando le toca a él, esconde el morro y tapa».

Por su parte, la regionalista Rosa Valdés ha reivindicado la «tolerancia cero contra la corrupción». «No nos arrinconamos en la lucha contra la corrupción. No lo hemos hecho nunca», ha subrayado.

Valdés ha criticado también a un PP que, a su juicio, incidan en su «estrategia del escarnio al Gobierno y su política lamentable de generar escándalos artificiales» se haya centrado en el asunto Higuera para «seguir alimentando la tesis de la corrupción de este Gobierno, mientras cierran la puerta a su trama de corrupción que les ha merecido la moción censura y el desalojo del Gobierno de España».

Primera jornada del debate