Los ecologistas llevan a los tribunales el permiso de la mina de zinc del Besaya

Vista de la antigua mina de zinc, en Reocín./Javier Rosendo
Vista de la antigua mina de zinc, en Reocín. / Javier Rosendo

Ecologistas en Acción alega la «ilegalidad manifiesta» de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria en mayo de 2017 | El recurso se centra en la licencia de extracción de la empresa canadiense Emerita Resources

DM .
DM .Santander

Ecologistas en Acción Cantabria ha acordado iniciar un contencioso administrativo contra el permiso de investigación Salia, concedido por el Gobierno regional a minera canadiense Emerita Resources.

El permiso afecta a seis ayuntamientos de la zona costera y central de Cantabria: Santillana, Suances, Cartes, Puente San Miguel, Torrelavega y Mazcuerras, donde según EA, Emerita Resources pretende realizar en 13 meses unos 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad, en localidades como Queveda, Yuso, Mercadal, Mijares, Ganzo o Puente San Miguel.

Entre los motivos del recurso, EA alega en primer lugar, la «ilegalidad manifiesta» de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria en mayo de 2017, que facilitó la actividad minera en todo tipo de suelo rústico.

El colectivo ecologista señala que esa reforma legislativa se aprobó «con la única finalidad de dar expresa cobertura» a una serie de proyectos de explotación minera como el presente, a efectos de que puedan llevarse a cabo en todo tipo de suelo rústico de especial protección.

En su opinión, «es una norma ad hoc, para esquivar cualquier obstáculo, e incluso, para esquivar la doctrina de los tribunales», tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como del Tribunal Supremo según la cual «la cuestión de la prevalencia de los intereses en juego debe abordarse al aprobar el otorgamiento del permiso de investigación».

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Se puede considerar, a su entender, «una desviación de poder, o cuando menos, arbitrariedad, y una norma carente de la necesaria motivación conforme a derecho», que «no ha estado guiada por el interés público, ni ha respetado la ordenación del territorio, el urbanismo o el medio ambiente».

En segundo lugar, los ecologistas consideran que «no se ha evaluado la compatibilidad de la actividad minera con el desarrollo social sostenible y la economía local».

En su opinión, ni Emerita Resources ni la administración cántabra han tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede tener una actividad industrial y minera en las inmediaciones de un medio rural turístico como el del litoral cantábrico y de toda el área afectada por la actividad turística generada por las Cuevas de Altamira y la localidad de Santillana del Mar.

EA advierte que la implantación de una industria extractiva en este entorno implicaría un «deterioro» de la imagen turística de la zona. Y añade que la actividad del sector primario también tiene «alto riesgo de verse afectada negativamente por la actividad minera, por la afección a suelos de alta capacidad de uso agrícola».

Asimismo, recuerda que en el área del proyecto de investigación se encuentra la Cueva de Altamira y «su entorno preventivo», lo que deriva -dicen- en «un potencial daño al citado patrimonio cultural y la actividad socioeconómica generada por el mismo».

2.390 empleos directos

EA sostiene que en Suances y Santillana del Mar, los dos municipios principalmente afectados por el proyecto de investigación, «se incrementaría la vulnerabilidad y probabilidad de desaparición de 2.390 empleos de manera directa».

En ese sentido, explican que las actividades extractivas tienen una capacidad de transformación física del medio extraordinaria y que comportan los impactos más importantes que pueden realizarse en el territorio.

Por otro lado, consideran «puramente especulativas» las estimaciones de la empresa y del Gobierno de Cantabria sobre los «supuestos beneficios económicos y laborales» del proyecto minero, que se han llegado a cifrar en más de 2.000 nuevos empleos.