La economía sumergida de Cantabria pierde peso pero se mantiene por encima de los 2.350 millones
Un estudio con datos por comunidades sitúa el valor del dinero 'negro' en la región en el 15,2% del PIB, siete puntos menos que en 2004
El peso de la economía sumergida, a pesar de los esfuerzos de la Administración en general y de la Agencia Tributaria en particular, continúa ... siendo relevante en Cantabria. Tal es así que los últimos diagnósticos sobre la materia, que vienen a dar continuidad a los análisis elaborados por la Universidad de Cantabria, sitúan su importancia por encima de los 2.350 millones de euros anuales.
En este caso, las investigaciones más recientes de la actividad irregular y fuera del alcance de Hacienda provienen del Consejo Económico y Social (CES) de Murcia, que centra sus esfuerzos en el comportamiento local, pero que igualmente traslada sus cálculos sobre el conjunto de la geografía nacional.
Las claves
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22,2% del PIB era el equivalente del peso de la economía sumergida cántabra en 2004
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15,8% del PIB es el peso medio de la actividad irregular en España en 2022
Con este punto de partida, varias conclusiones. La primera, el volumen de dinero que se mueve al margen del fisco en Cantabria en los últimos años se ha reducido, aunque sigue siendo notable. Como punto de arranque, su importancia ha caído en siete puntos en 18 años, los que van de 2004 a 2022. Así las cosas, su medición ha pasado de una equivalencia del 22,2% del Producto Interior Bruto (PIB) regular en la primera década del siglo XXI al 15,2% del final del periodo analizado, según el documento del CES murciano.
Con estas premisas, y dado que la riqueza autonómica en 2022 fue de 15.540 millones de euros, su correspondencia con el movimiento del 'dinero negro' fue de 2.362 millones de euros. En 2004, según el mismo cálculo, ese 22,2% del PIB -10.327 millones- suponía 2.292 millones.
Cantabria, además, se ha comportado mejor en estos casi 20 años que la media nacional, que fija la actividad opaca en el 15,8% de la riqueza declarada. Al inicio del periodo la influencia llegaba al 21,9% del PIB, tres décimas por debajo de la región. Como gran referencia, en 2020, en plena pandemia, la preponderancia local era del 16,5% de la riqueza, por el 17,4% en el conjunto del país. Según los estudios más recientes del CES murciano, Comunidad de Madrid y País Vasco aparecen a la cola en cuanto a economía irregular, con sólo el 13,8 y 13,9 por ciento del PIB, respectivamente. En el otro lado de la moneda, Extremadura, Andalucía y Canarias, con 17,8% de su riqueza para los extremeños y 17,9% en el caso de andaluces e insulares.
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El informe lo suscriben diez investigadores de la Universidad de Murcia con la intención de arrojar luz sobre un tema últimamente poco evaluado. El estudio parte de considerar economía sumergida «el conjunto de actividades que, produciendo valor añadido, han sido deliberadamente ocultadas para su cómputo en la renta nacional». Dicha definición, de partida, excluye las actividades realizadas por grupos criminales (tráfico de drogas, proxenetismo...) y se centra en las que «por sí mismas son legales, pero se convierten en ilegales cuando se ocultan a las autoridades» con objeto de evitar pago de impuestos, cotizaciones y otras cargas. El informe recurre a una metodología igualmente empleada para calibrar el impacto de la actividad irregular en la UE, también en 2022.
Reparto geográfico
El documento también aborda cuestiones como si el emplazamiento geográfico supone un factor diferencial en esta cuestión. «Hay un patrón geográfico nítido en relación a la implantación de la economía sumergida en España. Las regiones meridionales, Canarias incluida y con la salvedad de la Comunidad Valenciana, presentan niveles superiores a las septentrionales. Ahora bien, esas disparidades son mucho menos acentuadas de las que afloran en otros importantes indicadores, desde la productividad del trabajo hasta la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, pasando por la tasa de paro», colige.
David Cantarero, profesor de la Universidad de Cantabria que ha abordado en el pasado estudios sobre esta cuestión, opina que el diagnóstico elaborado en Murcia «viene a recordar la necesidad de actualización de otros informes similares como se han realizado en comunidades como Cantabria, además de reflejar que no existen estimaciones oficiales por parte del Ministerio de Hacienda de los niveles de economía sumergida».
Para Cantarero, además de incidir en que Cantabria se coloca en «una posición intermedia» en cuanto a actividad opaca en el conjunto del país, sí que es identificable que «la mayor digitalización y uso de medios telemáticos están reduciendo la brecha en el peso de la economía sumergida en España respecto a otros territorios con mucha menor preponderancia como es el caso de los países nórdicos».
BárbaraGutiérrez (hostelería): «Los patrones de pago con tarjeta permiten un control más efectivo»

Tal y como se recoge en el estudio del Consejo Económico y Social de Murcia, cuando se habla de economía sumergida siempre se mira a las actividades más alejadas de la digitalización, esto es, la denominada economía real donde el uso del efectivo sigue siendo notable. En esta corriente, al ámbito de los servicios, con negocios vinculados a turismo y hostelería, se le suele relacionar con bolsas importantes de actividad opaca.
Desde la Asociación de Hostelería de Cantabria, su directora, Bárbara Gutiérrez, sostiene que «desde la asociación de hostelería consideramos que el sector hostelero no promueve la economía sumergida puesto que nuestros asociados cumplen con las normativas y regulaciones vigentes. Si bien es cierto que otros modelos de negocio que han surgido en los últimos años, véanse viviendas de uso turístico ilegales, no cumplen las mismas condiciones que el resto de negocios hosteleros», comienza.
Además, otro factor importante como es la implantación masiva de los métodos de pago electrónicos, lo que favorece una mayor trazabilidad de las operaciones y, por tanto, de la procedencia y destino del dinero. «Los nuevos patrones de consumo con tarjeta están permitiendo que efectivamente haya un seguimiento más exhaustivo de movimientos de dinero, por lo que consideramos que también contribuyen a un control más efectivo», dijo.
Ana Cabrero (autónomos): «La competencia desleal aborta muchas iniciativas empresariales»
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El colectivo de empleados por cuenta propia es otro de los nichos que, generalmente, aparece como susceptible de registrar una mayor incidencia de economía sumergida. En este caso, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) deja claro que no hay que «demonizar» al sector e ir mucho más allá en las causas de este fenómeno.
La presidenta de ATA en Cantabria, Ana Cabrero, sostiene que «la economía sumergida aborta muchas iniciativas empresariales. La competencia desleal golpea a todos los sectores. Además, recorta recursos para los servicios públicos y distorsiona la competencia dando ventajas a quien no cumple con la ley». Cabrero reconoce que «se ha avanzado mucho en el control y por eso ha descendido su peso respecto al PIB. Cuestiones como la digitalización, el control de pagos y tarjetas que no pasen por bancos nacionales, restricciones al efectivo... No obstante, nosotros desde ATA reclamamos que la lucha contra la economía sumergida se dirija no sólo contra el pequeño negocio y pymes, sino sobre quienes no figuran en ninguna parte. Es necesario un control más intensivo de la evasión fiscal, así como campañas informativas de los riesgos de estas prácticas», afirma.
Todo ello con el fin «de sensibilizar a la población» del impacto de estas prácticas opacas para la Agencia Tributaria y sus consiguientes efectos.
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