Elena Castillo releva al subdirector del SCS que dimitió por las irregularidades

La consejera de Sanidad, Luisa Real, durante el debate sobre su reprobación el pasado mes de junio./Celedonio Martínez
La consejera de Sanidad, Luisa Real, durante el debate sobre su reprobación el pasado mes de junio. / Celedonio Martínez

La Consejería de Sanidad elige a una interventora del Gobierno regional para controlar el departamento de Gestión Económica

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

La Consejería de Sanidad quiere dejar atrás la irregularidades detectadas en algunos expedientes del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el nombramiento de Elena Castillo como nueva subdirectora de Gestión Económica. Esta interventora, que será nombrada este jueves, relevará a Francisco Javier González, quien abandonó su cargo el 28 de mayo arrinconado por las denuncias de irregularidades en su gestión y al que la auditoría de Intervención apunta directamente como responsable de «los fraccionamientos de los contratos» y acusa de autorizar otros sin competencias para ello.

Castillo tendrá por delante el reto de «recuperar la credibilidad» del SCS, como explicó el nuevo gerente, Benigno Caviedes, durante su toma de posesión a comienzos de julio, después de que sus antecesores en el cargo se vieran forzados a abandonar sus puestos convertidos en diana de las críticas y en el centro de las sospechas. La gestión de esta crisis costó a la consejera del área, María Luisa Real, la petición de cese por toda la oposición durante el Debate del Estado de la Región. «No tengo planteado presentar mi dimisión porque no hay ningún motivo para ello. Sólo me responsabilizo de lo que hago yo, no puedo asumir responsabilidades de algo que no es de mi competencia», dijo por entonces la consejera.

Quienes conocen a Elena Castillo la definen como «una mujer eficaz, concienzuda y trabajadora, aunque carece de experiencia en gestión sanitaria». Llega a su nuevo puesto en un momento bastante delicado a este departamento. PP, Podemos, Ciudadanos y Juan Ramón Carrancio reclaman al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que destituya de manera inminente a Real o amenazan con cercarle hasta el final de la legislatura.

IU pide la auditoría para estudiar incluirla en su denuncia

Izquierda Unida de Cantabria solicitará el informe de Intervención relativo a las supuestas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el fin de valorar su contenido de cara a incluirlo en la denuncia que la formación llevó a la Fiscalía. En una nota de prensa, el responsable de comunicación de IU, Israel Ruiz, reitera la disposición de su formación política «para que todo este asunto se aclare y se depure toda responsabilidad política y judicial, si así se considera en este último caso».

Con el informe en sus manos, los servicios jurídicos de IU «valorarán en profundidad» el contenido y estudiarán su relevancia de cara a facilitar la información a la Fiscalía.

El caso de las irregularidades estalló por las sospechas apuntadas por la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, que fue desvelado el pasado 25 de abril por este periódico, y las que semanas después fueron planteadas por el Partido Popular, cuya trascendencia final deberá decidir la Fiscalía. Fue Izquierda Unida la primera formación que puso el asunto en manos del fiscal ante la posibilidad de que hubiera «comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos». Apenas unos días después, los populares repetían la petición con idéntico argumento. Será la investigación judicial en marcha la que determine el grado de las consecuencias de esas irregularidades, a las que el Gobierno regional resta importancia.

El informe de Intervención, que tiene carácter provisional y ya está en manos de la cúpula de Sanidad para que presente las alegaciones que considere oportuna, revela «el fraccionamiento de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden», lo que está «prohibido por ley»; «verifica la existencia de ineficiencias en la contratación», «la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados», o «el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción».

 

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