El fiscal reprocha a los exdirectivos del SCS que «tenían que haberlo hecho mejor y de forma más eficiente»
La Fiscalía mantiene su petición de 14 y 11 años de inhabilitación para los dos acusados por delitos de prevaricación administrativa
La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exsubdirector de Gestión Económica ... del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Javier González, y el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, acusados de prevaricación administrativa por contrataciones de asesoría externa, de obras de mantenimiento en centros de salud y por el fraccionamiento de contratos para la adquisición de 22 ecógrafos.
Durante la tercera y última sesión del juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que ha quedado visto para sentencia, el representante del Ministerio Público ha hecho una matización sobre su petición de pena. En concreto, ha detallado que la inhabilitación la solicita para empleo o cargo público relativo a la contratación administrativa en ente, sociedad o institución que gestione caudales públicos.
Durante la primera sesión del juicio los dos acusados justificaron su actuación asegurando que las obras en cuestión se ejecutaron y que supusieron un ahorro para la Administración regional. También alegaron que había una necesidad de ejecutar una partida presupuestaria antes de que finalizase el año. Sin embargo, el fiscal considera que estos argumentos corresponden a lo que define como la 'falacia del falso dilema'. «Parece que como hubo un resultado favorable para los medios materiales y personales de la administración su actuación estaría ya justificada. Es como decir que construyo un hospital por 100 millones y me quedo con uno, pero mi actuación es correcta». El representante de la acusación pública considera que «no debemos caer en eso porque precisamente la prevaricación es velar por el buen uso de las funciones administrativas que son encomendadas a un persona» . «No decimos que todo lo que se ha hecho está mal, que no se hicieron las obras ni que se compraron los ecógrafos, simplemente que se tenía que haber hecho mejor y de otro modo más eficiente para el sistema sanitario cántabro».
Sobre la supuesta pérdida del dinero del presupuesto regional, el fiscal ha dejado claro que ese dinero «no se pierde si no se ejecuta». «El dinero público queda en las arcas públicas y sirve para otros fines, es un problema de planificación y ejecución».
Por su parte, la acusación popular que ejerce el PP ha criticado la «arbitrariedad» en la contratación de las obras de los centros de salud, donde dice que la «duplicidad» es evidente puesto que ya había otra empresa que se encargaba de esas tareas. Y en el caso de los ecógrafos ha dicho que antes de recepcionarlos se reconoció la obligación de pago. «La ley dice otra cosa, hay que comprobar los ecógrafos y después pagar».
Sin embargo, las dos letradas de las defensas discrepan con todas estas conclusiones y niegan que haya fraccionamientos. «Aunque los hubiera no serían ilegales». Tampoco ven infracción administrativa.
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