Fiscalía alerta del colapso en la atención de los menores inmigrantes y de su conflictividad
La Memoria de 2018 advierte del aumento de incidentes provocados por los 'menas' en los centros y fuera de ellos
Consuelo de la Peña
Santander
Lunes, 23 de septiembre 2019, 07:34
La avalancha de menores extranjeros no acompañados (menas) que llegaron a Cantabria el año pasado «saturó» de tal manera los centros de acogida que ... varios grupos tuvieron que ser reubicados en el centro de reforma de Parayas, previsto para el cumplimiento de las medidas judiciales. Así lo recoge la Fiscalía de Cantabria, que en su memoria de 2018 alerta del colapso que vivieron los tres centros de acogida ese año como consecuencia del aumento paulatino de 'menas' en la región.
La memoria fiscal advierte además del incremento de «incidentes y conflictos» generados por estos menores, tanto en los centros de atención, con frecuentes enfrentamientos y agresiones a educadores, como fuera. Entre los meses de agosto y noviembre, los hechos delictivos protagonizados por menores inmigrantes sufrieron el repunte más alto, con peleas frecuentes en zonas de ocio con resultados lesivos «en ocasiones graves», robos con violencia cometidos en grupo, tanto en Santander como en zonas próximas, robos con fuerza en viviendas, daños, etc.
Cantabria tutelaba a 31 de diciembre del año pasado a un total de 111 'menas', según los datos recogidos por la Fiscalía, lo que supone multiplicar por siete los 16 registrados en 2016 y por 3,5 los 31 que sumaban al cierre de 2017. Esta llegada masiva de menores inmigrantes durante todo el año 2018, pero especialmente a partir de julio, cogió desprevenida a la Administración regional, con tan solo tres centros en 2017. El Instituto Cántabro de Servicio Sociales (Icass), el organismo que tutela a estos chicos, tuvo que abrir tres nuevos centros el año pasado para atender la demanda, a los que hay que sumar otro más inaugurado en enero de este año, todos ellos gestionados por la Fundación Diagrama.
111
menores extranjeros no acompañados (menas) fueron tutelados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) en 2018, lo que supone multiplicar por siete las cifras de 2016.
El grupo más numeroso de menores inmigrantes fue el de los marroquíes, que llegó a alcanzar el número máximo de 140, «la cifra más elevada desde 2014», de los que 110 arribaron a Cantabria entre julio y diciembre. No obstante, muchos de ellos (55) causaron baja enseguida en los centros de atención, bien porque procedían de otras comunidades limítrofes, como el País Vasco, y se dirigían hacia ciudades donde tenían familiares, principalmente Madrid y Barcelona; bien porque habían alcanzado la mayoría de edad obteniendo su documentación reglada de identidad y residencia, o simplemente porque se fugaron del centro. Entre estos últimos se sitúan los 'menas' albaneses, un colectivo de 15 menores que viven en casetas y moradas de la zona de Nueva Montaña. Cuando la Policía Nacional los detecta y traslada al centro de acogida, «se escapan inmediatamente y desaparecen», porque su objetivo es pasar al Reino Unido como polizones en los ferries, lo que ha generado «un serio problema a las fuerzas de seguridad, que se han visto desbordadas» a la hora de controlarlos. El Puerto ha instalado una valla como medida de contención.
La presencia de menores albaneses es un caso aparte porque está ligada a la inmigración ilegal y las mafias, aunque los migrantes no son conscientes de que «son víctimas de tráfico ilegal», pese a que llegan a contraer deudas de hasta 5.000 euros con las organizaciones mafiosas. En 2018 se incoaron tres causas penales contra presuntas organizaciones o grupos de esa nacionalidad que ayudan a sus compatriotas a pasar al Reino Unido a cambio de dinero, así como varias causas contra personas que, presuntamente, sin pertenecer a ninguna estructura organizada, llevaban escondidos en caravanas o camiones a migrantes albaneses y de otras nacionalidades. La Policía está convencida de que todas estas personas viajan a Gran Bretaña para ser explotados laboralmente, si bien no ha podido recabar pruebas de ello porque «no encuentra colaboración de las autoridades británicas», denuncia la Fiscalía.
7
son los centros de acogida para menores extranjeros existentes en Cantabria. Tres de ellos se abrieron después del verano y uno en enero de este año.
El resto de los menores (7) proceden de diversos países de África. La Fiscalía atribuye este «notable incremento» de 'menas' en Cantabria a la «saturación» de los centros de Vizcaya y Guipúzcoa y al «efecto llamada» derivado de la rapidez con que Cantabria regulariza la situación de estos menores cuando alcanzan la mayoría de edad. Pero alerta de que si la avalancha de 'menas' se mantiene al mismo ritmo habrá que «tomar medidas a nivel estatal» para afrontar la situación.
La creación de cuatro nuevos centros ha cubierto las necesidades actuales, pero no siempre ha sido así. La llegada durante los meses de verano de una cantidad de menores inasumible con los recursos disponibles entonces, hizo que a mediados de agosto el Icass reubicara a un grupo de ellos en el centro de reforma de Parayas, pensado para menores que han cometido alguna actividad delictiva. La decisión provocó un encontronazo con la Fiscalía, que se había opuesto a la medida de forma generalizada y para un grupo. A pesar de ello, en el mes de septiembre el Icass desoyó las indicaciones del Ministerio Público y trasladó a Parayas a una primera tanda de siete 'menas' y a otros 13 en una segunda remesa ante la «sobreocupación» de los centros de acogida. Ello provocó que la Fiscalía de Menores abriera un expediente a la entidad pública para que de forma inmediata «reubicara» a esos menores en centros de protección. El incidente no fue a más porque el Icassinformó que se estaba procediendo a la apertura urgente de un nuevo centro de 'menas' con 21 plazas en Reocín, al que fueron trasladados los inmigrantes que estaban en Parayas.
El incremento de menores inmigrantes ha incidido también en un aumento de la delincuencia en este segmento. Según la memoria fiscal, en 2018 se registró una cifra de 45 'menas' con medida judicial frente a los 34 del año anterior, de manera que el porcentaje de infractores ha pasado de 12,54% en 2017 a 14,7 el pasado ejercicio. Dentro de este grupo, destacan los nacionales de Marruecos.
Casi un 100% más de delitos sexuales
Los delitos contra la libertad sexual crecieron un 95% en Cantabria, al pasar de 144 en 2017 a 262 el año pasado, siendo especialmente elevado el aumento de los abusos sexuales, tanto a mayores como a menores de edad, según la última memoria anual de la Fiscalía de esta comunidad. No obstante, en términos absolutos estos delitos suponen poco más del 1% del total (262 de 20.715).
Del informe del Ministerio Fiscal se desprende, no obstante, que solo uno de cada diez casos llegaron a juicio debido a «los problemas de prueba». Así, de las 262 diligencias previas abiertas, el fiscal únicamente formuló escrito de acusación en 27 procedimientos. Una situación similar se aprecia en los casos de violencia de género. En Cantabria se registró un incremento moderado de los procedimientos incoados en esta materia (773 diligencias urgentes, 98 más que el año anterior; y 1.087 diligencias previas frente a 1.051 el año anterior). Sin embargo, solo un 24% (446) se zanjaron con sentencia condenatoria, la mayoría de conformidad con el acusado. Es decir, casi ocho de cada diez imputados fueron absueltos. La Fiscalía reconoce un incremento de absoluciones, que atribuye a que las víctimas se acogen a su derecho a no declarar. A su juicio, es «un hecho incuestionable» la incidencia de esta dispensa en la reducción de condenas. Aunque el Ministerio Público propone como testigos a los policías o agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el caso, el resultado de esta prueba es insuficiente para dictar sentencias condenatorias.
Al contrario que en otras comunidades autónomas, donde la violencia de género entre menores ha crecido de manera significativa, en Cantabria la cifra es bastante similar (13 casos en 2018 frente a 11 en 2017). También suben ligeramente las agresiones sexuales entre menores, que pasan de 8 a 14. Sin embargo, a la Fiscalía le resulta «preocupante» y «significativo» no sólo la baja edad de los agresores (la mayoría de 14 y 15 años) y de sus víctimas, sino que las propias familias se muestran reticentes tanto a adoptar medidas cautelares contra los menores como a presentar denuncia.
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