La Fiscalía no ve prevaricación ni cohecho en los cursos de formación que investigó la UDEF

La Fiscalía no ve prevaricación ni cohecho en los cursos de formación que investigó la UDEF

El Ministerio Público dice que los 18 meses de pesquisas policiales no han acreditado la existencia de esos delitos

Jesús Lastra
JESÚS LASTRASantander

Año y medio. Ése es el tiempo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), con agentes adscritos a la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid, ha estado buceando de forma oficial en torno al funcionamiento de los cursos de formación en Cantabria, el reparto de fondos públicos a los centros y la homologación de las diferentes instalaciones. Una investigación adscrita a la Fiscalía autonómica y tutelada por su máxima responsable, Pilar Jiménez, que incluso requirió de dos prórrogas ante el calado de las pesquisas, con miles de documentos recogidos de dependencias del Gobierno regional. Todo ello para dirimir si existía una trama corrupta que se habría prolongado en el tiempo afectando a gobiernos de distinto signo político y que alcanzaría a funcionarios y altos cargos políticos. Unas supuestas prácticas ilegales en torno a, entre otros aspectos, el cobro de mordidas para favorecer a unas empresas o torpedear a otras. Sin embargo, el Ministerio Público, tras analizar detenidamente el informe elaborado por la UDEF, ha cerrado el caso.

Así lo confirmó ayer el propio organismo a este periódico tras sostener que después de «concluir la tramitación de las diligencias de investigación incoadas a partir de un informe elaborado por la Brigada de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Unidad de Investigaciones Financieras (UDEF), fechado el 22 de noviembre del 2016, a su vez iniciado ante la llamada de la representante de unos centros de enseñanza denunciando a varios funcionarios y autoridades que han prestado su actividad laboral en el Servicio Cántabro de Empleo (Emcán), ha acordado el archivo al no haberse acreditado los delitos de cohecho y de prevaricación que inicialmente se pudieran deducir de las afirmaciones contenidas en la denuncia».

Se abren diligencias por posibles delitos de falsedad documental, estafa y fraude «cometidos por los responsables de determinadas academias»

Aún así, se abren diligencias de investigación por posibles delitos de falsedad documental, estafa y fraude de subvenciones «cometidas por los responsables de varias academias».

El caso fue promovido por Cossío Formación, compañía que lleva años batallando contra el Ejecutivo al sentirse discriminada en el reparto de ayudas y, especialmente, por el hecho de habérsele negado la accesibilidad. A esta delación inicial se sumaron otras dos empresas, que dieron a la Policía una primera base para arrancar sus averiguaciones.

Tres archivos tras otras tantas iniciativas judiciales

La propia Fiscalía recuerda que este último archivo de la denuncia promovida por Cossío Formación no es la única que se ha rechazado en este campo. Previamente los juzgados y la Audiencia declinaron otras dos querellas que afectaban a la misma empresa y a sus relaciones con la Administración, altos cargos y funcionarios.

Respecto a la decisión de la Audiencia, dada a conocer por este periódico en abril de 2017, el tribunal ratificaba la decisión del juez ante la ausencia de «indicios suficientes para sostener la existencia de falsedad o prevaricación» por parte de los técnicos de la Administración, en especial de los adscritos al Servicio Cántabro de Empleo (Emcán).

Sin embargo, Fiscalía precisa que «a pesar de la extensa investigación que se ha desarrollado, analizando una voluminosa documentación requerida a varias consejerías, que incluía numerosos expedientes de otorgamiento de certificados de accesibilidad, así como de homologación de especialidades, información fiscal y patrimonial; y recibiendo declaración a los representantes de otros centros aludidos en la denuncia, no se han podido constatar los hechos afirmados, puesto que las irregularidades administrativas detectadas no tienen relevancia penal». En consecuencia, se opta por el archivo de las diligencias.

Agentes en el Gobierno

El primer contacto con la Policía se produjo en diciembre de 2015, mientras que en marzo de 2016 los agentes empezaron las indagaciones. En diciembre de ese año la UDEF trajo a Cantabria el resultado de estas primeras averiguaciones, hasta que el 15 de ese mes varios efectivos se personaron en el Gobierno para requerir documentación, nunca un registro, pues éste debía ir acompañado de una orden judicial que aún no procedía al estar el caso supervisado por el Ministerio Público.

Los agentes se dirigieron en aquel entonces a la Consejería de Presidencia; a las dependencias del Emcán; y a las del Icass. En total, se llevaron miles de documentos de expedientes administrativos relacionados con la homologación de los centros y la puntuación otorgada a las academias desde 2007 en concepto de accesibilidad.

Se buscaba, además de aclarar si los criterios de asignación de subvenciones y de homologación de centros eran los correctos, descartar que se hubieran producido ilegalidades en la elaboración de informes o en la toma de decisiones del funcionariado para perjudicar a unas compañías y beneficiar a otras.

Por el camino, el trabajo de los efectivos policiales abrió nuevas líneas de estudio que afectaban, entre otros, al ámbito de la Dependencia.

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