La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas

El Ministerio Público se ha dirigido a los consistorios de Villacarriedo, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, Piélagos, Suances, Selaya, San Roque de Riomiera, Medio Cudeyo, Corvera de Toranzo, Santoña, Potes, Ribamontán al Monte, Comillas, Colindres y Camargo para que incoen el expediente administrativo procedente y que informen de las razones o circunstancias que consideren procedentes sobre el presunto incumplimiento legal que se denuncia.

En función de la respuesta que reciba, la Fiscalía valorará si hay fundamento bastante para promover acciones judiciales con los municipios afectados por la vía contencioso administrativas o la penal. Aunque espera que cumplan con la ley.

Según explicó ayer a El Diario Montañés el fiscal de Derecho Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez, esta iniciativa surge a raíz de una petición de cuatro colectivos memorialistas: Archivo de Guerra y Exilio (A.G.E.), Colectivo de Memoria de Laredo, Desmemoriados, Asociación para la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria y Héroes de la República Colectivo de Memoria de Laredo.

El pasado 29 de julio, estas asociaciones reclamaron al fiscal que realizara las gestiones oportunas a fin de obligar a estos 15 ayuntamientos a que cumplan la legislación y retiren toda denominación o símbolo que mencione exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión franquista. Y es lo que ha hecho mediante un escrito remitido a los consistorios afectados.

Y lo hace, según recoge en ese mismo documento, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Española y el artículo 1 de la Ley 50/1981, de 30 diciembre de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que dice que la Fiscalía tiene por misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

Del mismo modo, el fiscal Yáñez señala que tiene la potestad para «ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las responsabilidades que procedan (…)». Además, recuerda que «ensalzar o enaltecer públicamente a criminales de la dictadura franquista a través de nomenclaturas o símbolos en las vías públicas municipales, constituye un acto de normalización de una realidad criminal, que oculta la historia de los que sufrieron la represión y niega el derecho de reparación de las víctimas».

Respecto a las obligaciones de las administraciones públicas, Yáñez explica que, según la ley, «se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

Asimismo, apunta que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Se considera una infracción grave el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

Entre los 15 ayuntamientos requeridos, el de Santoña es el que más símbolos o monumentos franquistas mantiene, como son el Paseo del almirante Carrero Blanco, la Plaza del General Mola y el monumento a Carrero Blanco, que está en un espacio público abierto al conjunto de la ciudadanía. En Ribamontán al Monte se mantiene la Cruz con inscripciones franquistas y el denominado Barrio de la Falange.