La Fiscalía investigará la intervención de Okuda en el faro Ajo tras la denuncia de Izquierda Unida

La Fiscalía de Cantabria ha aclarado a Efe que, «como en todos los casos, se abren diligencias y se inicia una investigación para esclarecer si los hechos denunciados son delictivos». Ahora será la fiscal encargada la que determine que tipo de diligencias se van a practicar en este procedimiento.

IU había denunciado a la Autoridad Portuaria de Santander y al Ayuntamiento de Bareyo, las instituciones las firmantes del convenio que ha dado pie a la polémica intervención de Okuda que fue concluida la pasada semana.

En una nota de prensa, el dirigente de IU en Cantabria Israel Ruiz ha ensalzado la decisión y la celeridad de la Fiscalía y ha señalado que «siempre son buenas noticias que se informe y se investigue cualquier cuestión que ponga mínimamente en duda no sólo los recursos públicos, sino la propia transparencia, buen hacer e imagen que se espera de las instituciones públicas».

IU recuerda que, aunque hay dos instituciones que aparecen con partes denunciadas, «son tres sus promotores, dado que el Gobierno de Cantabria, con el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha sido el principal valedor político y mediático de la intervención». Y ello a pesar, según lamenta la formación, «de la oposición mayoritaria de la población y el rechazo de numerosas voces y colectivos de la cultura, el patrimonio o la arquitectura de la comunidad».

De hecho, IU planteó en su denuncia llamar a declarar a todas la personas que participaron en la presentación del proyecto en el Palacete del Embarcadero.

Es decir, al propio artista Okuda, al presidente Revilla, al presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, a la consejera de Turismo, Marina Lombó, al consejero de Industria, Francisco Martín, a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, al alcalde de Bareyo, José de la Hoz, y a la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.

La Fiscalía de momento solo ha abierto diligencias y no se ha decidido aún sobre las pruebas o declaraciones que se podrían practicar, ni siquiera sobre si en la intervención se ha podido cometer o no algún delito.