Fomento proyecta 70 viviendas de alquiler asequible en Castro y otras 40 en San Vicente
La Consejería elabora ya el segundo paquete público de promociones, que tendrá colaboración privada y que incluirá también a Ruiloba y Ribamontán al Mar
El Gobierno de Cantabria pretende que el grueso de las 285 viviendas de alquiler asequible que está construyendo con el apoyo de los fondos europeos ... estén acabadas antes de que acabe la legislatura. Están repartidas por nueve municipios como Torrelavega, Laredo, Santoña o Polanco y pasarán a formar parte del parque público autonómico pese a que una parte importante se levantará mediante una fórmula de colaboración público-privada con la que la empresa participante pondrá parte del dinero y, a cambio, gestionará los inmuebles durante 50 años. Eso sí, con los precios de alquiler asequible –por debajo del mercado– que ha marcado la administración. La novedad es que ese paquete de viviendas destinadas al alquiler no será el único que impulse la Consejería de Fomento esta legislatura. El departamento que dirige Roberto Media ya está preparando una segunda fase que permitirá crear 70 inmuebles de este tipo en Castro Urdiales y otros 30 en San Vicente de la Barquera. Aunque todavía no se ha cuantificado el número de nuevos hogares, también se extenderá al menos a Ribamontán al Mar y Ruiloba, además del proyecto ya anunciado de El Campón de Santander.
Por los problemas de acceso a la vivienda en la localidad y por el número de nuevos inmuebles, una de las promociones más importantes de esta segunda fase es la de Castro Urdiales. Se ubicarán en tres parcelas, dos de ellas anexas de 980 y 611 metros cuadrados junto al polideportivo Pachi Torre y una tercera, de 2.548 metros cuadrados, ubicada en la zona de Santa Catalina. La intención del Ayuntamiento es transferir esos terrenos a la empresa pública autonómica Gesvicán, que se encargará de redactar los proyectos y, después, de impulsar la obra.
Antes de esta cesión de suelos, lo que pide la Consejería es que el Consistorio se encargue de su urbanización, que costará 1,5 millones de euros en una inversión para la que aún no hay fecha. En principio, esta legislatura deberían estar acabados todos estos pasos previos para que, a partir de finales de 2027, arranque la construcción.
En el caso de San Vicente de la Barquera, las 30 viviendas que se dedicarán al alquiler se ubicarán en una finca que ha pasado a manos del Ayuntamiento dentro del plan de compensación por el desarrollo de Santa Marina. El municipio, que no puede crecer ya en el casco urbano por falta de suelo, crecerá por esta zona. Allí el Consistorio dispone de más terrenos, por los que a futuro podrían desarrollarse más iniciativas de vivienda pública o protegida. Del mismo modo que Castro, es el Ayuntamiento de San Vicente el que deberá encargarse de adecentar el espacio antes de que entren las máquinas.
No es necesario que se transfieran los terrenos en el caso de Ruiloba porque allí ya son propiedad de Gesvicán. Se trata de una finca anexa a la que albergó la última promoción de VPO que se realizó en el municipio. Y más atrasado está todavía el proceso en Ribamontán al Mar, donde el Ayuntamiento todavía está a la búsqueda de los terrenos más idonios para este fin.
¿Cómo podrá el Gobierno de Cantabria asumir esta inversión millonaria sin el apoyo de los fondos europeos que sí hubo en la primera fase? Pues volverá a recurrir a la colaboración-público privada, aunque eso no quiere decir que lo haga con el mismo sistema que con las 285 viviendas –realmente 212 se metieron en el contrato público-privado y el resto se hará con medios propios– porque Fomento está estudiando distintas fórmulas económicas y legales.
Castro ofrecerá sus fincas al Ministerio si el Gobierno regional no acelera los plazos
La alcaldesa de Castro, Susana Herrán (PSOE), explica que la construcción de vivienda de protección o de alquiler asequible es una prioridad para el Ayuntamiento. Así, lamenta que el Gobierno de Cantabria no incluyera a su municipio entre las 285 viviendas que se crearán con cargo a los fondos europeos y que tampoco les permita declarar la localidad zona de alquiler tensionada para poder regular los precios. Ahora que el Ejecutivo regional sí meterá a Castro en el segundo paquete de viviendas para el alquiler asequible, Herrán pide a la Consejería que acelere los plazos. De hecho, las parcelas que ha puesto a disposición de Fomento también se las ha ofrecido al Ministerio de Vivienda, a través de Sepes, para este mismo fin. «Hace falta vivienda ya. Se las cederemos a quien nos garantice que las hará primero».
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