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La fractura en el seno de la Mesa del Lobo de Cantabria, a raíz de los primeros sacrificios realizados por el Gobierno regional, se hizo ... ayer aún más evidente y profunda. El sector ganadero al unísono respaldó, aplaudió y defendió la decisión de la Consejería de Ganadería de hacer «extracciones», a la par que arremetió contra Ecologistas en Acción y ARCA –criticó «su actitud radical»–, que un día antes habían anunciado su salida de este foro de trabajo a modo de protesta. Ecologistas contraatacó presentando una denuncia ante la Fiscalía contra la consejera María Jesús Susinos y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, «por posibles delitos de prevaricación administrativa y contra la fauna» y la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) hizo lo propio con un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). A su vez, tanto Susinos como Serdio, se mostraron «tranquilos» ante estos recursos y acciones judiciales. «Estamos actuando con la ley en la mano. Vamos a continuar con la hoja de ruta marcada», defendieron.
La ruptura entre las partes es total. Los ganaderos llevaban dos días gestando un comunicado conjunto para dejar clara su postura, que desde un primer momento ha estado alineada al Gobierno regional del Partido Popular, que ha luchado desde su llegada al poder para poder recuperar el control poblacional del lobo mediante sacrificios controlados: 41 en total, el 20% de la población estimada en su último informe. «Apoyamos las extracciones. Resultan imprescindibles para salvar la ganadería extensiva de Cantabria», afirmaron las Organizaciones Profesionales Agrarias (UGAM-COAG, Asaja, UPA y Aigas), la Federación de Razas Cárnicas, la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), y las cooperativas regionales (AgroCantabria, Ruiseñada-Comillas y Valles Unidos del Asón).
Consejería de Ganadería
Sector ganadero
Ascel
«41 extracciones es una cifra muy escasa en comparación con la cantidad de daños que provoca el lobo al ganado. Estos superan en un 40% las cifras certificadas, ya que muchos animales desaparecen sin rastro o mueren despeñados tras los ataques», apostillaron.
Acto seguido, censuraron la decisión de ARCA y Ecologistas en Acción de abandonar la Mesa del Lobo. «Nos desconcierta su actitud radical. El sector ganadero participó en todas las reuniones de la Mesa, incluso durante la etapa en la que el lobo estuvo incluido en el Lespre», manifestaron. «Lamentamos su modo de proceder. Como la normativa vigente no se alinea por completo con sus postulados ideológicos, optan por apartarse del sistema en lugar de participar», subrayaron. Por último, les pidieron que «recapaciten y regresen a la Mesa del Lobo».
Lo que reprocha Ecologistas en Acción a la consejera Susinos en su denuncia ante la Fiscalía es que haya iniciado los sacrificios sin haber resuelto antes el recurso de alzada que habían planteado, donde pedían medidas cautelares hasta que su departamento se pronunciara. En su opinión, «podría haber incurrido en prevaricación si ordenó, permitió o colaboró, por acción u omisión, en la ejecución de los abatimientos a pesar de conocer la solicitud».
En la misma línea se manifestó Ascel –en este caso, Ganadería ya había respondido y desestimado su recurso de alzada–. Pidió que se apliquen las «medidas cautelarísimas» o «cautelares/urgentes» mientras se dirime el proceso para detener los sacrificios de lobos y así «evitar pérdidas irreparables en la población». Además, avanzó que tiene intención de instar al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a que estudie y traslade su posible inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Ascel se refirió a la Ley del Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025), la fórmula legal ideada por el PP para sacar al lobo del Lespre, como «la máxima expresión del odio patológico hacia una especie protegida». Por su parte, Podemos, a nivel nacional, se pronunció este jueves en este misma línea al registrar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno central en las que cuestionan la constitucionalidad de la modificación del estatus del lobo, a raíz de los primeros sacrificios realizados en Cantabria.
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