El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

Una de las principales medidas con las que el Gobierno quiere agitar el mercado inmobiliario en la región será autonombrarse intermediario entre el propietario de una vivienda y el inquilino. El objetivo es eliminar la inseguridad jurídica que, según el PP, deja fuera de la circulación a alrededor de 50.000 viviendas en Cantabria. Esta idea no es nueva, ya se adoptó en las últimas semanas de la pasada legislatura, justo antes de las elecciones de 2023, aunque con muy pocos resultados. Solo tres viviendas de Torrelavega se inscribieron en aquel Programa de Movilización de Vivienda Vacía (Moviva), aprobado por PRC y PSOE, y que ahora el PP asimila con algunos cambios.

Lo que hará este plan es dar garantías máximas al propietario, que durante el tiempo que ceda su vivienda a Gesvican -por un periodo mínimo de siete años- se podrá despreocupar por completo del asunto. No tendrá que realizar ningún trámite, no tendrá que relacionarse con el inquilino y recibirá cada mes un ingreso por el importe acordado con la Administración. Un ingreso que llegará a su cuenta bancaria desde el primer mes, siempre que el Gobierno de Cantabria logre poner en alquiler su inmueble. Esa será la primera novedad, ya que en el modelo PRC-PSOE el alquiler se pagaba hubiera o no arrendado, pero con un tope de 600 euros mensuales. Ahora será distinto. La renta a pagar se fijará de acuerdo al precio real del mercado y no se basará en un índice de referencia más bajo, como ocurre con las zonas tensionadas. «La idea original no es mala, pero se improvisó en precampaña electoral y de ahí sus malos resultados. Nuestra intención es retomarlo, pero dando un impulso a este programa y cambiando lo que no funciona», aseguró en su día el consejero de Fomento, Roberto Media.

No serán las únicas novedades del plan. El Ejecutivo del PP ya está negociando con Hacienda que se pueda pagar a los propietarios el primer año de alquiler por adelantado. Un incentivo muy fuerte para que esas viviendas salgan al mercado y los precios caigan.

Habrá también incentivos fiscales, rebajas del IBI y garantías adicionales para hacer la opción del alquiler más «atractiva» al propietario. Este plan es clave para el Gobierno porque la voluntad de levantar viviendas protegidas no es suficiente para abastecer la demanda. No hay recursos económicos para construir 10.000 casas, la cifra que estaría en el mercado si se convence al 20% de estos propietarios temerosos que tienen sus pisos cerrados en Cantabria.

La okupación ilegal de viviendas también centra buena parte del anteproyecto de la ley, debido a que el PP considera que este problema es responsable, en buena parte, de la falta de oferta actual. El Gobierno intentará frenarla por distintas vías. Entre ellas, colaborará con los ayuntamientos y las policías locales, a las que se les dará la potestad -y esto es una importante novedad- para actuar en caso de 'okupaciones flagrantes'. Es decir, podrán intervenir para desalojar a los ilegales en los episodios que se acaban de producir o «inmediatamente después». En las primeras horas. Porque con la actual norma nacional, cuando pasa el tiempo, la persona que ha dado la patada a la puerta adquiere ciertos derechos y el propietario ya tiene que recurrir a la vía judicial, que puede prolongarse durante dos años.

A pesar todo, el consejero de Fomento ha reconocido en numerosas ocasiones que lo que realmente hace falta es una reforma del Código Penal que el PSOE «bloquea» en el Congreso y que las competencias autonómicas en esta materia son limitadas. Aunque sí hay cosas que el Gobierno del PP puede hacer. Por ejemplo, con esta nueva ley, una persona que en los últimos cinco años haya sido condenado por okupa no podrá acceder a ninguna ayuda en materia de vivienda.

El documento al que ha tenido acceso El Diario Montañés incluye un amplio listado de infracciones catalogadas en leves, graves y muy graves para los beneficiarios de viviendas protegidas. Entre las primeras se encuentra no realizar obras de mantenimiento necesarias o no residir en la casa en el plazo establecido. Las sanciones, en este caso, irán desde los 100 hasta los 300 euros. Las graves incluyen subarrendar total o parcialmente la vivienda protegida o hacer obras en ella que modifiquen el proyecto, con multas de hasta 15.000 euros. Por último, los que conviertan su VPO en un piso turístico para ganar dinero caerán en una infracción grave sancionada con hasta 90.000 euros.

Al margen de estas nuevas medidas, el Gobierno seguirá con su plan para incrementar el parque público de vivienda -la idea del Gobierno es doblar la cifra actual de 400 inmuebles públicos-, dar más facilidades a la creación de pisos de protección oficial tanto desde el sector público como desde el sector privado y rebajar las exigencias para acceder a este tipo de promociones

De momento, la Consejería de Fomento pretende que el grueso de las 285 viviendas de alquiler asequible que está construyendo con el apoyo de los fondos europeos estén acabadas antes de que acabe la legislatura. Están repartidas por nueve municipios como Torrelavega, Laredo, Santoña o Polanco y pasarán a formar parte del parque público autonómico pese a que una parte importante se levantará mediante una fórmula de colaboración público-privada con la que la empresa participante pondrá parte del dinero y, a cambio, gestionará los inmuebles durante 50 años. Eso sí, con los precios de alquiler asequible -por debajo del mercado- que ha marcado la Administración.

La novedad es que ese paquete de viviendas destinadas al alquiler no será el único que impulse la Consejería de Fomento esta legislatura. El departamento que dirige Roberto Media ya está preparando una segunda fase que permitirá crear 70 inmuebles de este tipo en Castro Urdiales y otros 30 en San Vicente de la Barquera. Aunque todavía no se ha cuantificado el número de nuevos hogares, también se extenderá al menos a Ribamontán al Mar y Ruiloba, además del proyecto ya anunciado de El Campón de Santander.

Como parte de ese plan, el Gobierno ha incluido un capítulo propio para el fomento de la vivienda rural de protección, una nueva figura con la que pretende luchar contra la despoblación, además de ampliar el abanico de la oferta de alquiler en los pueblos. Podrán ser de nueva construcción o rehabilitadas, pero deberán estar a menos de 200 metros del borde del núcleo urbano, además de destinar el 75% de la superficie de la parcela a cultivo ecológico, explotación ganadera sostenible o conservación de la flora.